Dos exalcaldes de Zaratamo, procesados por contrataciones ilegales durante 10 años

Los dos anteriores alcaldes del Ayuntamiento vizcaíno de Zaratamo han sido procesados por un delito de prevaricación debido a contrataciones ilegales durante diez años. Un juzgado de Bilbao ha finalizado la investigación judicial iniciada hace dos años tras la denuncia del anterior secretario municipal sobre los contratos suscritos con un abogado externo, que sumaron más de medio millón de euros. “Estaríamos ante un supuesto de fraccionamiento de contratos con la finalidad de acudir a procedimientos de contratación más laxos”, concluye el juez en sus diligencias previas a la apertura del juicio oral.

La principal responsabilidad recae en el anterior alcalde y actual concejal Jon Ajuria, quien representa a la candidatura independiente Gure Herria. El juzgado de instrucción número 6 de Bilbao le culpa de fraccionar los contratos del abogado externo entre 2011 y 2019 -los ochos años que estuvo como alcalde- pese a los sucesivos informes contrarios del secretario municipal, que advirtió que se superaba el importe económico legal y que prácticamente se adjudicaron a dedo.

El caso surge tras una denuncia, presentada en 2020 ante la Fiscalía de Bizkaia, por parte del anterior secretario municipal (jubilado el pasado año), referida a las contrataciones del entonces abogado externo del Ayuntamiento, Álvaro Cueto, quien actualmente ya es empleado municipal. El exsecretario consideraba ilegales los contratos suscritos con el abogado por realizarse sin convocatoria pública y utilizando el fraccionamiento durante esos 9 años.

El auto del juzgado de instrucción 6, fechado el pasado 7 de junio, señala que las irregularidades comienzan en 2010, cuando era alcalde Roberto Ibarretxe, en representación de Eusko Alkartasuna. Afirma que entonces se suscribe un contrato por dos años que excede el límite legal de 60.000 euros (que obligaba entonces, señala el juez, a una convocatoria pública y no a una invitación a tres ofertas) y alcanza los 81.000 euros. Ese contrato no tiene ningún reparo del secretario municipal y es avalado por tres personas, entre ellos el entonces alcalde, quienes durante la instrucción han atribuido la aprobación a un “error” por no haber mirado la documentación.

El juez centra las acusaciones en el anterior primer edil Jon Ajuria, quien al entrar en la alcaldía en 2011 ya firma un nuevo contrato con el abogado externo sin expirar el anterior. Desde entonces va suscribiendo sucesivos contratos con el letrado para asuntos urbanísticos, en algunas ocasiones sin continuidad, lo que provoca que el abogado esté trabajando sin contrato, pero percibiendo 3.400 euros mensuales, sin contar el IVA. El secretario municipal, que realiza su primer reparo a estas adjudicaciones en 2015, vuelve a emitir informes contrarios en 2018. Con la entrada del actual alcalde en 2019, se decide prescindir del abogado. Pero el letrado presentada una denuncia y el Ayuntamiento, sin ni siquiera ir a juicio, decide readmitir al abogado. Una decisión que, como argumenta el juzgado, tiene la raíz en las irregularidades contrataciones, que “suponen la quiebra de los principios que han de regir la contratación pública y porque finalmente produjeron la ocupación de la plaza” de letrado asesor “por el Sr. Cueto”.

El juez concluye que se creó “la apariencia de cumplimiento de la legalidad y lograr de esta manera alcanzar el resultado idéntico en todos ellos: la contratación del Sr. Cueto a razón de 3.400 euros al mes (3.409 euros en el último contrato)”.

“La finalidad perseguida era la contratación del Sr. Cueto para la prestación de servicios de asesoría jurídica a razón de 3.400 euros al mes, recurriendo para ello al procedimiento negociado sin publicidad aún a sabiendas de que no se cumplían efectivamente los requisitos legales para ello, por ser éste un procedimiento más sencillo y manejable al no tener que realizarse una oferta pública. Todo ello con quiebra de los principios que han de regir la contratación pública”, agrega.

Por ello ve un delito de prevaricación y concluye la investigación. Ahora, el caso está pendiente de los recursos que formulen cada parte y la posterior petición de penas, los trámites previos a la celebración del juicio oral.