El Gobierno de España licita la construcción del nuevo centro de acogida para refugiados de Vitoria

El nuevo centro centro de acogida internacional de refugiados que se ubicará en Vitoria da un paso hacia adelante en su construcción después de que el Gobierno de España publicara este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria para la licitación de su proyecto constructivo en la antigua residencia de Arana, en la capital alavesa. 

Las obras de rehabilitación del edificio, que la Secretaría de Estado de Migraciones ha considerado de carácter urgente, tendrán un valor económico estimado de 14,6 millones de euros y se desarrollarán en los 12 meses siguientes a la aprobación del proyecto, el cual deberá redactarse en los próximos 4 meses.

Este nuevo Centro de Acogida de Refugiados (CAR), que ya causó tensión entre el PNV y el PSE-EE, y cuya construcción según la directora general de gestión del Sistema de Acogida en Materia de Protección Internacional y Temporal del Gobierno de España, Amapola Blasco, “es definitiva”, contará con 350 plazas, y tendrá una extensión mayor que la suma de los otros cuatro centros similares que hay en España. 

Además, según se ha indicado en el BOE, el Gobierno tiene prevista la construcción de otros tres espacios de acogida en Soria, Valladolid y en Mérida, que se sumarán a los cuatro ya en activo ubicados en Valencia, Sevilla y la Comunidad de Madrid. 

Un centro que causa tensiones

El proyecto, que enfrenta a los socios del Gobierno vasco, ha contado con la oposición del PNV, formación según la cual este centro no corresponde al "modelo vasco" de atención a los refugiados.

Son varias las voces de la formación que se han pronunciado sobre este caso, entre ellas, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, aseguró que este proyecto "tiene marcha atrás perfectamente". Una opinión compartida con el alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtaran, que mediante una carta dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pidió la suspensión del proyecto y la apertura de un periodo de reflexión y de trabajo compartido con las instituciones vascas.

En esta línea, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha afirmado este mismo jueves que todavía no ha obtenido respuesta a la carta dirigida al propio Escrivá, en la que pidió información sobre este centro, y ha manifestado su "sorpresa" ante el hecho de que el Gobierno Vasco aún no tenga información de primera mano.

De hecho, el propio PNV se ha pronunciado a trevés de twitter donde ha lamentado "profundamente" que el Gobierno de España "haya desoído el llamamiento al diálogo institucional" que lanzaron desde la institucuón, y "haya optado por la unilateralidad y el Boletín Oficial del Estado".

Por su parte, el lider del PSE, Eneko Andueza ya apuntó a Crónica Vasca que la polémica suscitada por este proyecto sirvió al PNV para "promocionar su candidatura en Vitoria", aunque admitió que este se trataba de un "choque puntual", debida a que ambos son "dos partidos de tradiciones políticas muy distintas".

En su momento, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, criticó las palabras de Artolazabal en las que tildaba el proyecto de "macrocentro" y "guetización", y aseguró que expresiones como estas pueden "deteriorar la convivencia”, “no responden a la realidad del sistema de acogida", y son " un riesgo” a la hora de “abonar determinados discursos de rechazo". 

Así, desde el ejecutivo estatal definieron a estos centros como "un instrumento para garantizar la cobertura de las necesidades básicas y la integración de aquellas personas solicitantes o beneficiarias de Protección Internacional, del estatuto de apátrida y de Protección Temporal por ver amenazados sus derechos fundamentales en sus países de origen".