La Ley de Memoria Histórica vasca incluirá un censo de víctimas de la guerra civil y el franquismo

El grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos-IU ha llegado a un acuerdo con PNV y PSE-EE, partidos que sostienen el Gobierno vasco, para sacar adelante la Ley de Memoria Histórica y Democrática, una de las 19 normas pendientes por aprobar por parte del ejecutivo, y que este además arrastraba desde la anterior legislatura. 

La nueva postura de la coalición morada, que se traducirá en su apoyo al texto durante su votación el Parlamento vasco, se ha logrado después de que a este se le incorporaran una serie de elementos que la coalición morada consideraba “fundamentales”, para mejorar la futura norma.

Según han explicado los parlamentarios de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi y Jon Hernández, las enmiendas incluidas, de 60 contempladas, darán una "reparación integral" a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, "cuantificarán" en un censo que además de incluir a los muertos, reconocerá expresamente la violencia "específica, generalizada y sistemática" sufrida por las mujeres, cuyo sufrimiento se recogerá de manera específica.

Ambos se han felicitado de que "la mayoría" de sus enmiendas han sido incluidas y han confiado incluso en introducir más, y han señalado que sus aportaciones “han transformado” un texto "flojito" en una ley "mejor y más justa".

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, en la exhumación de una fosa de víctimas del franquismo. / EP

Ampliación en el reconocimiento a las víctimas

En esta nueva norma la condición de víctima no se limitará a los fallecidos, sino que incluirá a los heridos, represaliados, "voluntarios internacionalistas" y "guerrilleros antifranquistas".

Por otra parte, según ha señalado Hernández, se abre la puerta a posibles indemnizaciones económicas "cuando proceda", pese a que no se concreta una baremación por ser este aspecto "una línea roja para el Gobierno Vasco".

Para ello, la ley establecerá que cada año los presupuestos deben destinar una cantidad económica para cumplir con ella, de manera que "se evite que un gobierno decida no aplicarla".

También entre las enmiendas aceptadas, destaca el diseño de un plan para eliminar aquellos símbolos contrarios a la memoria, también los arquitectónicos, refiriéndose a aquellos de ideología franquista, aunque al ser estos “de difícil desaparición”, la alternativa será llevar a cabo una "resignificación" de los mismos.

Desde Elkarrekin Podemos-IU han aseverado que las administraciones públicas vascas estarán obligadas a colaborar con la justicia internacional conforme al derecho por el cual los crímenes del franquismo “ni prescriben ni pueden ser amnistiados”, además de a comunicar el hallazgo de restos humanos “para la judicialización” de estos crímenes.

Con todo esto, Garrotxategi ha admitido que no han logrado todo lo que querían, “pero sí cosas importantes", y ha enmarcado su postura en la "oposición firme y constructiva" de su grupo, que también se ha traducido en acuerdos en otras leyes importantes como la reforma de la RGI, una de las principales asignaturas pendientes de PNV y PSE-EE.

La portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco, Miren Gorrotxategi.

Multas de hasta 150.000 euros

Más allá de las enmiendas presentadas por Elkarrekin Podemos-IU la norma prevé un Día anual de Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar de 1936 y la Dictadura, la creación de un Banco de ADN de exhumaciones de Euskadi, la elaboración de un Catálogo de Lugares, Itinerarios y Espacios de la Memoria Histórica y la creación de un Centro Documental .

Además, desde su redacción inicial, el anteproyecto recoge un régimen sancionador con multas de hasta 10.000 euros por enaltecer el franquismo, que podrían escalar hasta los 150.000 euros por actuaciones como destruir fosas de la Guerra Civil, o destruir y ocultar "documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad".

La Ley de Memoria Histórica y Democrática en Euskadi es una de las asignaturas pendientes del ejecutivo vasco, quien, desde 2021, ha visto prolongada en el tiempo la tramitación de un texto al que el grupo Vasco Popular - Ciudadanos y Vox se oponían por no incluir a las víctimas de ETA.