El Aita Mari, la lucha de un antiguo pesquero vasco contra el Mediterráneo y las políticas xenófobas

Durante los últimos meses la sociedad vasca ha visto cómo en el debate político la conversación en torno a las personas refugiadas se ha convertido en un tema más que habitual. Todo esto a raíz de la decisión del Gobierno de España por construir en Vitoria un nuevo Centro Internacional de Acogida a Refugiados. 

Un hecho que en el último pleno del Parlamento vasco llevó a los diferentes grupos políticos a presentar sendas mociones e iniciativas respecto al centro y al modelo vasco de acogida, y que, por casualidades del destino, coincide con el viaje más reciente del barco de rescate Aita Mari, un antiguo barco pesquero que en 2019 fue transformado en buque de rescate y que desde entonces, en sus ocho -ahora nueve- operaciones de salvamento, ha sacado del Mediterráneo a más de 1.000 migrantes. 

No deja de ser curioso que, mientras desde la política unos discuten sobre si se debería, o no se debería, construir un centro como el proyectado para la antigua residencia de Arana; desde las instituciones sociales, en este caso desde la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), se hacen grandes esfuerzos no solo por adecuar en valores sino por brindar ayuda a aquellas personas que se ven forzadas a realizar una ruta migratoria en la que, según datos de ACNUR, en el pasado año se registraron alrededor de 3.231 muertes y desapariciones.

De hecho, el pasado sábado llegó la noticia de que el Aita Mari había desembarcado en Italia, en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma, después de rescatar a 31 personas que viajaban a bordo de una patera, entre ellas diez niños, provenientes de Guinea Conakry, Senegal y Costa de Marfil.

La primera “doble misión” del Aita Mari

Según explica Isabel Eguiguren, miembro de SMH, esta misión, en la que participan 13 personas, cinco de ellas voluntarias, ha cobrado una importancia particular porque es la primera vez que el barco vuelve a realizar labores de rescate tras haber desembarcado en Italia y sin pasar de nuevo por España. 

Esto significa que después de que las personas rescatadas hayan abandonado el Aita Mari y hayan quedado a disposición de las autoridades italianas, ahora la embarcación vasca y su tripulación, en vez de volver al puerto de Vinaròs, en Castellón, se lanzan de nuevo al mediterraneo con la esperanza de poder dar auxilio a más migrantes que tratan de abrirse camino hasta Europa.  

Esta “doble misión” no es el procedimiento habitual de este antiguo atunero, pero en este caso desde SMH han decidido hacer un segundo viaje para aprovechar mejor su presencia. Eguiguren señala que una salida del Aita Mari “puede rondar los 100.000 euros”, y que por esa razón, con la capacidad actual del barco -150 personas- “rescatar solo a 31 es duro”. 

Italia, Meloni y decretos especialmente restrictivos

Como explican desde SMH, el proceso por el que actúan los barcos de rescate ha cambiado mucho en los últimos años, “sobre todo desde de la entrada de Giorgina Meloni”, y bajo cuya gestión se han publicado dos decretos, uno en noviembre y otro en enero, que dificultan en gran medida el trabajo de estas embarcaciones. 

El primero, anulado poco después de su publicación, daba a las autoridades italianas la decisión sobre quién podía desembarcar y quién no; mientras que el segundo, todavía en activo, obliga a los buques de salvamento a pedir puerto nada más hacer el primer rescate. Algo que lastra de manera notable el trabajo de las embarcaciones pequeñas como el Aita Mari que realizan rescates “muy seguidos en horas”, para auxiliar a varias pateras en una misma zona. 

Pero como indica Eguiguren, a quienes más afecta es a los barcos más grandes y con mayor capacidad, los cuales suelen estar una semana en la zona para dar ayuda a todas las pateras posibles, y con esta nueva norma están obligados a dirigirse a puerto nada más hacer el primer rescate.

“La legislación marítima indica que el puerto debe ser el más cercano en tu camino, normalmente suele ser el de Sicilia, que está a unas pocas horas, pero el Gobierno de Italia, en este decreto de enero, da puertos muy lejanos, lo que hace que las embarcaciones estén menos tiempo en las zonas de rescate”, explica.

Su única esperanza en estos casos, es la de encontrar otras pateras de camino al puerto para poder recoger a sus tripulantes, pero claramente el proceso de embarque no es tan sencillo como avistarlos y subirlos al barco. Antes de nada, los buques de rescate deben avisar a Italia, Malta y España, que es lo que nos corresponde, por distancia y por bandera -en este caso española- para poder hacer los rescates. 

Sanciones inasumibles

El problema viene con las sanciones. Si la tripulación no cumple, por ejemplo, la obligación de pedir puerto, el capitán puede recibir una sanción de 10.000€ de sanción, y el barco puede quedarse parado en Italia durante 20 días, con el coste que eso supone. Además, si se incumple cualquier código de ese decreto, las sanciones se pueden elevar hasta los 50.000€ para el capitán, y las autoridades pueden llegar a incautar el barco.

Además, existen otras medidas disuasorias. Por ejemplo, durante el desembarque del sábado, en donde entraron varios cuerpos de policía italianos para hacer preguntar a la tripulación, el capitán del Aita Mari tuvo que hacer una declaración jurada, lo que Eguiguren, es “una forma más de amedrentar”. 

El proyecto Quíos

Más allá del Aita Mari, esta ONG de origen vasco cuenta con otro proyecto menos visibilizado en el campo de refugiados ubicado en la isla griega de Quíos, y en donde Eguiguren estuvo hace un par de semanas, en su segunda visita al campo, donde cuentan con una pequeña clínica donde dan asistencia y atención primaria.

Señala que este es un proyecto mucho más barato, y al que se le están poniendo muchas trabas, “sobre todo para entrar al campamento de refugiados”, donde las autoridades no siquiera dejan hacer fotos, haciendo que el proyecto sea mucho más complicado de mostrar. Además, apunta que el tema de Quíos es complejo, y tienen la sospecha de que en no mucho tiempo, van a echar a los voluntarios del campo.

“Estamos viendo que en otras islas no están dejando entrar a los voluntarios y a las asociaciones a unos campos de refugiados que se han convertido prácticamente en cárceles, (...) y si nos acaban echando, esas personas se van a quedar sin atención sanitaria”, explica. 

Otro problema al que se enfrentan es el de la criminalización de las ONG, a las cuales se les acusa de tráfico de personas. Eguiguren recuerda el caso del Juventa, de la ONG alemana Jugend Rendett, que lleva cinco años en Italia, y del que cuatro miembros de la tripulación se enfrentan a 20 años de prisión acusados de tráfico de personas, “cuando lo que han hecho es rescatar”. 

Con todo esto, para mantener su trabajo con el Aita Mari y en Quíos, SMH cuenta con financiación tanto pública como privada. Por una parte están las ayudas económicas del Parlamento de Euskadi y del de Navarra, entre otras subvenciones, y por otra está el dinero conseguido a través de empresas o donaciones personales.