Bildu y Podemos redoblan el pulso contra el PNV por los casos de puertas giratorias

La presión contra el PNV ante los casos recurrentes de puertas giratorias es cada vez más intensa por parte del resto de formaciones políticas de Euskadi. En concreto, EH-Bildu y Elkarrekin Podemos-IU llevan meses denunciando el traspaso de cargos públicos jeltzales a diversas empresas privadas y la “inactividad” e “parcialidad” de la Comisión de Ética Pública (CEP).

Ambas coaliciones refuerzan sus acusaciones contra este organismo del Gobierno vasco cuya labor es la de “velar” por el correcto comportamiento de los cargos públicos tanto durante como después de su paso por la administración. 

Las críticas son similares y cuentan con un objetivo común: disolver la CEP y establecer un nuevo organismo independiente que, como piden desde EH-Bildu, “prevenga, detecte, investigue y sancione cualquier práctica irregular”. Sin embargo los motivos que mueven a la coalición soberanista y a Podemos son diferentes, aunque ambos relacionados con miembros del PNV. 

El parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño / Europa Press

Denuncia por vulnerar el derecho al anonimato

Bildu, por un lado, pone en cuestión el "funcionamiento" y la "credibilidad" de la Comisión de Ética Pública, así como las acciones de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno y presidenta de este organismo, Olatz Garamendi, a raíz de un suceso ocurrido en julio de 2022 que afectó directamente al parlamentario soberanista, Unai Fernández de Betoño.

Este, tras denunciar a dicho organismo el “cumplimiento insuficiente del Código Ético” del director del Departamento de Transportes, Ivan Pedreira, recibió un e-mail de la abogada del político jeltzale, con el que esta le amenazó con llevarle a los tribunales si hacía pública la resolución de la Comisión. Un correo electrónico que tenía en copia a la propia Garamendi, a quien acusan de haber ignorado el asunto y “no estar cumpliendo correctamente sus responsabilidades".

Durante los últimos meses, desde que Bildu denunció la amenaza, la coalición soberanista ha pedido explicaciones a Garamendi registrando una pregunta en el Parlamento vasco, y al no recibir respuesta cada vez se muestran más críticos tanto con la consejera como con la propia comisión, la cual, aseveran: “protege mejor a las personas denunciadas que a las denunciantes”, y muestra que su única función "es blanquear la actuación de los miembros del gobierno”.

Todo esto, recordemos, después de que desde la propia CEP vulneraran el derecho al anonimato de Fernández de Betoño tras registrar la denuncia contra Pedreira a quien acusó de actuar “en función de sus intereses” y “en contra de los dictámenes éticos”.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, junto a la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, y otros representantes del Gobierno este miércoles en Bilbao. / Efe

Una comisión de mayoría jeltzale

En línea con las exigencias de EH-Bildu, desde Podemos centran sus denuncias el caso del ex-director de EJIE, Alex Etxeberria, a quien la coalición morada acusa de haber tomado un cargo en la empresa público-privada Atlantic Data Infrastructure, sin respetar los 2 años de carencia que según la Ley Reguladora del Código de Conducta y de Conflictos de Intereses, prohíben a un cargo público tomar posesión de un nuevo puesto con alguna empresa con la que puedan existir incompatibilidades, en ese plazo de tiempo. 

Por esta razón, en un comunicado de prensa, la formación morada señala haber registrado dos preguntas en la Cámara vasca dirigidas al Ejecutivo y al Departamento de Garamendi, “ante la falta de amparo de la Mesa del Parlamento vasco” en los casos de puertas giratorias. 

De hecho, insisten en saber si la mayoría de los miembros que componen la Comisión tienen relación con el PNV, y cuestionan la “imparcialidad” de este organismo, no solo por su posible vínculo con la formación jeltzale, sino también porque, como explican en el comunicado, de las 83 resoluciones que ha emitido hasta ahora la CEP, no se ha informado de ninguna que en la que se haya sancionado a algún alto cargo por utilizar las puertas giratorias sin respetar los 2 años de carencia.