Los partidos del Ejecutivo vasco, PNV y PSE-EE, han logrado un acuerdo con EH-Bildu para que la coalición soberanista de su apoyo al proyecto de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, norma con la que el Gobierno pretende formar un equipo científico profesional para investigará las vulneraciones de derechos humanos en la Guerra Civil y en el franquismo entre 1936 y 1978 con el fin de desarrollar un informe sobre lo ocurrido en este periodo de la historia de España.
Según explican desde la Agencia EFE, el parlamentario de la coalición abertzale, Julen Arzuaga, ha explicado en una nota que este equipo se formará a través del Instituto de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, Gogora, y estará integrado por personalidades referentes en materia de derechos humanos y expertos en la Guerra Civil y la dictadura franquista. Además, a iniciativa de la formación abertzale, Gogora ofrecerá a las víctimas de esas vulneraciones los recursos y la asistencia jurídica necesaria para que puedan tramitar las querellas correspondientes ante los tribunales a fin de obtener la justicia que merecen.
El apoyo de Bildu se suma al de Elkarrekin Podemos-IU, que en febrero dio a conocer su complicidad con la ley tras acordar con socialistas y jeltzales incluir en la norma la "reparación integral" a las víctimas de la guerra civil y la dictadura y su "cuantificación" en un censo que incluirá un reconocimiento expreso de la violencia "específica, generalizada y sistemática" sufrida por las mujeres. Así, las enmiendas del grupo morado abren la puerta a conceder indemnizaciones económicas "cuando proceda", aunque no se concreta una baremación.
El Lehendakari, Iigo Urkullu, en la exhumacin de una fosa de vctimas del franquismo. / EP
Sanciones de hasta 150.000 euros
El proyecto de ley prevé desde su redacción inicial un futuro Día anual de Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar de 1936 y la Dictadura, la creación de un Banco de ADN de exhumaciones de Euskadi, la elaboración de un Catálogo de Lugares, Itinerarios y Espacios de la Memoria Histórica y la creación de un Centro Documental.
Recoge un régimen sancionador que incluye multas de hasta 10.000 euros por enaltecer el franquismo, aunque se puede llegar a los 150.000 euros por actuaciones como destruir fosas de la Guerra Civil o destruir y ocultar "documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad".
La tramitación del texto se está prolongando en el tiempo. Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno en julio de 2021 fue remitido al Parlamento vasco en septiembre de ese mismo año.
En enero de 2022 el grupo de PP+Cs detectó que el Gobierno vasco había remitido una versión incorrecta del texto y pidió reiniciar la tramitación parlamentaria. La Mesa del Parlamento consideró que los cambios no eran "sustanciales" y que por tanto las comparecencias de expertos para hacer aportaciones al texto eran válidas. Aunque sí se amplió el plazo de presentación de enmiendas hasta finales de mayo y en junio tuvo lugar el pleno en el que se rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por PP+Cs y Vox, que se oponían al texto por no incluir a las víctimas de ETA.