Ikastolen Elkartea pide retirar las enmiendas sobre unos modelos lingüísticos que considera "absurdos"

En la semana donde el Parlamento vasco vota las enmiendas a la totalidad presentadas contra la Ley Vasca de Educación, la asociación Ikastolen Elkartea ha pedido la retirada de las modificaciones presentadas a dicha norma dirigidas a mantener los modelos lingüísticos. Unos modelos: A en castellano; B mixto; y D en euskera, que considera "absurdo" mantener y defiende que la norma debe "definir el plan" para llegar a un "modelo de inmersión".

Según recoge la Agencia EFE, la asociación educativa ha mostrado en un comunicado su posición sobre las enmiendas al proyecto de ley de Educación, que mañana superará en el Parlamento vasco las peticiones de devolución formuladas por PP, Vox, Ciudadanos y Elkarrekin Podemos-IU. En concreto, han señalado que les preocupa "especialmente" el desarrollo del euskera y "temen que en este tema se corra el riesgo de dar pasos hacia atrás",

Por ello, han pedido a los partidos políticos que actúen con "valentía" porque "existe posibilidad de reconducir la situación" y que tengan en cuenta las aportaciones de los agentes educativos. Según Ikastolen Elkartea, los datos "constatan" que los modelos lingüísticos "no sirven para responder a la realidad sociolingüística actual" y para alcanzar los objetivos que se definen en el anteproyecto de ley.

Así, ha mostrado su preocupación por la enmienda que alude al "carácter vehicular" de todas las lenguas de aprendizaje, ya que el euskera "es una lengua minorizada", señala, y "en esa situación no se pueden tratar todas de forma igualitaria", porque supone excluir a la minoritaria.

Además, como informaca EFE, la asociación critica que tanto el anteproyecto de ley como las enmiendas "no hacen referencia alguna al currículum vasco ni a la necesidad de construir un sistema educativo centrado en este" y considera adecuada la que propone fomentar la colaboración con centros que "fomentan el euskera" fuera de Euskadi.

Con esto, también valora la enmienda que recoge con "mayor firmeza" que la financiación de los centros concertados está vinculada al cumplimiento de los requisitos que figuran en la ley. Sin embargo, considera que existen propuestas "contradictorias" para garantizar la gratuidad de la educación.

Entre ellas cita las dirigidas a incentivar la gratuidad únicamente en las etapas obligatorias y las que establecen que en los centros concertados no se podrá pagar por los servicios complementarios, ya que el proyecto de ley "no contempla que la Administración financie en su totalidad y en todos los centros públicos servicios como el transporte, el comedor o el pago de materiales didácticos".