Las diversas denuncias protagonizadas por la asociación ecologista Azurreka, formada por un grupo de vecinos de Lemoa, ante la posible presencia de chapapote originario del Prestige están poniendo complicaciones a la ampliación del vertedero de Bistibieta, una de las instalaciones de residuos que debería acoger parte de la basura proveniente del vertedero de Zaldibar y que ahora ve este proceso paralizado.
La ampliación de Bistibieta, que afecta a otros muchos municipios a parte de Lemoa, entre los que se incluyen Amorebieta, Galdakao y Bedia, es justamente una de las más avanzadas a nivel legal. Sin embargo, las protestas de Azurreka tratan de frenar un proceso que ya ha dado mucho de que hablar desde que se dio a conocer. De hecho, desde esta asociación señalan que, en caso de que se demuestre que todavía hay chapapote en aquella zona, los vecinos de dichas localidades pueden ver devaluados sus terrenos, ante la presencia de residuos que pueden ser peligrosos a medio plazo.
Aunque aquella tragedia medioambiental tuvo lugar el 13 de noviembre de 2002 en las costas gallegas, sus consecuencias también alcanzaron a la sociedad vasca. Como recuerdan desde el Departamento de Medio Ambiente, ante dicha crisis el Gobierno vasco "puso en marcha un dispositivo en el que participaron muchos agentes, desde pescadores hasta gestores de residuos", y parte de estos se trasladaron el vertedero de Lemoa, que en aquel momento estaba gestionado por la empresa Cespa Content.
Explican que en aquella operación "se instaló una planta de tratamiento de los residuos de chapapote", tras lo que lo obtenido de este proceso "se dirigía a Petronor para su valorización o reconversión en fuel". Estos residuos de big bag, contenedores, ropas y otros utensilios utilizados en el operativo "fueron sometidos a limpieza y en su caso a un proceso de inertización en las instalaciones de Sader para después depositarse en el vertedero". Por tanto, insisten en que "no cabe ninguna duda de que dichos residuos se consideran no peligrosos", e insitien en que "no hay chapapote en el vertedero de Bistibieta".
Manifestación en Galicia tras el desastre del Prestige / X Plataforma Nunca Máis
Una prueba que no es válida
Además, respecto a la medición radiológica GPR que pide Azurreka, en el Departamento que dirige la consejera Arantxa Tapia aseguran que "no es un método que permita determinar la cantidad de ningún tipo de residuo que ese haya podido depositar en el vertedero". Esta prueba, según habían señalado desde la asociación ecologista, habría sido planteada por la letrada del Gobierno vasco, Ainhoa Mintegui, sin embargo, desde Medio Ambiente aseveran que esta "no ha podido hacer afirmaciones como las señaladas", puesto que su conocimiento "se limita a su ámbito laboral que es el jurídico y no alcanza las tecnologías a aplicar en los vertederos".
Además, insisten en que la cantidad de residuos que se depositan en el vertedero queda determinada mediante "los controles de entrada de residuos que deben realizar los titulares de la instalación".
Con todo esto, señalan que la ampliación del vertedero, necesaria para acoger parte de los residuos que hasta ahora acoge el vertedero de Zaldibar, "se someterá a la intervención del órgano ambiental y en la misma se tendrá en cuenta, igual que se hace siempre, la afección que sobre la estabilidad del vertedero puede tener dicha ampliación".
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia / Paulino Oribe
"Todos los permisos en regla"
Fuera del departamento que dirige Arantxa Tapia, el resto del ejecutivo apenas tienen conocimiento de dicha cuestión. De hecho, el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, aseguró este martes que "la única información" que tiene respecto a la instalación de Lemoa es que "se trata de un vertedero de residuos no peligrosos que dispone de una autorización ambiental integrada".
En esta línea, el consejero portavoz recordó que la empresa encargada de gestionar el recinto, FCC Ámbito, tiene todos sus permisos en regla, aunque esta compañía asumió la dirección del vertedero en 2008, seis años tras el desastre del Prestige y después de que parte del chapapote se trasladara a Bistibieta. "Es una instalación cuyo titular es una empresa privada que ha solicitado una modificación de una autorización que, después de aportar toda la información necesaria deberá ser valorada por el Gobierno, expuesta a un proceso de información pública y deberá recabar los informes de otras administraciones competentes", explicó Zupiria.