El Gobierno vasco avanza en una nueva Ley de Transparencia a la que ahogan los plazos

A pocos meses de que la actual legislatura termine, y con contexto preelectoral cada vez más marcado, el Gobierno vasco ha aprobado este martes el proyecto de la Ley de Transparencia de Euskadi. Una norma que pretende garantizar la participación ciudadana en los asuntos públicos y facilitar la rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, pero que, sin embargo, no llegará a aprobarse antes de las próximas elecciones autonómicas.

Esta ley, que ha sido aprobada este martes en el Consejo de Gobierno y ha presentado la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, en la rueda de prensa posterior a este, cuanta con un contexto que hace desconfiar de su posible aprobación. Ya en las dos anteriores legislaturas, el Ejecutivo dirigido por Iñigo Urkullu ha intentado sacar adelante esta iniciativa, pero la norma siempre ha acabado fracasando, y en esta ocasión el resultado final no parece que vaya a ser diferente.

Según ha señalado Garamendi, la Ley de Transparencia, "estaba en el calendario del Gobierno", y aunque es consciente del poco tiempo real para sacar adelante la norma, ha insistido en que ahora "llegará al Parlamento y serán los grupos" los que vean si tienen o no posibilidad para aportar en el texto y hasta dónde puede avanzar esta antes de que se convoquen las elecciones y se dé paso a una nueva legislatura. 

Pero la realidad es que, incluso en el caso de que los comicios se lleven a cabo en junio o julio, con diciembre como el mes del esprint final para la Ley de Educación o la de Salud Pública y con enero siendo inhábil, ese calendario del que ha hablado la consejera, aprieta, e incluso ahoga, a una norma que bebe de los dos fracasos anteriores y "que llegará a donde llegue", dejándose, de nuevo, pendiente para el futuro. 

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi / Legebiltzarra

Autoridad vasca de la Transparencia 

El proyecto de ley aprobado este martes incluye también la creación de la Autoridad Vasca de la Transparencia – Gardena, un órgano dirigido a ser un soporte para la ciudadanía vasca para que esta pueda "interponer una reclamación cuando le sea denegado el derecho a la información o ésta no sea la deseada por el ciudadana o ciudadana".

Así, como ha señalado Garamendi, las funciones de esta nueva institución se apoyan en dos vertientes: velar por que la Administración Pública cumpla con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso, por lo que tendrá capacidad "para dictar soluciones con medidas correctivas e incoar procedimientos sancionadores o actuaciones disciplinarias"; y por otro lado, tramitar las comunicaciones del canal externo de la información y de la protección de las personas informadoras en el marco de la lucha contra la corrupción.

Para alcanzar este objetivo, Gardena actuará "con total independencia" respecto a los niveles institucionales de Euskadi, incluido el sector privado. Además, a través de este órgano se implantará el sistema europeo de protección de las personas informantes y de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, pese a que contará con personal funcionario y personalidad jurídica propia y plena independencia en el ejercicio de sus funciones, Gardena "estará sometido a control parlamentario".

Por otra parte, la Ley de Transparencia, incluye un régimen sancionador por infracciones en esta materia. Ámbito donde se incluye la obligación de publicar el Programa de Gobierno de cada legislatura y la elaboración de unos indicadores anuales para la rendición de cuentas como el coste de los servicios públicos atendidos, los recursos humanos que constituyen el empleo público o los principales compromisos de futuro.