El Gobierno vasco lanza su sprint final en una legislatura que agoniza por el adiós de Urkullu

Diciembre va a ser un mes especialmente ocupado para el Gobierno vasco. El Ejecutivo autonómico, que está ya en el último tramo de la legislatura, tiene todavía dos grandes tareas pendientes por cumplir: aprobar aquellas leyes con las que se había comprometido a sacar adelante; y lograr el traspaso de aquellas competencias que en su momento pactó el Gobierno de Pedro Sánchez mediante un calendario que se ha cumplido vagamente. 

El tiempo apremia y el trabajo pendiente aún es mucho. Leyes como la de Salud Pública, la de Educación o los Presupuestos Generales del País Vasco, afrontan sus últimos trámites en el Parlamento vasco y se aprobarán en las próximas semanas con el apoyo de los partidos que componen la coalición del Ejecutivo: PNV y PSE-EE. 

De hecho, aunque esto no es poco habitual, en comparación con el resto del año, y prácticamente de la legislatura, estos últimos meses son casi los que más prósperos en lo que a aprobación de leyes e iniciativas parlamentarias se refiere. El pasado jueves se votó la Ley de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento; dos semanas antes, la Ley del Plan Vasco de Estadística 2023-2026 y la Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi. De hecho, en 2023 se han aprobado hasta 19 normas, y la cifra no va a hacer más que incrementarse en diciembre. 

De hecho, según ha señalado este martes el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, el lehendakari, Iñigo Urkullu ha recordado a sus consejeros que "todavía quedan unos meses" de legislatura antes de que se celebren las autonómicas -para las que Urkullu no ha dado todavía fecha-, y además de las "tareas pendientes" en materia legislativa, ha destacado también las competencias pactadas con el PSOE que todavía no se han llegado a traspasar.

Iñigo Urkullu/EFE

Un mensaje con el que el lehendakari ha evitado hablar de su sustitución de cara a los comicios del próximo año, para centrar la atención en el trabajo son terminar de su Gobierno. "El lehendakari nos ha recordado la tarea pendiente, que tiene que ver con el calendario legislativo, con las cuestiones que derivan del autogobierno pendiente, y con el acuerdo de investidura entre PNV y PSOE", ha asegurado Zupiria.

Tres meses para cumplir las transferencias

Aunque Urkullu no ha dado todavía ninguna pista respecto a cuándo se realizarán las autonómicas, y la legislatura podría extenderse hasta julio, todo apunta a que los comicios tendrán lugar en marzo. Y de ser así, diciembre marcará prácticamente el final de la actividad parlamentaria, y por tanto, todas las normas que no se hayan aprobado para entonces en la Cámara vasca, quedarán pendientes para el siguiente mandato. 

Y conscientes de que después de enero, mes que en sí es inhábil, es posible que el Parlamento autonómico acabe disolviéndose, desde el Gobierno vasco están apretando por aprobar, al menos aquellas leyes que consideran "básicas e importantes para el desarrollo del autogobierno y para las políticas públicas". Normas entre las que destacan la de Educación, que se votará el próximo 21 de diciembre; la de Salud Pública, cuyo debate final será este jueves; y la de Transición Energética, una de las normas fundamentales de esta legislatura, pero de la que todavía no se conoce más sobre su tramitación parlamentaria. 

A todo esto hay que sumar aquellas competencias pactadas entre el PNV y Partido Socialista. Mas allá del calendario alcanzado en 2020, que como han denunciado en varias ocasiones los jeltzales, se acabó incumpliendo, con motivo de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se acordó el traspaso de las competencias en materia de ferrocarriles de Cercanías; de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros; y de la gestión de la fase de integración en la acogida a inmigrantes. 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, junto al consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu / Legebiltzarra

Según este último pacto, dichas transferencias deberían materializarse en los próximos tres meses y dentro de esta legislatura. Sin embargo, con un Ejecutivo central reción echado a andar, y con la sombra de unas autonómicas cada vez más cerca, empieza a parecer poco probable que se llegue a cumplir lo acordado entre PNV y PSOE. 

Respecto a esto, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, quien también ha asistido a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha señalado que, mediante una carta, ya se ha dirigido al nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a quien ha pedido una reunión que permita avanzar en estos traspasos con la "firme voluntad de que se hagan inmediatamente".

"Actuaremos con buena fe. Todo depende de que haya voluntad para materializar un acuerdo que no admite gran demora", ha explicado Garamendi, quien, pese a ser consciente de que los plazos aprietan, se ha mostrado comprensiva con que el Gobierno de España y sus nuevos ministros estén dando todavía sus primeros pasos en el cargo y los ritmos estén siendo más lentos de lo habitual.