El PNV arranca a Sánchez la gestión de la Seguridad Social y un nuevo estatus en dos años

El pacto alcanzado este jueves entre el Partido Socialista y Junts respecto a la Ley de Amnistía, y que supone un nuevo paso adelante en el intento de investidura de Pedro Sánchez, abría una nueva ventana de oportunidad para el PNV para lograr acuerdos históricos. Y esos acuerdos ya están aquí. Los jeltzales y los socialistas ya han alcanzado un pacto que incluye la transferencia de la gestión de la Seguridad Social y la negociación de un nuevo estatus de la comunidad. Ambas cosas tendrán que cerrarse en un plazo de dos años. 

Este acuerdo entre PNV y PSOE ha sido suscrito por el propio Sánchez y por el presidente peneuvista, Andoni Ortuzar, este viernes en el Congreso de los Diputados. Las fuentes consultadas por Crónica Vasca hablaban previamente de cuestiones como las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, el impulso de infraestructuras y un empujón legal al uso del euskera. Y acertaban en esas previsiones. 

El acuerdo, al detalle

El propio Ortuzar ha explicado que el acuerdo alcanzado con el PSOE garantiza la negociación y el traspaso al País Vasco de todas las competencias pendientes y sienta las bases para negociar el autogobierno futuro. El horizonte temporal es de un máximo de dos años para cerrar los traspasos y de sólo un año y medio para negociar un nuevo estatus para la comunidad. Y en ese contexto ambos firmantes acuerdan la negociación sobre el "reconocimiento nacional de Euskadi".  

Los traspasos de todas las competencias presentes en el Estatuto de Gernika constituían la principal exigencia de los jeltzales. Ahí se enmarcan la citada gestión de la Seguridad Social o la competencia sobre los trenes de Cercanías. 

En materia de fiscalidad, se amplía el concierto económico y se acuerda la concertación de nuevos impuestos y los límites de deuda, fijados en la comisión mixta del concierto. En seguridad, se refuerzan las competencias de la policía vasca (Ertzaintza), como por ejemplo en el Puerto de Bilbao, así como su presencia y participación en ámbitos internacionales de seguridad.

Gracias a este acuerdo, Ortuzar ha anunciado que Navarra recibirá en el plazo de seis meses las competencias de I+D+i y la de becas. Y, por último, como "broche simbólico", en palabras del líder jeltzale, la entente incluye que las instituciones vascas reciban 100 millones de euros en cuatro años para acometer el reto del euskera a nuevo universo digital. A eso hay que sumar otras cuestiones no menores como el blindaje de los convenios vascos. O temas más curiosos como posibilitar la 'independencia' de Usansolo. 

 La previa al pacto

Asegurado el sí de los siete diputados de Junts, al secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno en funciones le sirve con la abstención de los cinco escaños del PNV, pero estos, los últimos en negociarse, no son baratos. De hecho, fue precisamente la negativa de los jeltzales lo que hizo naufragar la candidatura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado mes de septiembre. Y ahora Sánchez, después de haber pactado una medida tan polémica como es la ley de amnistía, no puede afrontar el riesgo de presentarse a una investidura sin todos los apoyos completamente cerrados. 

Es precisamente por eso que en el Partido Nacionalista cuenta en este contexto con una oportunidad inédita en su historia reciente. Los jeltzales siempre se han encontrado en una posición ventajosa a la hora de negociar en el Congreso de los Diputados y de llevar a Euskadi grandes ventajas, y es por eso por lo que ahora en el PNV vendrán todavía más caros sus apoyos.

Si para la conformación del anterior Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar, el PNV exigió grandes avances en temas de infraestructuras y el traspaso de competencias, esta vez los jeltzales irán un paso más allá con puntos clave como el desarrollo y la posible modificación del Estatuto de Gernika, donde se incluye la gestión de la Seguridad Social; la mejora de infraestructuras y la implementación del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Euskadi; y el reconocimiento oficial de la Nación Vasca en el Estado español. Algo en lo que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido mucho recientemente. 

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, interviene en la segunda votación para el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo / Sergio Pérez - EFE

Un nuevo calendario de transferencias

De entre todas las exigencias que pondrán sobre la mesa el PNV en su búsqueda de un acuerdo con Sánchez y el PSOE, una de las más relevantes pasa por establecer un nuevo calendario de transferencias. Tras las generales de 2019, los de Andoni Ortuzar acordaron con los socialistas el traspaso de más de una treintena de competencias desde el Estado español a Euskadi. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la legislatura, muchas de estas se han quedado en una promesa vacía. 

Por eso, ahora que los jeltzales tienen de nuevo la voz cantante en las negociaciones con el Partido Socialista, lo lógico es que en un nuevo pacto insistan en alcanzar todavía un autogobierno todavía más avanzado. Y sobre todo, apretarán con una de las dos transferencias pendientes de mayor importancia para los nacionalistas: la gestión de la Seguridad Social. 

La otra, el traspaso de las competencias en materia de prisiones, se realizó en mayo de 2021, y es junto al Ingreso Mínimo Vital, una de las más destacadas, pero todavía quedan muchas por completarse como la ya mencionada Seguridad Social, o la gestión de los puertos, los aeropuertos, y otras muchas dentro de una amplia lista de más de 20 competencias. 

Todo esto podría incluso traducirse en un la modernización del actual estatuto de autonomía de Euskadi firmado en 1979, el llamado Estatuto de Gernika, hacia uno más adaptado al contexto y la situación política que actualmente mantiene Euskadi en el conjunto del estado. Especialmente en un momento donde el PNV pude poner prácticamente cualquier cosa sobre la mesa con el convencimiento de que el Partido Socialista la va a aceptar. 

Así, las nacionalistas vascos tienen enfrente el momento idóneo para exigirle al PSOE el reconocimiento oficial de la Nación Vasca dentro del Estado español. Urkullu, a finales de agosto y comienzos de septiembre, insistió mucho en su idea de reinterpretar la constitución para que en esta se reconociera la plurinacionalidad del estado. Una propuesta que dio mucho de que hablar durante el intento de investidura de Feijóo, y que ahora podría incluso desarrollarse de alguna forma en un nuevo acuerdo entre Sánchez y el PNV.