El Gobierno vasco aprueba ayudas a los presos que incluyen “recompensas” de hasta 300€

Desde que en octubre de 2021 el Gobierno vasco asumió la competencia de los servicios penitenciarios, ciertos sectores de la sociedad vasca y española, en su mayoría relacionados con el Partido Popular y el resto de la derecha, han criticado muchas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu relativas a esta materia. Entre ellas, medidas como el acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas -algo pactado con el Gobierno central- o la concesión del tercer grado a miembros de aquella organización terrorista.

Ahora, suscita una nueva queja en torno al Decreto 23/2024 del 27 de febrero, que el Ejecutivo vasco aprobó en el último Consejo de Gobierno de pasado mes, y que establece una serie de prestaciones económicas dirigidas a personas internas en las prisiones de Euskadi; a aquellas en libertad condicional y a las familias de ambos tipos de internos. Unas ayudas que sirven, por ejemplo, para financiar salidas programadas o terapéuticas; paliar los gastos funerarios de aquellos presos sin la capacidad económica para hacerles frente y, en general, cubrir aquellas carencias económicas de estas personas y facilitar su reinserción social. 

Estos incentivos económicos, que en algunos casos alcanzarían hasta los 3.000 euros, se dividen en siete modalidades: ayudas asistenciales; ayudas a la excarcelación; ayudas para gastos de documentación; ayudas para afrontar gastos funerarios y sepelio; ayudas para la realización de salidas programadas; recompensas, en general; e incentivos a la formación de Aukerak. Una serie de medidas exclusivas a las personas internas en los centros penitenciarios del País Vasco, y que incluyen, entre otras cosas, los gastos de transporte y manutención para aquellos presos que al salir de la cárcel tengan que trasladarse a su lugar de residencia y no cuenten con la solvencia económica suficiente para financiarlo. 

Estas, reconocidas en el decreto como "Ayudas a la excarcelación", incluyen, por ejemplo, los costes de un billete de tren, autobús o incluso avión o barco "cuando fuera preciso por razones geográficas o según circunstancias de cada caso"; así como el coste estimado de un taxi, la concesión de "dinero de bolsillo" con un máximo de 50 euros al día hasta llegar al lugar de destino; o también hasta 60 euros al día para los gastos de pernoctación. Incluso, y en casos excepcionales "y a propuesta de la persona trabajadora social de referencia", el decreto incluye la financiación de, hasta un máximo de 400 euros, para facilitar un alojamiento provisional.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, durante una intervención en el Parlamento vasco / Legebiltzarra

300 euros por buena conducta

Sin embargo, de entre las siete modalidades de incentivos económicos establecidos en este decreto, sorprende una que hace referencia a las "recompensas en general", sin concretar a qué atenderían dichas ayudas. Se trata, según el escrito publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), a aquellos gastos "generados para la satisfacción de recompensas a personas internas recogidas en el artículo 263 del Reglamento Penitenciario que entrañen un contenido económico.

Aquí, se incluirían, y con una cuantía máxima de 300 euros por interno: becas para el estudio y el acceso a material didáctico y cultural; financiación del material deportivo- y recreativo; otros premios en metálico; y "cualquier otra recompensa de carácter análoga a las anteriores que no resulte incompatible con los preceptos reglamentarios". Dichos incentivos económicos servirán como premio hacia la persona interna por haber realizado actos que manifiesten su buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad; así como la participación positiva en las actividades que se organicen en el propio centro.

Ayudas a las mujeres en el contexto penitenciario

A estas ayudas, se suman también las dirigidas a cubrir los gastos ante la defunción de un interno dentro del propio centro, que tampoco tenga los recursos económicos propios o familiares para financiar estos costes que habitualmente son conocidos como "gastos funerarios y sepelio". En este caso, la cuantía máxima para hacer frente a estos costes sería de un máximo de 3.000 euros. Aunque incluso, para casos excepcionales, dicha cifra podría superarse "si concurren circunstancias extraordinarias de carácter humanitario", siempre y cuando la Dirección del Gobierno vasco competente a la materia penitenciaria lo autorice.

Igualmente, estos incentivos, según el escrito aprobado por el Gobierno vasco, procuran favorecer la igualdad y no discriminación de las mujeres en el contexto penitenciario, teniendo en cuenta las especiales situaciones de vulnerabilidad que pudieran concurrir en mujeres víctimas de violencia machista, y de aquellas que por su origen extranjero o por su situación personal carecieran de red de apoyo.