La juez abre juicio en el segundo de los casos de corrupción en Alonsotegi

La juez que ha investigado uno de los tres casos de corrupción en el municipio vizcaíno de Alonsotegi ha dictado la apertura del juicio contra el exalcalde, Aitor Santisteban (primer edil entre 2007 y 2011 por parte del PNV), y otras cinco personas, un empleado municipal y tres directivos de dos constructoras. Les acusa de pagar 2,5 millones de euros por obras no realizadas y cometer hasta seis delitos.

El auto judicial recoge las peticiones de las diferentes acusaciones (Fiscalía, el Abogado del Estado, la Diputación vizcaína, la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Alonsotegi y la acusación popular, de EH Bildu) que van desde los 7 a los 9 años de cárcel para cada uno de los procesados.

La juez señala que será la Audiencia de Bizkaia el tribunal que juzgue los hechos. Con este auto, dictado el pasado 23 de febrero, solo queda pendiente que las defensas de los acusados formulen sus peticiones y, a continuación, la fijación de la fecha de la vista oral, que debería celebrarse antes de fin de año.

La comunicación se conoce casi al mismo tiempo que la sentencia de la Audiencia de Bizkaia, que juzgó otro de los tres casos de corrupción en Alonsotegi. En un sorprendente fallo, la Audiencia dejó sin cargos (ya no estaba otro exalcalde José Luis Erezuma, fallecido antes de la celebración de la vista oral en enero pasado, y cuya responsabilidad penal quedó entonces extinguida) a cuatro acusados. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco deberá decidir sobre este caso, tras los recursos que, con toda seguridad, van a plantear tanto la Fiscalía del País Vasco como la acusación particular ejercida por EH Bildu, el partido político que destapó estos casos.

Municipio de Alonsotegi / Ayuntamiento de Alonsotegi

El último auto dictado por el juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo se refiere al pago de 1,2 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Alonsotegi por certificaciones de obras falsas. Es decir, prácticamente idéntico al que la Audiencia de Bizkaia no ha visto delitos, aunque la cantidad es el doble.

Se considera como autor al exalcalde Santisteban como autor del supuesto fraude y como cooperadores a los otros cinco procesados, el arquitecto municipal y los directivos de las empresas constructoras (no está el aparejador municipal, también implicado pero que falleció). El juzgado les acusa de cinco delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos, malversación, fraude a las administraciones públicas y fraude de subvenciones.

En este caso, el ayuntamiento recibió ayuda tanto de la Diputación vizcaína como del Gobierno central para las obras que no se ejecutaron. Por todo ello, se exige a los seis procesados el pago de casi tres millones de euros en indemnizaciones a las administraciones públicos.

En octubre de 2022, la jueza, en el auto que cerraba la investigación, concluyó que los procesados "puestos de común acuerdo y con el ánimo de obtener un ilícito beneficio, crearon la apariencia de ejecución de varias obras con cargo a fondos estatales, provinciales y locales, en perjuicio de los respectivos patrimonios públicos".

La juez destaca que los pagos se autorizaron pese a los reiterados informes contrarios de la interventora municipal. Destaca que una de las obras era la reforma de los servicios sociales de un campo de fútbol pese "a que no existían tales servicios sociales".

El tercer caso por corrupción en Alonsotegi es el más antiguo y de mayor gravedad y, paradójicamente, el más retrasado. Implica también a Aitor Santisteban (alcalde entre 2007 y 20119 y a Gabino Martínez de Arenaza (primer edil entre 2003 y 2007), acusados de dejar un agujero económico de 15 millones de euros en el ayuntamiento. Se les culpa de gastos sin justificar en una sociedad pública municipal. La instrucción judicial se inició en 2014 y la celebración del juicio, tras dictarse el procesamiento de los dos cargos públicos en 2018, lleva bloqueada casi seis años. Se les acusa, junto a un abogado y el arquitecto asesor, de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. En el caso del exalcalde Aitor Santisteban, se añade un sexto delito: el falseamiento de cuentas y otros documentos.