La secretaria municipal de Iurreta cesada ilegalmente se va a otro ayuntamiento

La secretaria municipal de Iurreta cesada ilegalmente se va a otro ayuntamiento vizcaíno. Tras cinco años de un vía crucis de acosos y pleitos judiciales, la empleada será secretaria en el Consistorio de Gorliz, pese a que ha habido presiones sin éxito para que no fuera contratada. Su caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Este alto tribunal declaró ilegal, hace ya dos años, la destitución en 2020 de la trabajadora pública, apreció desviación de poder en el Consistorio de Iurreta y ordenó la readmisión en su puesto con el pago de todos los salarios durante los tres años y medio que estuvo sin su empleo. Una sentencia ya firme tras ser avalada por el Tribunal Supremo en abril del pasado año.

Como ha informado este blog, el Ayuntamiento de Iurreta había ignorado el pasado verano verano la condena de la Justicia por el cese ilegal de su secretaria e impulsó la contratación de un nuevo secretario. El Boletín Oficial de Bizkaia publicó a finales de mayo la solicitud enviada por el Consistorio a la Diputación de Bizkaia (la institución que designa a estos empleados) para el “nombramiento en comisión se servicios en puesto de secretaría del ayuntamiento de Iurreta”.

Pero finalmente, la Diputación frenó su segundo intento de cese después de que la afectada presentara en julio pasado un escrito, ante el Tribunal Superior vasco, en el que denunciaba la maniobra para apartarle por segunda vez y otras irregularidades en la actuación del Ayuntamiento. 

La afectada es Irma Domingorena, quien fue destituida en 2020 como secretaria municipal de Iurreta por el anterior alcalde Iñaki Totorikaguena (PNV) después de que desvelase irregularidades en el consistorio. Se reincorporó a su puesto hace más de un año y medio (aunque ha estado de baja laboral) tras ganar la denuncia que interpuso en los tribunales.

Este caso ha tenido como consecuencia la dimisión del anterior alcalde Iñaki Totorikaguena, que dejó su cargo en marzo de 2024 tras 17 años como primer edil de Iurreta. Fue el responsable de la fulminante destitución de la secretaria municipal a finales de 2020. Un mes antes de hacerse efectivo el cese, ordenó que no se diera trabajo a la secretaria mediante un correo electrónico y en día festivo por la noche. Con 18 años de experiencia en la administración pública como letrada y secretaria municipal, la secretaria había desvelado meses antes numerosas irregularidades en el consistorio.

Entre ellas, la autorización al arquitecto municipal para la adjudicación ‘a dedo’ de un contrato a su hija por un valor cercano a los 3.000 euros, sin que acometiera ningún trabajo para el Ayuntamiento de Iurreta. La secretaria detectó además hasta alrededor de 60 contratos menores (los que se adjudican sin concurso y a dedo por ser cantidades inferiores a 15.000 euros) sin que se hubieran cumplido las exigencias legales de control.

La secretaria ha sufrido un auténtico calvario. Además de los dos años y medio sin trabajo después de su cese, tras la sentencia del Tribunal Superior vasco que declaró ilegal el despido en febrero de 2023, su situación laboral no cambió. Siguió sin reincorporarse hasta que en julio de 2023 el Superior ordenó su vuelta inmediata. El entonces alcalde cumplió entonces el requerimiento y, desde agosto de 2023, la secretaria estaba de nuevo en su puesto, aunque ha estado casi todo el tiempo de baja laboral.

El consistorio ha tenido que abonarle los salarios de más de dos años y medio, aunque el pago ha estado jalonado de retrasos y sin desglosar los conceptos, con lo que la empleada lo ha llevado otra vez al Tribunal Superior vasco. Además, el Ayuntamiento de Iurreta ha acusado a la secretaria de injuriar a compañeras de trabajo, un caso que también está judicializado.

Ante esta situación, la trabajadora ha intentado irse a otro ayuntamiento sin éxito hasta ahora. Desde el entorno del PNV vizcaíno se han dado informes negativos de ella en tres consistorios que quisieron contratarle. Y es que, para contratar a secretarios o interventores, la Diputación foral vizcaína, gobernada por el PNV, tiene un gran poder.

Como ha contado este blog, la designación de secretarios municipales en Euskadi es arbitraria y escasamente imparcial. La gran mayoría no son plazas fijas y los ayuntamientos optan por concursos que requieren un plazo de seis meses, en vez de acudir al propio Gobierno vasco, que resuelve la contratación en una semana. 

El puesto de secretario es clave en un ayuntamiento y un perfil “crítico” es molesto para determinados alcaldes que no quieren “obstáculos” legales en cuestiones como el urbanismo.

En 2015 el Gobierno vasco y las diputaciones decidieron crear un proceso de selección en el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) con el fin de generar una bolsa de letrados que pudieran acceder a puestos de secretarios e interventores. En esa bolsa, hay 80 personas, pero no es real, ya que la mayoría están trabajando.

Este mecanismo del IVAP es el que debiera utilizarse por parte de los ayuntamientos. Es un sistema rápido, ya que en una semana el consistorio puede disponer de su secretario o interventor.

Sin embargo, la práctica va en otra dirección. Los ayuntamientos optan casi siempre por realizar un proceso de selección, que como mínimo requiere un plazo de seis meses. ¿Cuál es la razón? “En la lista del IVAP, puede acceder al puesto alguien no deseado. A través del concurso, se controla mejor la persona que se quiere para el puesto”, señalan letrados y secretarios que conocen el modelo.

En este modelo, las figuras clave son los jefes de Servicio del área de Relaciones Municipales de las diputaciones, cargos designados a dedo que disponen de toda la información sobre candidatos a secretarios o interventores, y que son los mediadores con los ayuntamientos para designar estos puestos. “Ofrecen la plaza al alcalde correspondiente. Incluso, al interesado en ocuparla le ofrecen por teléfono a qué ayuntamiento quiere ir”.

Hay casos que ilustran esta singular manera de elección. Según relatan fuentes municipales, el ayuntamiento de Billabona quiso contar con su secretario a través del IVAP, pero al día siguiente renunciaron, tras una llamada de la jefa de Servicio de la Diputación, quien instó a convocar un concurso.

En Bizkaia, la Diputación pretendió que accediera una persona en concreto al puesto en el ayuntamiento de Galdakao (gobernado por EH Bildu) pero el consistorio se negó y recurrieron al sistema del IVAP.

En el caso de la secretaria municipal de Iurreta, tras frustrarse la posibilidad de los tres ayuntamientos, fue el Consistorio de Gorliz el que pidió un empleado para el puesto. Recurrió a la bolsa del IVAP y ahí salió el nombre de Irma Domingorena. Como de ese proceso también tiene información la Diputación vizcaína, se volvieron a dar informes negativos al ayuntamiento de Gorliz.

Pero, en este caso, el Consistorio hizo caso omiso, según han confirmado fuentes municipales, y ha pedido su incorporación. Ha ayudado, sin duda, que ese municipio esté gobernado por un grupo independiente y esté mucho menos presionado ante la Diputación de Bizkaia, regida por el PNV,

Así, la Diputación ha tenido que aceptarlo y el pasado martes, 11 de marzo, publicó el nombramiento como secretaria municipal de Gorliz.

El caso de la secretaria municipal de Iurreta ilustra cómo funcionan (de mal) las contrataciones públicas en Euskadi. Una empleada pública que desvela irregularidades y poco después es cesada de su puesto. Lleva su caso en los tribunales y le dan la razón, con una sentencia que concluye (nada más y nada menos) que hubo desviación de poder en el ayuntamiento. Pero sigue el calvario de la trabajadora, que está más de año y medio de baja laboral.

Busca otro trabajo en otro ayuntamiento, pero las presiones del entorno del PNV frustran tres intentos. Es solo un consistorio gobernado por un grupo independiente el que le contrata al fin, sorteando otra vez las presiones externas. Querer desembarazarse de empleados públicos que molestan por desvelar irregularidades suena a prácticas de otras épocas.