Los promotores del casoplón de 11 baños piden que el Supremo decida sobre el derribo ordenado en Euskadi

Los promotores del casoplón de 11 baños han pedido que el Tribunal Supremo decida sobre el derribo ordenado por los tribunales vascos. La familia Garrastazu y también el ayuntamiento guipuzcoano de Aia (donde se emplaza el palacete) han presentado recursos de casación a la sentencia dictado en enero pasado por el Tribunal Superior vasco.

El fallo certificaba la ilegalidad de la reconstrucción del palacete en un lugar diferente al del caserío original (en concreto, a unos 200 metros) por contravenir la ley vasca de Suelo y declaraba también nulas las obras de urbanización acometidas. Por ello, ordenaba el derribo y “la reposición de los terrenos al estado anterior a dichas obras”.

Como era previsible, los promotores y el ayuntamiento han agotado el recurso que le ofrece la Justicia para frenar la demolición del polémico casoplón de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. Curiosamente, ambos han formalizado el recurso el mismo día, el pasado día 7.

Los argumentos son también prácticamente idénticos: que hay una falta de legitimidad de los denunciantes del caso (la Federación Guipuzcoana de Deportes Aéreos), que el fallo es “gravoso para los intereses generales” al señalar que “la mitad de los municipios vascos” han aprobado licencias de reconstrucción de caseríos y que el cambio de ubicación se realizó por riesgos geológicos.

Pero fuentes jurídicas consultadas por este blog han recordado que el recurso de casación es una herramienta que no es para cuestionar los hechos que se describen en la sentencia (lo que se hace en una recurso tradicional). Es para dos hechos muy concretos: que haya sentencias contradictorias en el caso o una infracción en la aplicación de la ley. En el caso del casoplón, no existen fallos discordantes (de hecho, los afectados no hacen mención de ello en su recurso) ni se esgrime que la sentencia haya infringido la ley vasca de Suelo, que impide este tipo de reconstrucciones de viviendas en suelos protegidos.

Además, tanto la familia Garrastazu como el Ayuntamiento plantean que el recurso sea analizado tanto por el Supremo como por parte del Superior vasco, lo que incumple un decreto del Gobierno central de 2023 que rechaza la petición simultánea a los dos altos tribunales. La solicitud de que actúe el Supremo es igualmente cuestionable, según las mismas fuentes jurídicas, ya que se trata de la infracción de una norma autonómica, que corresponde abordar a los tribunales superiores de cada comunidad autónoma.

La contundente sentencia del Tribunal Superior vasco, dictada el pasado 17 de enero, declaraban nulos hasta cuatro decretos y acuerdos del Ayuntamiento de Aia que autorizaron tanto la construcción como las obras de urbanización del casoplón en 2013, 2015 y 2017. La familia Garrastazu aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor:469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko y de la Diputación de Gipuzkoa.

En su sentencia, el Superior señalaba que hay un incumplimiento claro de la ley vasca de Suelo, ya que “la reconstrucción de los caseríos se debe llevar a término allí donde se encuentra la estructura edificada que permita identificarlos como tales”. En este caso, se sitúa a cerca de 200 metros. Pero tanto el ayuntamiento como los promotores han sostenido en todos los litigios judiciales que el hecho de ubicarse a esa distancia no lo invalida.

“No existe ninguna otra posibilidad legal de reconstruir un caserío en suelo no urbanizable en el que no hubiera habido una edificación previa”, rebatía la sentencia. Y agregaba que los caseríos pueden reconstruirse en suelo no urbanizable “siempre que se trate del mismo lugar en el que están ubicados”.

Por ello, concluía que la licencia para reconstruir en lugar distinto del que ocupaba el caserío “es, en consecuencia, nula de pleno derecho, conforme a lo previsto en el art. 47.1.g) de la Ley 30/2015, pues contraviene directamente el régimen de reconstrucción de caseríos previsto en el art. 30.2” de la ley de Suelo vasca.

El Superior señalaba que la nulidad de la edificación del palacete conlleva la ilegalidad de las obras de urbanización, que también fueron denunciadas en los tribunales. “Como consecuencia lógica, si no existe cobertura legal para ubicar el caserío en un lugar distinto, pierden su objeto las licencias administrativas relativas a los accesos al mismo”.

Además de la demolición, el Superior ordenó la apertura de un expediente sancionador urbanístico que afectaría tanto a los promotores como a los cargos y técnicos municipales que han intervenido.

Los promotores ya intentaron retrasar el derribo al pedir “un complemento de la sentencia” que cuestionaba la legitimidad en el pleito de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, el colectivo que llevó a los tribunales hace ya 10 años la construcción del casoplón. Pero el Tribunal Superior, en poco más de una semana, rechazó cuestionar a los denunciantes por ser “irrelevante”.

Los promotores se enfrentan a un perjuicio económico de casi 4 millones de euros. La multa se puede elevar a 2,4 millones, a lo que se agregan otros 150.000 euros del derribo y la restitución del terreno a su estado. El perjuicio se acercaría a los 4 millones de euros, con los 1,4 millones de euros que se calcula han costado las obras del palacete.

En estos diez años de pleitos se han conocido una quincena de irregularidades en este caso, desde el oscurantismo municipal, un rocambolesco expediente sancionador que se resolvió sin practicar pruebas y una licencia fantasma que apareció cinco años después hasta un informe de la Ertzaintza que confirmaba las irregularidades urbanísticas que fue obviado por un juzgado o los cinco imputados que quedaron exonerados por pararse la investigación judicial.

Además, el Tribunal Superior vasco tiene pendiente desde hace un año decidir sobre otra presunta ilegalidad del casoplón. En concreto, si el Ayuntamiento de Zarautz (colindante al de Aia) actuó ilegalmente a favor de palacete al conceder en 2015 la licencia de agua. El Consistorio se negó siquiera a debatir el asunto en junio de 2020 y una concejal del grupo de Podemos Equo Berdeak llevó el rechazo municipal a debatirlo a los tribunales. Es un tema que implica al entonces y todavía alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka (PNV), y un técnico municipal de Urbanismo.