El Tribunal de Cuentas fiscalizará la entrega del palacete de París al PNV como pedía el PP

Este martes Crónica Vasca adelantó la propuesta que el PP llevaba a las Cortes. Y este mismo día los populares se salieron con la suya: el Tribunal de Cuentas fiscalizará la entrega al PNV del palacete de París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio y que ahora ocupa el Instituto Cervantes. 

Así el Tribunal de Cuentas tendrá que decidir si el PNV es o no el legítimo propietario de este edificio parisino que tanta polémica ha suscitado en los últimos meses. 

La Comisión Mixta (Congreso y Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, en la que 'populares' y Vox cuentan con mayoría absoluta, tenía que decidir sobre esta posibilidad este martes.

La decisión ya está aquí. Porque PP y Vox votaron a favor. Y votaron en contra el PSOE, el PNV, Bildu y Sumar-Geroa Bai.

La entrega del palacete, que desarrolla la Ley de Memoria Democrática, iba en el primer decreto ley ómnibus del Gobierno que la oposición tumbó el pasado enero y se repitió en la versión posterior que sí fue convalidada por el Congreso.

Como ya contó este diario, el PNV alega que el edificio fue comprado por ellos para sede del Gobierno vasco en el exilio y que fue incautado por la Gestapo nazi, que se la regaló a la dictadura franquista, pero los 'populares' y Vox siempre cuestionaron la restitución y exigen ver los documentos que prueban ese relato.

"Si fue del PNV, ¿cómo, cuándo y por cuánto lo compró?", preguntaba, en cambio, la diputada del PP Pilar Alia.

Desde el PP recuerdan que la justicia francesa no validó la compra en los años cuarenta, pero fue en los años de la guerra y posguerra, y que el Supremo lo rechazó en una sentencia de 2003.

Desde el Gobierno y el PNV replican que la Alto Tribunal no entró en el fondo de la cuestión, sino que se limitó a decir que no encajaba en la Ley de Memoria de 1998 porque era un inmueble situado fuera de España. Eso cambió con la Ley de Memoria Democrática que está actualmente en vigor.

En el debate, recogido por Europa Press, la parlamentaria 'popular' señalaba que, si el Gobierno no da explicaciones, se podría pensar que esta restitución es "un regalo" a sus socios nacionalistas por un importe de casi 20 millones de euros y ha criticado que, durante seis años, el Instituto Cervantes tenga que pagar un alquiler al PNV por albergar su sede, lo que a su juicio puede suponer financiación ilegal del partido.