El PP aprieta a Bildu en el Congreso para que el Tribunal de Cuentas vuelva a fiscalizar su contabilidad

El Partido Popular quiere que el Tribunal de Cuentas vuelva a fiscalizar la contabilidad de Bildu en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 y vuelva a posicionarse sobre si la formación de Arnaldo Otegi tiene o no derecho a las subvenciones del Estado. El PP incide sobre un asunto sensible, sobre el que el Tribunal de Cuentas tuvo enormes dudas en su última fiscalización, abriendo incluso la puerta a dejar a Bildu sin los recursos del erario por incluir a etarras en sus listas electorales. El debate vuelve hoy a las Cortes Generales.

Como ya adelantó Crónica Vasca en marzo, el Tribunal de Cuentas tuvo serias dudas a la hora de dar su beneplácito a la financiación de Bildu en esas elecciones municipales. De hecho, el órgano que preside Enriqueta Chicano valoró la posibilidad de excluir al partido abertzale de esa financiación por haber incluido a 23 etarras en sus listas electorales.

Los ‘populares’ no pasan por alto este detalle ni el voto discrepante que una de las magistradas del órgano expresó en su día al informe definitivo sobre el partido de Arnaldo Otegi. Por eso, el PP llevará hoy, a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, una solicitud para que el Tribunal elabore otro informe específico sobre las subvenciones que debe recibir EH Bildu por esos comicios. La petición del PP saldrá adelante, salvo sorpresa de última hora, porque se trata de una comisión mixta, compuesta por diputados y senadores, y en ella el PP y Vox suman mayoría.

Bildu incluyó a 23 etarras en sus listas

Como publicó este diario, EH Bildu solo logró acceder a las subvenciones económicas que prevé la ley electoral en el trámite de alegaciones pero el debate interno en el Tribunal de Cuentas llevó incluso a un voto aclaratorio de la consejera Isabel Fernández Torres.

La institución que preside Enriqueta Chicano consideró durante su investigación que EH Bildu no había cumplido con las exigencias del artículo 127.4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG). Este artículo establece que el Estado no subvencionará los gastos electorales de partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que incluyan en sus listas a personas condenadas por delitos de terrorismo, entre otros, siempre que la sentencia sea firme y la persona no haya cumplido la condena.

Alegaciones de Bildu

Bildu planteó su disconformidad con estas conclusiones y alegó falta de competencia de la institución de acuerdo con el art. 127.3 de la LOREG, que establece que “únicamente será la autoridad judicial quien podrá acordar, de modo cautelar, la suspensión de la entrega al partido afectado de recursos procedentes de la financiación pública, cualquiera que sea su tipo o naturaleza iniciado el procedimiento de ilegalización de un partido político”.

El Tribunal de Cuentas recogió este intenso debate en su último informe sobre las cuentas electorales de Bildu. Ahí explica que, el 24 de septiembre de 2024, la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior realizó una consulta al Tribunal de Cuentas en relación con el devengo de la subvención electoral de Bildu. Si procedía abonarle el 90% en concepto de anticipo a la formación, toda vez que el partido había incluido en las listas electorales a 23 personas condenadas por alguno de los delitos a que se refiere dicho precepto.

En su deliberación, el organismo analizó dos informes de la Abogacía del Estado. El primero previo a las alegaciones de Bildu, concluía que no procedía el devengo ni el anticipo del 30% por encontrarse en el supuesto previsto el art. 127.4 de la LOREG. El segundo informe, ya tras escuchar al partido abertzale, concluyó, en sentido contrario, que sí procedía el abono del anticipo del 30% y del 90% de la subvención.

Un voto discrepante

El Tribunal de Cuentas no ha querido pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y ha decidido dejar en manos de “la autoridad competente” comprobar, con carácter previo al desembolso de la subvención, si Bildu cumple o no con los requisitos legales establecidos en la LOREG.

Sin embargo, la consejera Isabel Fernández remitió un voto aclaratorio de su posición en el que expresó su “disconformidad” con el tratamiento dado al caso de EH Bildu, “ya que la cuestión se relegó a una nota a pie de página en lugar de abordarse en el cuerpo principal del informe” sobre el partido.

En ese voto, explica que EH Bildu recibió un adelanto del 30% de la subvención (286.642,47 €) sin que la Junta Electoral Central lo rechazara. Sin embargo, el artículo 133 de la LOREG impide anticipos a formaciones que incumplan el artículo 127.4 de la LOREG.

Fernández comparte la posición del informe de que la autoridad competente debe verificar el cumplimiento de la ley antes de desembolsar la subvención y cree que el informe del Tribunal de Cuentas debió exponer más claramente la concurrencia de competencias entre diferentes órganos.

“Estimo precisas y necesarias las consideraciones aquí expuestas en relación con la concurrencia de competencias de otros órganos que, a mi juicio, deberían haber sido objeto de una exposición más desarrollada en el Informe aprobado por el Pleno”.