Bildu propone sanciones de hasta un millón de euros para los Airbnb ilegales y reincidentes

EH Bildu quiere atar en corto a los pisos turísticos de alquiler vacacional, “uno de los factores que más ha agravado” – en su opinión- la crisis de la vivienda, con una nueva regulación legal que prevé sanciones de hasta un millón de euros a las viviendas ilegales no registradas y la creación de una nueva unidad “encargada de realizar labores de inspección, control e informe periódico” sobre los anuncios y los inmuebles de Aribnb o Booking.

El grupo abertzale que dirige Mertxe Aizpurua acaba de registrar en el Congreso una proposición de ley con la que Bildu quiere regular la actividad de estos pisos turísticos y poner límites “cuando su expansión daña el tejido social, el derecho fundamental de la ciudadanía a una vivienda digna y la transformación de barrios, ciudades y pueblos en lugares ajenos a la vida social y familiar histórica de las mismas”, argumentan.

El texto legal propuesto por Bildu regula la actividad de las plataformas digitales que publicitan y gestionan viviendas de uso turístico y les pone deberes legales a ellas y a los anfitriones que recurran a esta actividad. Entre otros, la verificación de licencias o números de registro.

Bildu quiere que Airbnb, Booking y otras plataformas solo puedan anunciar viviendas de uso turístico que cumplan con los requisitos legales. Los anuncios de pisos en estas aplicaciones deberán incluir el número de licencia, el número de alojamientos del anfitrión, la naturaleza jurídica del anfitrión y sus datos verificados.

“La expansión descontrolada de las viviendas de uso turístico, un gran número de ellas sin licencia o número de registro para ofrecer estos servicios está generando un mercado que evita las regulaciones establecidas por las instituciones competentes, y en las que intervienen las grandes plataformas digitales de alquiler turístico”, razonan. “Un mercado que opera al margen de los procedimientos, marcos normativos y sistemas de licencias o números de registro que los ayuntamientos y el resto de las administraciones locales y autonómicas establecen”.

Actualmente los alojamientos turísticos que operan sin licencia o número de registro se sitúan, según los datos que aporta Bildu, “entre un 40 % y un 90 % del total dependiendo de la ciudad o territorio analizado. Datos que se sitúan en una tendencia alcista”.

Por ello y para acabar con esta evolución, la proposición de ley propone que solo se pueda contratar una estancia en alojamientos que hayan pasado el proceso de verificación. Y el contrato que propone Bildu deberá incluir: número de licencia, descripción del inmueble, datos del anfitrión, precio detallado, duración y otras cláusulas. “El titular de la licencia o número de registro deberá corresponder con el titular de la Vivienda de Uso Turístico ofertada, no pudiendo publicitarse ni realizarse la contratación de una Vivienda de Uso Turístico de cuya licencia o número de registro no sea titular”, explican.

Sanciones de hasta un millón de euros

Los diputados de Bildu también proponen un duro régimen sancionador para quienes se salten la regulación. Las sanciones serán impuestas por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Derechos Sociales u otras autoridades competentes.

La proposición de ley tipifica infracciones muy graves, como permitir la contratación de viviendas sin licencia o número de registro o sin verificación; permitir la contratación de una vivienda que carezca de permiso de habitabilidad y salubridad, que no esté vinculada con los datos personales del anfitrión.

Se consideran infracciones graves, como la publicación de anuncios incompletos o falsos; e infracciones leves, como omitir información secundaria en el anuncio. A cada tipo de infracción le corresponde un rango de sanciones que puede llegar hasta el millón de euros en los casos más graves y entre 50.000 y medio millón de euros para las infracciones graves. Se incluyen también circunstancias agravantes o atenuantes que permiten graduar la cuantía según el impacto social, económico o la intencionalidad de la conducta.