Bildu quiere endurecer la ley de 'lobbies' tras las puertas giratorias de Ortuzar

La izquierda aberzale quiere endurecer el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, los denominados lobbies. El grupo que dirige Mertxe Aizpurua en el Congreso ha presentado una batería de enmiendas que, entre otras cosas, pretenden aportar más transparencia sobre los políticos que cruzan las puertas giratorias desde el escaño o un Ministerio hasta la empresa privada para influir o presionar sobre quienes toman decisiones o reparten adjudicaciones.

Las puertas de la política vasca siguen girando hacia el lobby. Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, acaba de fichar como consultor externo de PwC.

Alfonso Alonso, exalcalde de Vitoria y exministro de Mariano Rajoy, es socio de otro exministro, José Blanco, en la consultora Acento Public Affairs, una de las firmas mejor posicionadas para el lobbismo político bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y Eduardo Madina, exdiputado socialista y antiguo contrincante de Sánchez en las primarias del PSOE, ejerce como socio de estrategia en otra consultora de lobby, Harmon Corporate Affairs.

Industria del automóvil, tabaqueras, el lobby de las bebidas alcohólicas, las poderosas eléctricas… Todos persiguen un mismo interés: que sus actividades y su cuenta de resultados se vean lo menos afectadas posible por la regulación autonómica, nacional y europea. Y para eso, quien tiene a un buen político con una buena agenda a su disposición, tiene un tesoro incalculable. Para todos estos casos, y para los que puedan ocurrir en el futuro, EH Bildu quiere más transparencia y mayor control.

El expresidente del PNV, Andoni Ortuzar

Obligar a los lobbies a declarar a qué políticos tienen en nómina

Una de las enmiendas de Bildu al Proyecto de Ley del Gobierno propone que el registro de lobbies previsto en el texto deba incluir una “relación de personas integrantes o que trabajen para el Grupo de Interés que hayan desempeñado cargos públicos y/o han ostentado un cargo en alguna organización política, durante los últimos cinco años desde el momento de la actualización”.

Con esta propuesta, Aizupura quiere “obligar a los integrantes de los grupos de interés a comunicar si han ostentado cargo público o si han sido personal público”.

El grupo abertzale quiere reforzar la ley de lobbies en lo que respecta también a los intentos de influencia de estos grupos sobre la actividad legislativa del Congreso o el Senado. Por ello, Bildu quiere que el ámbito de la ley “también se extienda a los grupos de interés que deseen desarrollar su actividad ante los miembros de las Cortes Generales” y que se incluya como “personal susceptible de influencia”.

El Proyecto de Ley fija como personal público susceptible de influencia a los altos cargos de la Administración General del Estado, a los miembros de los gabinetes ministeriales, al personal directivo de las empresas públicas a los “miembros y personal de las Cortes Generales, que participe en la toma de decisiones públicas, en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y en la ejecución de las políticas públicas”.

En aras a la transparencia, Bildu también quiere que el Registro de acceso público sobre los grupos de interés especifique de qué manera han intentado hacer lobby: “La norma o normas –explican- sobre las que se intenta influir, los argumentos y cómo impactaría la asunción de lo propuesto en la legislación final”. Y que todo eso quede igualmente reflejado en una huella normativa.

“La Oficina Independiente de Buenas Prácticas e Integridad Pública conjuntamente y en colaboración con la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales establecerán un sistema de huella normativa —explican—, que asegure la transparencia y trazabilidad en el proceso de desarrollo normativo y de otros tipos de iniciativas públicas, que incluirá todas las propuestas realizadas para el desarrollo de las mismas por los representantes de los grupos de interés”.

Ortuzar, Alonso, Madina: las puertas de la política vasca siguen girando hacia el lobby empresarial

Proponen crear un buzón para la persona informante

El texto propuesto por el Consejo de Ministros es el primer intento legal en España encaminado a regular la actividad de las empresas de asuntos públicos e influencia y los grupos de interés.

Bildu incluye, además, varias novedades como la creación de un buzón para la persona informante y destinado a recibir información o sugerencias relacionadas con actuaciones o conductas en las que puedan incurrir las autoridades, cargos públicos, el personal y altos cargos siempre que se refieran a asuntos sometidos al ámbito de aplicación de la ley.

“La actuación de la Oficina Independiente de Buenas Prácticas e Integridad Pública prestará especial atención a la protección de las personas que informen de posibles casos de vulneración de lo establecido en esta ley”, explican.

Ortuzar, Alonso, Madina: las puertas de la política vasca siguen girando hacia el lobby empresarial