El PNV quiere acabar en tres años con las restricciones antimonopolio para las petroleras

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda para modificar la actual normativa antimonopolio que limita la expansión de las estaciones de servicio de las grandes compañías petroleras en España (Repsol, Cepsa o BP, entre otras).

El grupo que dirige Maribel Vaquero en Madrid lo argumenta en una estrategia encaminada a la “descarbonización del transporte por carretera” que no será posible –dicen- sin una amplia red de gasolineras y electrogasolineras que se pueda implementar por todo el territorio nacional sin las limitaciones que marca la legislación actual. 

Los nacionalistas quieren actualizar la legislación del sector de hidrocarburos para adaptarla al nuevo contexto energético y fomentar una competencia más abierta en el mercado de combustibles.

La iniciativa plantea una modificación de la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2015, que desde hace una década impide a los grandes operadores —aquellos con más del 30 % de cuota de mercado— aumentar el número de estaciones de servicio bajo su control. Esta medida se introdujo originalmente como un mecanismo antimonopolio, destinado a evitar una concentración excesiva en el mercado minorista de carburantes.

El PNV considera que esa limitación, que debía ser transitoria, ya no tiene sentido en el mercado actual, donde ha crecido la competencia y la diversidad de operadores. Por ello, la formación propone suprimir progresivamente la restricción en un plazo máximo de tres años y revisar el cómputo de cuotas de mercado. 

“Ello contribuiría –aseguran- a reforzar la oferta de energía baja en carbono en la red de carreteras españolas, al poner a disposición de los usuarios opciones de abastecimiento para reducir emisiones. Por su parte, las estaciones de servicio abanderadas podrán ejercer su derecho a la libertad de empresa y acceder a un mayor abanico de opciones energéticas renovables para la movilidad, lo que les permitirá aportar mayor valor añadido al cliente final, garantizando su autonomía de decisión para dirigir y planificar su actividad en atención a sus recursos y las condiciones del mercado”.

Según el texto presentado, el objetivo del PNV es “garantizar la libertad de empresa” y permitir que las estaciones de servicio puedan elegir libremente a su proveedor energético, lo que —en opinión del grupo— reforzará la competencia y la oferta multienergética en un momento de plena transformación del sector. “La evolución del mercado y la estructura empresarial del sector actual no justifican que continúe vigente esta limitación”, aseguran.

Es más, a juicio del PNV, estas limitaciones frenan las inversiones necesarias para que las grandes petroleras puedan diversificar sus productos e invertir en sus infraestructuras de recarga eléctrica e hidrógeno.

El PNV enmarca su propuesta dentro de los objetivos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a las estaciones con mayores ventas a instalar puntos de recarga eléctrica. La formación sostiene que levantar la prohibición permitirá compartir inversiones entre gasolineras y grandes operadores, facilitando la implantación de nuevas energías bajas en carbono en toda la red viaria española.

Además, el texto destaca que el sector ha experimentado una notable evolución estructural desde 2015. El PNV argumenta que han proliferado nuevos competidores, como marcas blancas, cooperativas e hipermercados; asegura que las grandes petroleras ya no dominan el mercado como hace una década; y que las estaciones de servicio han incorporado nuevos servicios (tiendas, restauración, recarga eléctrica) que diversifican su negocio.

Un cambio gradual y con supervisión

La enmienda establece que la limitación a los grandes operadores se mantenga durante tres años más, pero con la previsión de su levantamiento total al finalizar ese plazo. El PNV justifica esta transición gradual por razones de “seguridad jurídica y estabilidad normativa”.

Durante ese tiempo, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá seguir publicando anualmente la lista de operadores que superen el 30 % de cuota de mercado, garantizando la supervisión pública del sector.