¿Corrupción en Getxo? La Ertzaintza investiga a tres concejales del PNV por el caso del palacete

Doce viviendas de lujo en uno de los grandes municipios vascos como Getxo. Este era el cometido del derribo del conocido como el palacete con vistas al mar Irurak Bat. 

Su demolición, siendo un inmueble protegido y construido en 1845 en el número 11 de la calle San Nicolás, ha dado lugar a dudas sobre cómo se ha hecho y este miércoles la Ertzaintza registraba el Ayuntamiento de Getxo por este caso que está recibiendo numerosas reacciones. 

Entrada al solar donde se encontraba el palacio derrumbado en la calle San Nicolás número 11 CV

Los agentes entraron en el consistorio con un único cometido: registrar los despachos de tres concejales del gobierno de coalición PNV y PSE —aunque el registro fue sobre los jeltzales—, y hacerse con documentos del caso que descansaban en sus ordenadores para conocer el trasfondo del caso y valorar si se trata de un posible delito contra el patrimonio histórico.

Según El Correo, quien ha destapado el caso, el objetivo principal fue encontrar indicios de que autoridades locales promoviesen junto a la cooperativa el derribo del palacete. 

Registro policial en el Ayuntamiento de Getxo por el caso del derribo del palacete protegido

En cualquier caso, se trata de una ubicación privilegiada con vistas al mar y cuya nueva promoción de viviendas tendrá áticos de más de 100 metros cuadrados y cuyas viviendas superarán el millón de euros. 

Reacciones al caso

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento vasco, Laura Garrido, ha pedido en una entrevista en Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, que la alcaldesa del consistorio, Amaia Agirre, dimita, y ha instado al PNV que dé explicaciones tras el registro en el marco de la investigación penal abierta. 

"Tan solo hemos oído las palabras de la alcaldesa, pero esas palabras son insuficientes, y no entendemos el silencio del PNV; esperamos que hoy diga algo sobre esta cuestión, ya que parece que hay cosas raras y podríamos estar ante algunos delitos", ha manifestado. 

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, en una imagen de archivo a 21 de abril de 2024 Iñaki Berasaluce Europa Press

Por su parte, el equipo de gobierno ha mostrado también su "preocupación" por el registro del edificio de Santa Clara, donde se encuentran las oficinas del área de Urbanismo del consistorio vizcaíno. 

"Somos los primeros interesados en aclarar cuanto antes esta cuestión”, aseguran los jeltzales de la localidad de Bizkaia, que ha indicado que el partido mantiene la confianza en sus cargos en el consistorio, ya que se ha actuado "en todo momento" de acuerdo con la ley. 

Investigación abierta

Debido al derribo del palacete sin la licencia correspondiente, el caso se encuentra en investigación y concretamente dos ediles con gran peso en el consistorio de esta localidad vizcaína están siendo investigados. 

Se trata de Ignacio e Iranzu Uriarte, quienes además de ser pareja, son socios de la cooperativa Ereaga Atalaya, quien llevó a cabo la demolición del inmueble. 

Por este motivo, un juzgado de la localidad getxotarra, se encuentra recabando información sobre el papel de ambos en el caso, así como el de otros técnicos y funcionarios del consistorio municipal. 

Situación actual de la parcela donde se encontraba el palacio tras su derrumbamiento a 15 de enero de 2026 CV

Delito contra el patrimonio histórico

La Ertzaintza está investigando el caso por un posible delito contra el patrimonio histórico, ya que la licencia de la que disponía la cooperativa no contemplaba el derribo en su totalidad como ocurrió en agosto del año pasado y a cuando se remonta el caso; sino que a lo que daba lugar era a la rehabilitación de este edificio, añadir un nuevo edificio de viviendas y en cualquier caso derribar las construcciones auxiliares, pero no el edificio en su totalidad.

Los técnicos municipales obligaron a mantener tres de las paredes del edificio, pero, el atestado policial de la investigación señala que, al tratarse de un Bien de Interés Cultural, debían haberse conservado las "cuatro paredes y la cubierta".

Por ello, además de un posible delito contra el patrimonio histórico, la Ertzaintza también estudia la posibilidad de que los autores de la demolición hayan podido cometer un delito de prevaricación, ya que estas autoridades responsables informaron "favorablemente" sobre el derribo por un caso que ha sido derivado a la Fiscalía por el grupo municipal EH Bildu del Ayuntamiento de esta localidad vizcaína.