La polémica por la semilibertad de Txeroki reabre el debate sobre la memoria en Euskadi

La concesión de terceros grados por parte del Gobierno vasco a varios presos de ETA ha vuelto a reabrir el debate sobre la memoria en Euskadi. 

A la semilibertad de Txeroki y Asier Arzalluz —la Fiscalía la ha recurrido— se ha sumado la de José Ramón Carasatorre, del que se ha conocido esta misma semana que goza de este régimen desde el pasado 2 de enero. 

Todos ellos pueden salir de la cárcel de lunes a viernes con la obligación de volver para dormir. 

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Unas concesiones que, además, coinciden en el tiempo con varios aniversarios de personas asesinadas por la banda terrorista.

En enero se cumplieron 31 años del asesinato del concejal del PP, Gregorio Ordóñez, en febrero, 30 del histórico dirigente socialista Fernando Múgica y este mismo domingo, se cumplen 26 años de las muertes del también socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez-Elorza. 

El exvicelehendakari y entonces portavoz del PSE en el Parlamento vasco, Fernando Buesa, asesinado por ETA el 22 de febrero del 2000 Fundación Fernando Buesa

Terceros grados "fraudulentos"

La semilibertad de varios presos de ETA ha sentado como un jarro de agua fría a las víctimas.

Una de las más críticas ha sido Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, y más aún al conocerse que Carasatorre, uno de los asesinos de su hermano, está en régimen de semilibertad desde principios de año. 

A Covite se han sumado otros como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el PP o Vox. Todos ellos coinciden en que estos terceros grados son "fraudulentos" y que el Gobierno vasco "sigue la dirección marcada de EH Bildu". 

"La ley no obliga a conceder ni terceros grados, ni el artículo 100.2, ni ningún otro mecanismo de flexibilización del cumplimiento de las condenas. La ley dice que se podrá conceder, no que se deba conceder. Ahí está la trampa", denuncia Covite. 

En el caso, por ejemplo, de Txeroki, condenado a 400 años de prisión, no ha llegado a cumplir las tres cuartas partes de su condena. Y, aunque Covite reconoce que estas decisiones tomadas por la consejera de Justicia, María Jesús San José, son "legales", reprocha que se hayan concedido estos terceros grados "sin que los presos de ETA hayan demostrado un arrepentimiento real". 

Consuelo Ordóñez durante la ofrenda floral en recuerdo del dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Europa Press

"Mismos derechos" que el resto de presos

Por su parte, el Gobierno vasco ha defendido su gestión desde el principio.

El ejecutivo ha señalado que ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que no es como tal un tercer grado, sino una fórmula intermedia "a la preparación" para la salida de la cárcel.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha insistido en que "no se trata de privilegios" y el lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que los presos de ETA "tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de presos" y ha pedido "respeto" para las víctimas. 

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Delegitimación del relato

Todo este asunto es indudable que ha causado dolor a las víctimas de la banda terrorista y ha comprometido la memoria histórica. 

En este punto entran en conflicto varios aspectos. Las víctimas han hecho especial hincapié en la "falta de arrepentimiento y de colaboración", lo que puede suponer una cierta deslegitimación del relato porque, precisamente, estos son dos puntos que se consideran indispensables para la reinserción del reo en la sociedad.

Además, todo ello también ha propiciado, en algunos sectores, una percepción de impunidad y trato a favor, mientras que el Gobierno vasco sostiene que aplica la ley tal y como se recoge en el Régimen Penitenciario. 

Todo ello, para muchas víctimas, distorsiona la memoria de todo lo ocurrido y se olvida, en cierta manera, de la gravedad de los atentados de ETA.