Imanol Pradales y Pedro Sánchez en La Moncloa.
Una plataforma recurre al Supremo el traspaso a Euskadi de las competencias sobre Seguridad Social
Impulso Ciudadano lleva a los tribunales los acuerdos de los gobiernos central y vasco
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Una plataforma constitucionalista lleva a los tribunales el traspaso a Euskadi de competencias sobre Seguridad Social pactado por los gobiernos central y vasco. Impulso Ciudadano recurrirá ante el Tribunal Supremo las citadas transferencias.
Más en concreto, este colectivo ha anunciado en un comunicado que está preparando la interposición de varios recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo frente a las normas aprobadas por el Gobierno que transfieren al País Vasco la gestión de las prestaciones por desempleo, determinadas prestaciones familiares no contributivas del sistema de Seguridad Social y el seguro escolar.
"Los recursos se dirigirán frente a los correspondientes reales decretos de traspaso de las competencias al País Vasco y las órdenes ministeriales que publicitan los convenios de transferencia".
La entidad de corte constitucionalista considera que estas transferencias "quiebran principios esenciales del sistema constitucional de Seguridad Social y generan un precedente institucional extremadamente grave".
Es decir que este grupo constitucionalista va a intentar impedir que se consumen los acuerdos alcanzados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales.
Peligrosa territorialización
Impulso Ciudadano recuerda que "el artículo 41 de la Constitución Española establece que los poderes públicos deben mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos".
A su juicio, "ste mandato constitucional se ha construido históricamente sobre tres pilares básicos: la unidad del sistema, la solidaridad financiera de todos los ciudadanos y la igualdad en el acceso a las prestaciones".
Para Impulso Ciudadano las transferencias aprobadas por el Gobierno "ponen en riesgo este modelo constitucional, al introducir mecanismos que pueden conducir a una progresiva territorialización de prestaciones del sistema de Seguridad Social".
En particular, es especialmente preocupante que los convenios de transferencia vinculen el coste de determinadas prestaciones al mecanismo de cálculo del cupo del Concierto Económico, conectando así el sistema de Seguridad Social con el sistema de financiación territorial de Euskadi.
"Si atendemos a los datos estadísticos oficiales de la Seguridad Social, relativos a las prestaciones no contributivas, la aplicación del cupo supondrá una sobrefinanciación en porcentajes que superarán en muchos casos el 200 % y que incluso llegarán al 1000% en las prestaciones de hijo a cargo mayores de 18 años con discapacidad del 75%".
Consideran que esa "sobrefinanciación" pasará a ser soportada por el Sistema de Seguridad Social, que sufrirá la detracción de unos recursos que, además, no tendrán ya por objeto financiar prestaciones del sistema.
Este diseño plantea serias dudas sobre su compatibilidad con el principio de unidad de caja y con la competencia exclusiva del Estado sobre el régimen económico de la Seguridad Social, prevista en la Constitución.
Un precedente
Esta asociación considera que las normas aprobadas no constituyen una mera “reorganización administrativa”, sino que pueden suponer una alteración estructural del modelo de Seguridad Social diseñado por la Constitución de 1978.
Impulso Ciudadano lamenta que "la política de pactos entre el PSOE y el nacionalismo vasco esté impulsando decisiones que afectan a uno de los pilares fundamentales del Estado social".
Por ello, denuncian que "la Seguridad Social constituye una de las instituciones que mejor reflejan la solidaridad entre los españoles y la cohesión del país. Alterar su arquitectura institucional y sus principios rectores por razones coyunturales de estabilidad parlamentaria supone, a juicio de esta asociación, un grave error político".
