La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, en una imagen de archivo Europa Press
San José sobre el 100.2: "Ojalá pudiéramos evitar el dolor, pero no podemos hacerlo incumpliendo la ley"
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, defiende que la reinserción es un mandato constitucional
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"Ojalá pudiéramos evitar el dolor y el sufrimiento que los delitos del terrorismo de ETA han causado, pero no podemos hacerlo incumpliendo la ley".
Son las palabras de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, recogidas en una entrevista concedida a Europa Press en la que la dirigente socialista ha defendido la legalidad de los permisos y la flexibilización de condenas a través de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, en la entrevista concedida a Europa Press Europa Press
A pesar de asegurar en sus líneas que "no hay pena para compensar el dolor que las víctimas sienten", San José subraya que "las decisiones en materia penitenciaria no se adoptan a la ligera" y que suponen "un triunfo del Estado de Derecho que los presos de ETA sean capaces de reconocer el daño causado y se acojan a esa legalidad penitenciaria".
Bajo esta premisa, la consejera también ha querido remarcar que el compromiso de su departamento "se centra en acompañar y escuchar a las víctimas, poniendo a su disposición todas las herramientas para que comprendan que no están solas" en ese camino "hacia la verdad, la justicia, la reparación y el reconocimiento de su dignidad".
Casos recientes
Son numerosos los casos de concesiones de regímenes de semilibertad a presos de ETA desde que el Gobierno vasco asumió las competencias en materia penitenciaria. Los colectivos que defienden los derechos de las víctimas del terrorismo llevan tiempo denunciando estos casos.
Entre los casos más recientes figuran el del abogado de presos de ETA Jon Enparantza y el de Juan Ramón Carasatorre, condenado, entre otros delitos, por el asesinato del dirigente del PP Gregorio Ordóñez. Junto a la nueva concesión del artículo 100.2 a Carasatorre, el Gobierno vasco también otorgó este régimen de semilibertad a Félix Alberto López de la Calle, alias "Mobutu".
La aplicación de este permiso sigue generando incógnitas. En el caso de Carasatorre, por ejemplo, el Gobierno Vasco le concedió en primera instancia un régimen de semilibertad con el que podía salir de la prisión de lunes a viernes para trabajar o hacer voluntariado, un permiso que le fue revocado por la Audiencia Nacional, pero que bajo insistencia del Ejecutivo Autonómico se le ha vuelto a conceder.
"Ojalá pudiéramos evitar el dolor y el sufrimiento que estos delitos han causado, pero desde luego no podemos hacerlo incumpliendo la ley", asegura.
"Van a salir de prisión"
San José asegura que quedan 107 internos de la banda, con un 90% de solicitudes de "aplicación de normas del Estado de Derecho que hasta hace unos años combatían". En ese sentido, la consejera afirma que "la sociedad tiene que concienciarse" de que, al final, los presos van a salir de prisión y se debe aspirar a que "salgan mejor de lo que han entrado".
La dirigente socialista reivindica que "la reinserción es un mandato constitucional y, por lo tanto, un principio básico del derecho penal", que "no significa impunidad ni olvido, sino cumplimiento de la condena de acuerdo a la ley, responsabilizándose del hecho, con control judicial y con orientación para evitar la reincidencia".
"No debemos olvidar que quienes están cumpliendo condena van a salir, van a estar en la calle, van a incorporarse a la sociedad y lo deseable es que se reincorporen mejor de lo que han entrado, a ser posible completamente reinsertados, independientemente del delito que cometan", destaca.
La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, en la entrevista concedida a Europa Press Europa Press
Sin "fraude"
En cuanto a la "sinceridad" de estos internos, asevera que "los equipos técnicos en sus informes, en sus evaluaciones, tienen en cuenta que haya una coherencia entre la evolución del interno y sus acciones, entre lo que hace y lo que dice". "Si pensáramos que hay fraude, si pensáramos que solo se busca el beneficio, no se concedería ninguna progresión y ninguna aplicación del 100.2", indica.
Tal como precisa, además, "quien accede a una progresión de grado o al 100.2 y sale a trabajar o hace alguna actividad de voluntariado, porque así lo aconseja su programa de tratamiento, sigue cumpliendo su condena y no está en libertad".
En este sentido, insiste en que su labor es "lograr que los presos de ETA, cuando salgan de la cárcel, no sean las mismas personas que entraron, que su discurso del pasado no se sostenga, que sean capaces de interiorizar el daño que han causado y decir que no tenían que haberlo hecho".
El 100.2 y terceros grados
María Jesús San José remarca que el 100.2 del reglamento penitenciario es "una herramienta legal individualizada que se aplica caso por caso en función de informes técnicos y circunstancias muy concretas".
![Imagen de archivo de un acto a favor de los presos de ETA.](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/523104.jpg?p=w:320\/h:240&h=yNLHvVU5"])
"Los equipos técnicos analizan cada expediente de forma completamente individualizada, atendiendo al cumplimiento de requisitos objetivos, a la evolución personal, a la asunción de la responsabilidad, al riesgo de reincidencia y las posibilidades de reinserción. Son profesionales y, cuando plantean una cuestión como esta, es porque se ha acreditado esa evolución", subraya.
Por ello, manifiesta que el Gobierno vasco está "cumpliendo estrictamente la ley, las decisiones están motivadas y sometidas a control judicial".
"En los casos en los que se pueden revocar o no autorizar por los tribunales, no es porque la Administración haya cometido ninguna irregularidad ni ilegalidad, sino que nos encontramos ante una discrepancia técnica o jurídica dentro del marco legal vigente", aclara.
Respecto a los terceros grados, señala que se ponderan "el tiempo transcurrido y la evolución acreditada". "Ahí no hay ninguna discrecionalidad ni ninguna arbitrariedad, porque cada uno, tanto la Administración como, en este caso, el control judicial, decide dónde pone ese foco y cuál es su valoración y cuál es su ponderación", apunta.
Por último, manifiesta que existe un grupo reducido de reclusos de ETA que se niega a hacer este recorrido legal, y que también acabará saliendo de prisión cuando cumpla condena, pero "sin haber cambiado absolutamente nada y haber hecho ningún tratamiento que contribuya a su reinserción".
'Pertur'
Por otra parte, María Jesús San José, ha querido hacer suyas las palabras del secretario general del PSE, Eneko Andueza, que en el 50 aniversario de la desaparición del exdirigente de ETA Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', exigió al Estado "que haga todo lo que esté en sus manos para localizar a los desaparecidos durante la transición, y que toda aquella persona que sepa algo, venza el miedo y hable".
![Acto en Irun por el 50º aniversario de la desaparición de 'Pertur'.](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/559868.jpg?p=w:320\/h:240&h=gb8l7gEM"])
A juicio de la consejera, "es un paso fundamental" la modificación de la Ley de secretos oficiales. "Tenemos que ser capaces de mirar al pasado por muy sucio y doloroso que este sea y, si creemos firmemente que hasta que no sanemos todas esas heridas no vamos a poder tejer una convivencia firme y sólida, no entiendo qué sentido tiene seguir escondiendo una documentación que tanto podría aportar a tantas familias como la de Pertur, la de Lasa y Zabala o a las de las víctimas de Bahía de Pasaia, etc", incide.
