Las actuaciones policiales durante la pandemia se cuelan entre las quejas al Ararteko en 2020

La Defensoría del Pueblo del País Vasco (Ararteko) ha presentado este martes su informe anual de 2020, un balance marcado por la pandemia que ha modificado la temática de las quejas ciudadanas, pues muchas de ellas tienen que ver con las actuaciones policiales encaminadas a velar por el cumplimiento de las restricciones sanitarias. El otro gran asunto que ha centrado las reclamaciones de los vascos ha sido la dificultad que han encontrado las personas sin recursos a la hora de tramitar la petición de ayudas sociales por internet. "No tengo la impresión de que ningún problema se haya quedado bajo la alfombra sin resolver", ha precisado en rueda de prensa el ararteko, Manu Lezertua, aunque ha admitido que las administraciones han podido cometer errores y retrasar o precipitar decisiones, algo comprensible en un escenario de incertidumbre marcado por el coronavirus.

El año pasado se presentaron 6.437 quejas en el Ararteko, una cifra menor porque la covid obligó a cerrar sus oficinas, y se iniciaron 30 expedientes de oficio. El área de Seguridad fue objeto del 6,85 % de las reclamaciones y una parte "significativa" estuvo relacionada con los estados de alarma y la "severa limitación de derechos fundamentales", según consta en el informe. Estas quejas denunciaban en muchos casos un "uso desproporcionado e injustificado de la fuerza" y detenciones "carentes de justificación" por parte de la Ertzaintza y las policías locales en su labor de velar por el cumplimiento de las limitaciones de movilidad, sobre todo durante el confinamiento domiciliario. También se han recibido "numerosas quejas y consultas" sobre los criterios con los que estos cuerpos han aplicado las restricciones al basarse en "conceptos jurídicos indeterminados" como "la situación de necesidad y la fuerza mayor", que requiere de "una valoración previa de cada caso".

Problemas con la gestión de las ayudas sociales

Este tipo de enunciados "otorga un amplio margen de discrecionalidad a los agentes y puede dar lugar valoraciones muy diferentes de una misma realidad", señala el documento. Lezertua ha estimado algunas de estas quejas y "desde el máximo respeto y reconocimiento al trabajo" de estas policías ha recordado que "esas circunstancias no pueden amparar ni justificar actuaciones que no sean respetuosas con los derechos y libertades ciudadanas". La pandemia se ha dejado notar en "todas las áreas de trabajo" de la institución, también en la relativa a servicios sociales. Así, personas en situación de exclusión social denunciaron dificultades para tramitar ayudas por el cierre de oficinas, el colapso de los teléfonos de atención al público y su carencia de recursos y destrezas digitales para hacerlo por internet.

Así, hubo 497 reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión, de los cuales 434 (el 88 %) fueron por problemas con la gestión de Lanbide sobre Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda. A lo largo del año pasado el Ararteko prestó un total de 7.064 servicios en sus oficinas, de ellas 3.882 fueron quejas y consultas (se presentaron otras 2.525 por escrito) y se dio asesoramiento telefónico a 3.182 personas. Se resolvieron 2.061 expedientes de queja y se dictaron 1.432 resoluciones, según las cuales la administración afectada tuvo una actuación incorrecta en el 43 % de los casos, un porcentaje inferior al de 2019 (49 %). Además, en el 82 % de los casos la administración correspondiente ha corregido la actuación que originó la reclamación. El Gobierno vasco concentró casi el 54 % de las quejas, los ayuntamientos más del 35 % y las diputaciones cerca del 10 %.