El plan de Justicia digital destinará 100 millones a agilizar trámites y acabar con el papel

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha pesentado esta mañana en Consejo de Gobierno las líneas maestras del  Plan de Justicia Digital 2021-2026, con el que se prevé "transformar y mejorar la gestión administrativa en los tribunales y agilizar las gestiones para la ciudadanía".

El plan parte de una estimación inicial de inversión de unos 100 millones de euros y es uno de los ejes sobre los que girará el futuro Plan Estratégico de Justicia 2022-2028.

"Con este plan cambiaremos los sistemas tecnológicos actuales y los procedimientos en papel, y evolucionaremos hacia una Justicia altamente digitalizada, que sea más eficiente, menos costosa, y que preste un mejor servicio a las personas usuarias”, según explica la consejera Artolazabal.

Esta digitalización de la Justicia se está queriendo abordar en el conjunto del sistema judicial español como clave para su modernización. Precisamente este martes la Conferencia sectorial de Justicia, en la que participan el Ministerio y las comunidades autónomas con competencias transferidas, ha pactado  el reparto de 63,3 millones de euros procedentes de los fondos europeos, de los que 8,5 millones irán a Euskadi. Estos fondos destinarán fundamentalmente a impulsar la digitalización de los servicios.

El Plan de Justicia Digital tratará de "aprovechar todo lo bueno que aporta la digitalización e, incluso, la inteligencia artificial" para mejorar la organización y el funcionamiento interno de la Justicia y la forma en la que esta se relaciona con la ciudadanía.

En este sentido, uno de los principales hitos de este plan será la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), que estará operativo en 2023, gracias, entre otras cosas, al convenio firmado por el Gobierno Vasco con el de Navarra para la utilización de su sistema de gestión informática Avantius.

Con ello se "disminuirá radicalmente la Justicia en papel y se impulsarán actuaciones y juicios digitales, incluso no presenciales. Habrá actividades basadas en la inteligencia artificial, como, por ejemplo, la textualización de vistas videograbadas o un traductor neuronal judicial”, segun explica Javier Landeta, director de Justicia Digital e Infraestructuras del Gobierno vasco.

Landeta ahonda en los beneficios que aportará a la ciudadanía este plan, cuyo “producto más relevante acabará siendo la Carpeta de Justicia”, en la línea de la Carpeta de Salud de Osakidetza, y “la posibilidad de que el personal de Justicia trabaje en clave digital”.

Según las estimaciones del Departamento de Beatriz Artolazabal, el plan afectará a alrededor de 250 jueces y juezas, a un centenar de personas de Fiscalía y a otros dos centenares de la Abogacía de la Administración de Justicia, además de a más de 2.300 personas dependientes del Gobierno vasco como  personal de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, Medicina Forense y Personal Laboral.

Junto a ello, también se verán afectados casi 5.700 abogados, 330 procuradores, medio millar de graduados sociales y, de una manera más indirecta, más de un centenar de notarios, y más de 40 registradores.

El último año entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, se han realizado más de 115.000 videograbaciones y más de 17.000 videoconferencias; se han registrado más de 140.000 incidencias en el punto de contacto de personas usuarias del servicio de informática judicial y ha habido más de 1.130.000 accesos totales a justicia.eus.