El final de la dispersión marca el arranque de la década 2 sin ETA

2022 ha dado inicio a la segunda década sin el terrorismo de ETA. Un periodo nuevo en el que aún se siguen gestionando las consecuencias de años de violencia en Euskadi, con juicios de casos pendientes y la consolidación de una cambio notorio en la política penitenciaria hacia el fin definitivo de la dispersión de los presos de la banda terrorista. Un año que ha sido el primer ejercicio completo en el que el Gobierno vasco ha gestionado las cárceles vascas, tras hacerse con la competencia de Prisiones el 1 de octubre de 2021.

La asunción de las cárceles -un proceso en el que los funcionarios han denunciado un empeoramiento de los penales y la propia Artolazabal ha reconocido que es un movimiento que tardará años en asentarse- se ha desarrollado de forma simultánea a una aceleración de los acercamientos de presos de ETA por parte de Gobierno central, que solo en el pasado año autorizó 145 traslados y en este 2022 ha aprobado 81.

Los traslados se han acelerado hasta el punto de que, si el 31 de diciembre de 2021 el 48% de los reclusos de ETA (92) cumplía condena en las cárceles de Euskadi y Navarra, a día de hoy ese porcentaje se ha incrementado hasta el 84%. Entre los reclusos que han llegado este 2022 a prisiones vascas figuran algunos de los exdirigentes de mayor peso y simbolismo, como Francisco Javier García Gaztelu "Txapote", condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, o Henri Parot.

Según la última actualización de datos de Etxerat, actualmente 148 presos cumplen condena en las prisiones de Martutene, Zaballa, Basauri y Pamplona, mientras que solo 14 están ingresados en centros penitenciarios del resto de España. La más alejada de ellos es Irantzu Gallastegi, interna en Estremera (Madrid), a 520 kilómetros del País Vasco. En Francia permanecen otros 12 reclusos: 11 de ellos acercados a Lannemezan, a 330 kilómetros; mientras que una, Ainhoa Ozaeta, se halla en la cárcel de Reaud (Sud Francillen), a 925 kilómetros.

Unas prisiones cada vez más llenas

Según los mismos datos de Etxerat la administración central ha autorizado en este 2022 un total de 81 acercamientos. Además 20 condenados por terrorismo han sido excarcelados: 14 de ellos por cumplimiento íntegro de condena y 6 en libertad condicional. Bajo la gestión penitenciaria del Gobierno vasco -donde Lakua ha llegado a rechazar traslados de presos por falta de espacio- se encuentran actualmente 119 reos de ETA, de los que 66 están internados en la cárcel alavesa de Zaballa, 23 en la de Basauri y 30 en la donostiarra de Martutene. En el centro penitenciario de Pamplona cumplen pena 10 reclusos vinculados con ETA, otros 16 lo hacen en sus domicilios y dos están ingresados en centros especiales.

Este flujo de traslados se ha traducido en un incremento en casi 300 personas de la población penitenciaria de la Comunidad Autónoma Vasca, que es lo que ha hecho que Igualdad -el departamento que gestiona Prisiones y Aukerak, la agencia de reinserción- acuse la falta de espacio. Ese problema se verá parcialmente solucionado en 2024, cuando está previsto que se abra la nueva cárcel donostiarra de Zubieta, que cuenta este año con financiación de los PGE para ir concluyendo las obras y aportar 300 plazas más para las prisiones vascas sustituyendo al centro de Martutene.

Entre las potestades que ha estrenado el Gobierno vasco está la de gestionar la progresión de grado de los reclusos, en coordinación con las juntas de tratamiento de las cárceles de Euskadi, uno de los aspectos más polémicos, que las asociaciones de víctimas de terrorismo vigilan de cerca. La administración vasca ha clasificado en tercer grado en 2022 a 444 presos, de los que 29 tenían vinculación con ETA. Sin embargo, estas decisiones, avaladas por citadas juntas de tratamiento, no están siendo pacíficas, ya que la Audiencia Nacional ha recurrido cerca del 80 % de los casos referidos a presos de la organización terrorista. De hecho, siete de estas progresiones de grado correspondientes a reclusos relacionados con ETA han sido revocadas por la Audiencia Nacional y los presos han vuelto a prisión en segundo grado.



El Gobierno vasco ha recordado que los funcionarios que elaboran los informes favorables a la concesión de estos terceros grados son los mismos que los redactaban antes de que se completara la transferencia de prisiones, pero la Audiencia Nacional, en sus resoluciones, exige a los presos una posición más explícita de solicitud de perdón a las víctimas.

Juicios aún abiertos

Al mismo tiempo que el número de presos de ETA disminuye y que la dispersión se ha convertido en un fenómeno casi residual, la justicia continúa su trabajo de esclarecimiento de atentados de ETA y de asunción de responsabilidad a sus dirigentes.



Por ese motivo, la Audiencia Nacional ha celebrado este año juicios por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Miguel Zamarreño o Juan Priede, ante el rechazo de Sortu, el partido integrado en EH Bildu, que considera que estos procedimientos constituyen una "venganza" y afirma que, once años después del silencio de las armas, es necesario "vaciar" las cárceles en lugar de volver a llenarlas.