Lazkano: "No es justo que una tecnología irresponsable le pida un uso responsable a un niño de 12 años"

Con una amplia trayectoria en el acompañamiento a adolescentes, familias y centros educativos, Telmo Lazkano forma parte del comité de expertos del Ministerio de Infancia y Juventud para el desarrollo de entornos digitales seguros, así como miembro del proyecto H.A.R.M.O.N.Y. de la Unión Europea y ha sido reconocido por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco con el premio a la mejor práctica en el ámbito de las adicciones (2022-2024).

Profesor durante años en el Centro Territorial de Gipuzkoa para la Atención Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-Educativa, su campo de trabajo se sitúa en la intersección entre psicología, pedagogía y tecnología, con un foco particular en el impacto que está teniendo la digitalización sobre la salud mental y la educación de menores.

¿Está un niño de 12 años preparado para usar responsablemente un móvil?

La neurociencia indica que la corteza prefrontal —que regula la planificación, el control de impulsos y la toma de decisiones—, no madura hasta los 25 años aproximadamente, con un punto de inflexión de madurez fisiológica importante entre los 16 y 18, de ahí que la sociedad sitúe en esa franja actividades que requieren un desarrollo psicoemocional mínimo, como obtener el carné de conducir, entrar en un casino o consumir alcohol, y en parte de ahí nace también la necesidad de que debamos retrasar la edad para la adquisición de un dispositivo tan potente hasta por lo menos esa franja.

Sin embargo, no se trata solo de entender la etapa evolutiva en la que se encuentra la persona, sino también de lo que les ponemos en las manos. Le pedimos a niños que ejerzan una autorregulación que fisiológicamente no pueden sostener, sobre productos creados para desactivar las zonas del cerebro asociadas al juicio y a la razón, y potenciar las del deseo y la emoción.

¿Qué papel juega la industria en esta cuestión? 

La propia industria define un “buen” producto digital, no en función del bienestar que aporta, sino de su stickiness, es decir, la capacidad de mantenernos pegados a la pantalla. Para los fondos de inversión que financian estas empresas como Sequoia Capital, un producto es “sano” cuando atrapa al usuario y le hace volver una y otra vez. Dicho de otra forma: cuando es adictivo. Los patrones están diseñados para generar deliberadamente una adicción o comportamientos compulsivos como revisar el móvil continuamente. 

Por eso, no es justo que una tecnología irresponsable le pida un uso responsable a un niño de 12 años. Lo que pretenden es derivar la responsabilidad a progenitores, docentes y a los propios menores. Es hipócrita porque son ellos los que diseñan sus productos y servicios para captar cuanto más la atención del menor, recopilar sus datos y ofrecérselos a los anunciantes. 

Y, nosotros, como sociedad, caemos en la trampa…

Sí, estamos comprando el discurso “del uso responsable” de las grandes tecnológicas y delegando en menores la responsabilidad de autorregularse —frente a dispositivos que ni siquiera los adultos conseguimos gestionar con facilidad—, en lugar de protegerlos con políticas públicas, educación digital gradual y crítica y regulaciones serias a una industria demasiado poderosa a falta de ética y moral.

Telmo Lazkano, investigador y divulgador experto en educación digital Cedida

Hoy sabemos que esta mercantilización constante de su atención y de sus datos impacta directamente en su salud mental. Lo que tenemos ahora, siendo francos, son multinacionales diseñando productos digitales para mantener a los menores el máximo tiempo posible en sus plataformas y extraer rentabilidad económica a costa de su bienestar. Eso tiene un nombre: explotación infantil.

Por suerte, instituciones como Naciones Unidas o la UNESCO ya tratan este asunto como un problema urgente, dictaminando que los datos de los menores no deben ser explotados ni pueden aplicarse sobre ellos técnicas de manipulación. Ya es hora de llevar la teoría a la práctica y que se cumpla realmente la Declaración Europea sobre los Derechos y principios Digitales para la Década Digital (2023), y garantizar que "es la persona la que está en el centro y es la digitalización la que debería ponerse al servicio de la salud de las personas, no sacrificar a las personas para mantener la salud de la industria digital".

Califica esta situación de un problema de salud pública, ¿puede profundizar en esta idea? 

Sí. Instituciones científicas como la Asociación Española de Pediatría ya lo han señalado así, así como el informe español de expertos, del cual formé parte. Incluso las propias empresas tecnológicas, en filtraciones internas como los Facebook Files, o los ocurridos este año con TikTok, han reconocido el impacto negativo severo de sus productos. 

Además, no es casualidad que 41 estados federales de Estados Unidos hayan demandado a META, acusándola de fomentar problemas de salud mental y adicción entre menores, y 15 a TikTok tras las últimas filtraciones. Incluso el máximo representante de salud en Estados Unidos, el surgeon general dr. Vivek H. Murthy, así lo estipuló el año pasado.  

Estudios y ensayos clínicos indican que el abuso de pantallas está fomentando graves consecuencias en la población joven…

No hablamos de casos aislados, hablamos de una generación entera afectada. Por eso estamos hablando de un problema de salud pública: Fomento de los trastornos del sueño, dificultades de concentración, problemas de socialización y un aumento de la ansiedad y la depresión en adolescentes, entre otros.

Ahora bien, tan importante como esto es mirar la otra cara de la misma moneda: el modelo de negocio. Según un estudio de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, en 2022 las plataformas Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X y YouTube ingresaron 11.000 millones de dólares en publicidad dirigida a menores de 18 años. Cuanto antes consigan perfilar a una persona, más fácilmente podrán retenerla y manipularla a largo plazo, creando una dependencia difícil de romper.

¿Cuál es la solución a corto plazo?

A corto plazo: Regular, retrasar y educar. 

Desde el punto de vista regulatorio, no se le prohíbe directamente nada al menor. Al igual que no se le prohíbe beber alcohol, sino su venta; o al igual que no se le prohíbe entrar en una discoteca, sino que se lo prohíbe a la discoteca la entrada de menores. En este caso, la responsabilidad de cumplir la ley recae sobre el propio establecimiento. Es lo que ha realizado Australia, y Francia lo está planteando.

En este sentido, en realidad no se le prohíbe nada al menor; sino que se les prohíbe a estas empresas que puedan acceder con sus productos potencialmente dañinos a menores, y se obliga a que las tecnológicas asuman, al igual que ocurre en el mundo offline, la responsabilidad legal plena de cumplir con esta norma, tanto en el plano civil como en el penal. Lo que no es legal en el mundo offline, no debe serlo en el mundo online.

Y, ¿respecto a retrasar y educar?

Retrasar la entrega del primer smartphone es clave, porque estamos hablando de introducir a los menores en un contexto complejo y lleno de riesgos. Pero retrasar no basta: hay que acompañar este proceso con una alfabetización digital crítica y gradual. 

Aquí las familias y las escuelas tienen un papel fundamental. Y, además, hacerlo de forma colectiva lo hace más sencillo y saludable: iniciativas ciudadanas como Altxa Burua son un ejemplo loable de cómo, cuando las comunidades educativas deciden retrasar conjuntamente la entrega de smartphones, los beneficios se multiplican tanto para los progenitores como para los menores. Pero no puede recaer todo el peso en el hacer voluntario de familias y comunidades educativas, debe de haber un apoyo institucional férreo.

Telmo Lazkano, investigador y divulgador experto en educación digital Cedida

¿Qué rol juegan las instituciones ante este problema?

El papel de las instituciones es absolutamente vital. Su responsabilidad es proteger a la ciudadanía frente a industrias cuyos intereses, en demasiadas ocasiones, no están alineados con el bienestar social, y mucho menos con la protección de los más vulnerables: niños y adolescentes.

Debemos recordar que la tecnología no es neutra. Si bien hay tecnologías maravillosas que claramente están a nuestro servicio, como aquellas que detectan la dislexia o ayudan en la investigación del cáncer, algunas tecnologías persiguen que nosotros estemos a su servicio. Es el caso de muchas redes sociales, cuyo objetivo no es la salud ni la educación de los menores, sino retenerlos el máximo tiempo posible para rentabilizarlos económicamente, aun yendo en contra de su bienestar. Aquí las instituciones tienen el deber de intervenir para garantizar que la lógica económica de unas pocas empresas no se imponga sobre la salud y el desarrollo de toda una generación.

¿Qué pueden hacer las instituciones para ayudar a los padres y madres? 

Se pueden desarrollar campañas de concienciación, fomentar la formación e iniciativas ciudadanas, promover espacios de desconexión, decretar los colegios espacios libres de smartphones privados, aprobar leyes que obliguen a las empresas tecnológicas a incluir avisos visibles y explícitos sobre los riesgos potenciales para la salud mental de sus productos, ya sea en el embalaje de los dispositivos electrónicos o durante el proceso de descarga de las aplicaciones. 

Una propuesta valiosa es la obligatoriedad de firmar declaraciones de ausencia de conflictos de interés entre los profesionales que trabajamos en esta temática, así como desarrollar un portal de transparencia, accesible al público, que muestre cualquier donación que las empresas hagan a personas o instituciones que puedan influir positivamente en la imagen de sus productos. Esto incluiría responsables educativos, universidades, a investigadores, medios de comunicación, periodistas... Un modelo similar ya se usa en el sector farmacéutico de Estados Unidos.

Finalmente, algo más ambicioso pero realizable y de suma importancia es acabar con la economía del dato y apostar por el software libre y la soberanía digital, es decir, tener nuestras infraestructuras y recuperar el control sobre la tecnología digital. Europa debe dejar de ser una colonia digital. Las instituciones no pueden seguir permitiendo que la tierra libre de Internet siga ocupada por “latifundistas tecnológicos”.

Y, ¿los padres?

El papel de los padres y madres es importante, pero no exclusivo. Muchas familias se sienten desbordadas, sin referentes claros, y necesitan apoyo tanto institucional como comunitario para enfrentar esta problemática social. En lo esencial, su responsabilidad pasa por tres ejes. 

El primero es dar ejemplo: si un adulto no logra apartar el móvil, será más difícil que un adolescente lo haga. El segundo es retrasar, educar y ofrecer alternativas: fomentar el deporte, la cultura, la convivencia y el ocio no digital como espacios donde los hijos puedan desarrollarse de manera equilibrada. Y el tercero, como adultos y ciudadano de pleno derecho, es exigir con firmeza a las instituciones que cumplan su deber de velar por el bienestar colectivo y actúen con contundencia frente a esta realidad mientras hacemos lo posibles como sujetos.