Las empresas deberán gastar más en la ejecución de los proyectos con Fondos Europeos

El marco de las Ayudas de Estado afectará a la inversión que tenían prevista las empresas en el desarrollo de los proyectos europeos. Y es que, para evitar que la UE considere la aportación de los fondos del Mecanismo de Resistencia y Resiliencia (MRR) como Ayudas de Estado, el esfuerzo inversor de las compañías deberá ser mayor. Ha sido uno de los puntos que han salido a la luz en la revisión del documento que recoge las iniciativas que el Gobierno vasco quiere presentar a Europa. Sobre la diferenciación entre lo que aportarían las empresas y lo que se pretende financiar con los Fondos Europeos ha habido que realizar ajustes. Fuentes del departamento de Economía y Hacienda del Ejecutivo vasco han reconocido que las empresas habían "sobrestimado"  el dinero europeo con el que podían contar para afrontar los proyectos presentados. Así, tal y como ha señalado el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, la media de la cuantía subvencionable es de un 35%, en función de los sectores de actividad. Así que las compañías deberán comprometer con sus recursos en torno al 65% de las inversiones. 

La nueva redacción del Plan Euskadi Next Generation EU contempla un efecto de impacto global que el Gobierno vasco ha cuantificado en 18.286 millones de euros. Según ha explicado Azpiazu, Euskadi aspiraría a percibir directamente de Europa una estimación de 6.400 millones de euros. La cantidad restante, 11.800 millones, es la que deberán aportar tanto las empresas como las administraciones que, según han explicado fuentes del Gobierno, aumentan también el gasto público para afrontar partidas de modernización y digitalización de la administración. Es la previsión realizada por el Ejecutivo que ha elevado considerablemente el impacto que tendrán los Fondos Europeos en la economía vasca. Así, la previsión que hizo el pasado mes de diciembre con 13.130 millones se ha incrementado en más de 5.100 millones de euros para alcanzar esos 18.286 millones a costa del esfuerzo inversor de las empresas y la administración pública. 

Incertidumbre ante el inicio de las convocatorias que no llegarán hasta después de verano

La incertidumbre y los plazos son ahora los que siguen conformando el escenario para las empresas que aspiran a encontrar financiación en este recurso histórico habilitado por la Unión Europea. Aunque ha habido algunas convocatorias del Estado que ya se nutren de estas partidas, el grueso de las convocatorias no se espera hasta después de verano. El Gobierno vasco negocia directamente con el Ejecutivo central la inclusión de las iniciativas que encajarían en los Proyectos Estratégicos de país (PERTEs del Estado), y que suman un total de 5.084 millones de euros. Son los proyectos que hacen referencia a la Automoción verde, la generación energética con hidrógeno, la aeronáutica, la agricultura sostenible y el desarrollo del sistema de salud.  

A estas iniciativas, Gobierno vasco pretende incorporar las que entiende que afectan a áreas estratégicas en Euskadi, pero que no cuentan con líneas prioritarias en el diseño del Gobierno de España. Son los denominados "PERTEs regionales". El Gobierno ha confirmado que ha trasladado a Moncloa su petición de que se incorporen y "hemos sido escuchados activamente". El montante de estos proyectos generaría una inversión de 6.300 millones y hace referencia a las áreas del envejecimiento, redes de distribución (energía y agua), energías renovables de origen marino, formación científica, Big Data, regeneración urbana, resiliencia al cambio climático y economía circular. De no ser atendida la petición del Gobierno vasco todos estos proyectos se tramitarían en las diferentes convocatorias que cada Ministerio vaya realizando. 

El resto de proyectos que no tengan la consideración de PERTE, podrán encontrar el dinero en las diferentes convocatorias de subvenciones, aportación de capital o préstamos participativos que el Estado vaya convocando. Y, en ultimo lugar habría una serie de transferencias económicas para las administraciones vascas que serían las encargadas de licitar y realizar compras públicas para la puesta en marcha de los proyectos de modernización y transformación que les corresponda por ámbito competencial.