Las eléctricas alertan de un atasco en la Administración para tramitar permisos para renovables

La pandemia ha acelerado la concienciación de gobiernos y empresas para avanzar hacia la transformación energética con una catarata de iniciativas e impulsos para incrementar las centrales generadoras de electricidad con fuentes renovables. Además, una parte importante de los fondos europeos para la transformación se han centrado este sector. El resultado es un 'boom' de iniciativas, en muchos casos impulsadas por el poder público, para incrementar el mix de generación apoyada en energía eólica y fotovoltaica principalmente. Este escenario está atascando las diferentes administraciones que deben intervenir en la concesión de permisos y licencias. En el caso de Euskadi, ayuntamientos, diputaciones y Gobiernos central y vasco. Una avalancha de expedientes y tramitaciones que amenazan con formar un "cuello de botella" sobre el que las eléctricas advierten ya de los riesgos que pueden empezar a generar para el desarrollo de las diferentes iniciativas. 

Según un informe elaborado por la asociación nacional de empresas de energía renovable la amenaza ya es un hecho, así, sobre los 140.000 MW de energía eólica y fotovoltaica que hay concedidos en España, 60.000 MW podrían quedarse fuera de plazo a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental. Y es que esta tramitación es especialmente laboriosa y los recursos y funcionarios de la Administración son los mismos ahora que se incrementan las iniciativas.

El director de Cambio Climático de Iberdrola, Gonzalo Saenz de Miera, confirmaba a 'Crónica Vasca' que según los planes para alcanzar la reducción de emisiones fijadas para 2030 "se han de instalar, al menos, 6.000 MW de energía renovable cada año", por lo que es "fundamental que la administración no sea un cuello de botella", hay que "dotarla de recursos para tramitar todo lo que les viene encima". 

Los proyectos eólicos del Gobierno vasco

El plazo para la tramitación de una instalación de este tipo en Euskadi es especialmente largo. El Gobierno vasco e Iberdrola comparten accionariado en Aixeindar, la sociedad que va a promover los dos siguientes parques eólicos que se van a construir en el País Vasco después de más de diez años. Se trata de dos instalaciones de 40MW cada una que iniciaron la tramitación administrativa en abril de 2021 y se espera que puedan obtener la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio, tras los informes preceptivos de Diputación de Álava y Ejecutivo vasco, hacia abril de 2022, un año después. Un plazo excepcionalmente rápido según señalan fuentes del sector. Lo que permitiría, como adelantó 'Crónica Vasca', tener los molinos en funcionamiento en 2023.

Según señala Luis Padrón, analista de Renta 4, "la falta de recursos en la administración para poder atender la avalancha de proyectos de energías renovables podrían afectar negativamente" a las empresas del sector en un momento clave para la economía. Desde Iberdrola, Saenz de Miera, recuerda la importancia "de no perder esta oportunidad" porque "hay muchos capitales" buscando inversión. El directivo de la eléctrica vasca insiste en que "no se trata de rebajar las exigencias ambientales, sino de agilizar trámites, dedicar más recursos públicos". 

Filtro para los diferentes proyectos

Las compañías han solicitado una ampliación de plazos para no perder las licencias, aunque de momento se ha rechazado. Otra de las soluciones que se ha barajado es la de hacer una "limpieza, ya que existen todavía muchos proyectos con carácter especulativo que están afectando al desarrollo de las inversiones". Solamente en Álava han surgido numerosas peticiones en la zona de La Llanada para adquirir derechos de uso de superficie para la instalación de placas solares. Entre los promotores hay iniciativas más serias como las de Solaria o Repsol, pero otras que no lo son tanto.