El 'annus horribilis' de Eva Ferreira al frente de la UPV, déficit económico y euskera

Eva Ferreira (Barakaldo- 1963) está a punto de cumplir un año como rectora de la UPV-EHU. 

Cogió las riendas de la Universidad Pública Vasca el 25 de enero de 2021 tras salir elegida con el 66,24% de los votos en unas elecciones marcadas por la pandemia y en las que fue la única candidata, para arrancar un mandato complicado y más mediatizado por el coronavirus de lo que todo el mundo se esperaba.

Un año después de que esta matemática y doctora en Economía accediera al rectorado, la Universidad parece dirigirse a cerrar el año con un importante déficit presupuestario, ha tenido que poner en marcha un programa de recorte de gastos en los diferentes departamentos, y negocia con el Gobierno vasco un aumento de financiación que minimice el impacto de las pérdidas. 

2021 no ha sido un año fácil para ningún ámbito económico y tampoco para la Universidad, pero hasta ahora, la rectora no ha querido dar explicaciones públicas de las cuentas, ni se haya presentado ningún anteproyecto de los nuevos presupuestos.

La Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno vasco está realizando ya un control específico sobre el cierre del presupuesto de este año, algo que es habitual en aquellos organismos con problemas de déficit. 

De hecho, ya le ha requerido para que antes del 16 de marzo de 2022 se le remita la liquidación las cuentas del ejercicio de 2021, lo que ha obligado a la gerencia de la Universidad a establecer una estricta orden de cierre presupuestario para que esté ultimado con un margen suficiente para entregar la documentación en la fecha exigida por el organismo que depende del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco.

Un control que no es la norma habitual otros años, en los que la Universidad, como organismo autónomo, ha establecido su propio calendario para cerrar las cuentas.

La Universidad lleva desde finales de 2021 intentando minimizar el impacto de los números rojos. 

Ya en noviembre instó a todos los directores de los departamentos a realizar un drástico recorte de los gastos de hasta un 25% sobre el presupuesto previsto para intentar evitar cerrar el año con déficit, como ocurrió el año pasado.

Además se pusieron en marcha otras  "medidas de ahorro" en los diferentes vicerrectorados y servicios centrales que estimamos pueden suponer un menor gasto por un importe de un millón de euros".

Desde la Universidad se justificó la necesidad de esos recortes en un desplazamientos de fondos para cubrir otros gastos corrientes, derivados, por ejemplo, de la subida del precio de la luz o de las necesidades de limpieza por la pandemia, pero lo cierto es que hoy por hoy es una incógnita cuál es la situación de las cuentas de la universidad, pese a que las centrales sindicales han pedido reunirse con la gerencia y con la rectora para recibir  explicaciones sobre la situación financiera, aunque sin conseguirlo.

Tampoco aclaró nada Ferreira sobre las cuentas de la entidad en la última reunión del año del Consejo de Gobierno de la Universidad y se limitó  a asegurar que  se hablaría de la situación financiera cuando se presentase el presupuesto de este año, sin especificar fecha de cuando será.

En 2020 la UPV cerró el año con un déficit de 3,5 millones de euros que tuvieron que ser asumidos por el Ejecutivo vasco.

Demandas en los tribunales

Tampoco ha sido un año fácil en lo laboral, especialmente en lo que se refiere a las condiciones de investigadores y doctorandos que han tenido que llevar a los tribunales sus situaciones laborales, con salarios inferiores a los marcados por el convenio.

Justo en el mes de diciembre el rectorado llegó  a un acuerdo con los sindicatos LAB, Steilas y CCOO para adaptar las condiciones del convenio colectivo del personal laboral a la regulación establecida en la Ley de la Ciencia para el personal investigador temporal (predoctoral y postdoctoral). 
La rectora presentó este acuerdo como una prueba de que situación financiera de la UPV/EHU no atraviesa momentos delicados. Pero lo cierto es que el acuerdo con los sindicatos llegó prácticamente impuesto después de que el Tribunal Supremo desestimara el pasado mes de noviembre un recurso de casación interpuesto por la UPV/EHU contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco vasco favorable  a las reclamaciones del personal investigador predoctoral, lo que obligaba a la universidad a adecuar sus salarios. 

Tras la desestimación del recurso la UPV inició la negociación del acuerdo para minimizar el impacto de la sentencia,  que no han suscrito ni UGT ni ELA, porque consideran que el pacto, que deja la sentencia sin efecto, "supone que el personal investigador deje de cobrar aproximadamente 4.000 euros", según señalaron fuentes de UGT, que ha anunciado que irá a un conflicto colectivo para que se respete la sentencia judicial.

El acuerdo afecta a las  condiciones laborales para unos 1.200 investigadores temporales de la Universidad pública vasca, y  "garantiza el mismo salario para todo el personal investigador en formación que tenga un contrato predoctoral con la UPV/EHU a partir del 1 de enero de 2022, independientemente de la convocatoria de la cual provenga su ayuda".  Las condiciones serán aplicadas con carácter retroactivo a todo el personal que tenga un contrato activo a esa fecha, al que se abonarán las cantidades adeudadas en forma de finiquito.

El tema laboral de los investigadores no es el único que ha llevado a la UPV a los tribunales. La Universidad vasca tiene recurridas ante el juzgado varias resoluciones que modifican perfiles ligüísticos de personal administrativo para exigirles mayor nivel de euskera. 

También hay al menos dos demandas presentadas por investigadores por  "discriminación lingüística" porque se les exige ahora un perfil equivalente al EGA cuando no se les exigió ese nivel de euskera para entrar a trabajar en el departamento.