La relación entre el PNV y ELA hace años que no es buena. El vínculo ha ido deteriorándose hasta llegar a responsabilizar los jeltzales al sindicato de Mitxel Lakuntza, horas después de las elecciones del pasado 28 de mayo, de su pérdida de votos. Euskadi ha sido tradicionalmente un territorio con trabajadores dispuestos a recurrir a la conflictividad para mejorar sus condiciones laborales y desde luego 2022 fue un ejercicio que hizo honor a ese historial. Pero cuesta encontrar respaldo a la tesis de que el número de huelgas se ha disparado en la antesala de la última cita electoral.
Decía Andoni Ortuzar, presidente del PNV, que la "protesta social" y los intentos de "crispar" por parte de ciertos agentes (en referencia a EH Bildu y ELA) han condicionado los resultados del 28-M. Y lamentaba que el alto número de movilizaciones con cortes de carreteras y accesos a las capitales que "molestan a la gente" se han disparado en los meses previos a las elecciones. También el lehendakari Iñigo Urkullu ha hecho referencia al supuesto aumento de la conflictividad para explicar parte de la pérdida de votos de su partido, tesis repetida por columnistas y tertulianos jeltzales.
Los datos del Ministerio de Trabajo señalan en cambio en otra dirección. Es cierto que Euskadi fue el año pasado el territorio con mayores cotas de conflictividad, pero una vez cerrados los tres convenios del metal en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, en este último caso sin huelgas de por medio, los números tienden a descender. Hasta abril de este año se han perdido en Euskadi 28.930 jornadas por convocatorias sindicales frente a las casi 39.000 del primer cuatrimestre de 2022, es decir, un 25% menos.
En cuanto a los trabajadores que han participado en estos conflictos este año son algo más de 9.000, unos 2.000 menos que en los cuatro primeros meses del año pasado. Los datos dicen por tanto que, si se comparan periodos normalizados, no hay esa supuesta explosión de conflictividad de la que se lamenta el PNV. Si 2022 fue un año especialmente caliente fue por la concurrencia el mismo año de conflictos en sectores muy relevantes como son los dos metales de Bizkaia y Álava, además de otros en empresas concretas pero de gran tamaño como Mercedes Vitoria.
Manifestantes de LAB en una protesta del Metal/LAB
Regreso a la segunda posición
Euskadi vuelve así a la segunda posición en el ránking de comunidades autónomas con más conflictos laborales al ser sobrepasada en este inicio de 2023 por Cataluña, que presenta más de 46.000 jornadas perdidas. Las empresas y los trabajadores catalanes son más en número y, teniendo el tejido económico de ese territorio de perfil industrial, tiene lógica que sea así. El 'sorpasso' no resta importancia al papel que tiene la huelga en un territorio pequeño como es el vasco, pero sí fuerza a hacer una lectura real de cómo se interrelacionan los conflictos laborales con la política. Es más la negociación colectiva y su calendario la que mueve los niveles de conflictividad que las citas electorales.
Sí es cierto en todo caso que no todas las huelgas tienen el mismo impacto social y mediático o, dicho de otra forma, no todos los huelguistas cortan carreteras. Tampoco diferencian esos datos del ministerio lo que son huelgas en empresa privada frente a las del sector público y que, en principio, interpelan más directamente al Gobierno vasco y el resto de instituciones gobernadas, al menos hasta ahora, por el PNV.
Y existe la percepción en los distintos departamentos de Lakua de que ELA es bastante más beligerante en la administración pública, causando un efecto arrastre sobre las demás centrales, que con determinadas patronales como Adegi. La plantilla de Osakidetza, los trabajadores de Justicia o ahora los ertzaintzas son algunos de los colectivos que han estado o están en pie de guerra. A nivel nacional sanidad, servicios sociales y administración pública en general concentran el mayor número de huelgas en 2023, pero no hay cifras desagregadas aun por comunidades autónomas.