Tras las elecciones del próximo día 21 llegarán los días para las negociaciones, las especulaciones y, seguramente, los grandes pactos para gobernar. A partir de ahí comenzará el trabajo de verdad para el nuevo inquilino de Ajuria Enea, que tendrá entre los principales retos en su agenda dibujar una apuesta industrial sólida que pase en primer lugar por reavivar los motores que, cada uno desde su flanco, han venido empujando a la economía vasca en los últimos años.
Y si hay alguna actividad con pasado en Euskadi es la siderurgia, obligada a continuas reconversiones. La transformación actual fuerza a las grandes factorías a invertir para acoplarse a las políticas de descarbonización y fabricar el acero sin emisiones contaminantes que demanda el mercado. Y en eso están, a velocidades diferentes, todas las principales acerías de Euskadi, casi todas ya en manos de capital extranjero con la excepción de Sidenor, con el bilbaíno José Antonio Jainaga al frente.
El problema es que el tiempo corre en contra del sector. La competencia europea tiene los deberes más avanzados y la sostenibilidad empieza a ser un factor diferenciador clave a la hora de vender acero. Y en esa carrera las plantas vascas del grupo catalán Celsa, enredado primero en un proceso judicial por la propiedad y ahora en un trasvase de poderes eterno, pueden quedar arrinconadas. Ni Nervacero, en Portugalete, ni la alavesa Laminaciones Arregui han vivido ni mucho menos una fase de esplendor bajo el control de la familia Rubiralta pero lo que viene ahora con los fondos de inversión que controlan el grupo catalán puede ser incluso peor.
El nerviosismo lleva tiempo instalado entre los trabajadores de las dos compañías, que rondan el medio millar de trabajadores, por otro lado un sentimiento común al resto de la plantilla de Celsa en España. La confianza en los nuevos propietarios es mínima, incluso se pone en duda ya que se vayan a cumplir los compromisos sociales y de continuidad pactados con el Ejecutivo central. Solo la irrupción de ese socio industrial minoritario (Jainaga y Sidenor son candidatos firmes) podría aclarar un horizonte que pinta más que gris en estos momentos para las dos firmas vascas del grupo.
Trabajadores de Nervacero, del grupo Celsa, en una protesta en Bilbao
Presión en Madrid
Desde el propio comité de Nervacero se viene reclamando a la consejera Arantxa Tapia que trate de presionar en Madrid para asegurar la continuidad de la planta, que encara un 2024 en ERTE y bajo mínimos a nivel de producción, muy necesitada además de inversiones en el apartado de la eficiencia energética. Aunque la batalla principal de Celsa se va a dilucidar entre Barcelona y Madrid, llegará en algún momento el capítulo en el que la nueva propiedad deba decidir qué hacer con Nervacero y Laminaciones Arregui y ahí es donde el nuevo Ejecutivo vasco puede tener mucho que decir.
No está nada claro que Tapia vaya a continuar al frente del área de industria en caso de que tras el 21-A ocurra lo más probable, que PNV y PSE acuerden entronar a Imanol Pradales. Por ahora la consejera guipuzcoana no ha aclarado su futuro, si bien son muchas las voces empresariales y sindicales del sector que apuestan por dar prioridad a la experiencia y evitar cambios drásticos al frente de una cartera tan relevante como la industrial en un momento con tanto en juego. Si el futuro de las plantas de Celsa impactará en el puzzle de la siderurgia vasca, lo que ocurra con Siemens Gamesa y Petronor está a otro nivel y supondrá un punto de inflexión para toda la actividad industrial.
Electrolizador de 2,5 KW de potencia puesto en marcha por Petronor en Muskiz.
El futuro 'verde'
La situación actual de Petronor no es comparable con la de Siemens Gamesa, hundida en las pérdidas y con la actividad parada. Pero el reloj corre en contra también de la filial de Repsol y la próxima legislatura debe ser la que consolide definitivamente esos proyectos alternativos al refino por los que lleva tanto tiempo apostando la compañía de Emiliano López Atxurra.
Más allá de las declaraciones cruzadas entre los máximos dirigentes de Repsol y el Gobierno de Pedro Sánchez, y el papel que juega el PNV intentando calmar las aguas, lo cierto es que la refinería necesita dar pasos para reducir sus emisiones. La gran disputa está en torno a los tiempos en que debe darse esa transformación, sin embargo ya deberían cumplirse algunos hitos importantes en los próximos cuatro años. Sin ir más lejos, la hoja de ruta de Petronor pasa por alumbrar en torno a 2026 tanto la nueva planta de combustibles sintéticos como ese gran electrolizador de 100 MW que cubriría en torno a una tercera parte del gasto energético de la refinería.
Dos empleadas de Siemens Gamesa.
Hidrógeno y eólica
Repsol ha comenzado a producir ya este tipo de fuel renovable en Cartagena y la idea es que ese combustible alternativo vaya llegando al resto de instalaciones a corto-medio plazo. Por ahora esta vía 'verde' no convence al Gobierno central y en especial a la ministra Teresa Ribera, que considera que el impacto del fuel sintético será muy limitado. El enfrentamiento Repsol-Madrid hace que sea incluso más relevante que la tecnología en torno al hidrógeno verde, en la que Euskadi y Petronor se encuentran a la cabeza, acabe triunfando.
Y si el hidrógeno puede ser el futuro, la eólica es el presente en la descarbonización y concentra ya una parte muy relevante de la actividad de la industria vasca. Uno de los motores, Siemens Gamesa, sigue sin dar con la solución a los problemas en sus turbinas y sin poder reanudar las ventas. Los últimos resultados del periodo octubre-diciembre abren una ventana a la esperanza para la eólica de Zamudio, que asegura que podrá recuperar la rentabilidad en 2026, aunque existen dudas razonables en torno a esa hoja de ruta.
La capacidad del Gobierno de Gasteiz en la crisis del fabricante de aerogeneradores es a estas alturas muy limitada (hay en marcha un plan de rescate de los gobiernos alemán y español), pero aun así Gamesa se mantendrá en la próxima legislatura como una de las grandes preocupaciones a nivel industrial. Como Petronor, la eólica ronda el millar de trabajadores en Euskadi, a lo que hay que sumar el empleo inducido y una cadena de en torno a 700 proveedores.