Como en otros frentes, PNV y PSE deben encontrar en el apartado tributario ese punto de equilibrio que evite grietas en la alianza. La fiscalidad dice mucho de la ubicación ideológica de un partido político con la complejidad añadida de que las decisiones finales dependen de las juntas forales. Desde círculos empresariales, con Confebask a la cabeza, ya se ha lanzado una primera batería de demandas coincidiendo con la llegada de Imanol Pradales a lehendakaritza. Pero el reparto de fuerzas en los territorios, unido al fortalecimiento de los socialistas en el propio Ejecutivo de Pradales, hace difícil pensar en una rebaja de la presión fiscal a las empresas.
No es un detalle que el vicelehendakari del PSE, Mikel Torres, haya asumido el área de Economía vinculada al departamento de Trabajo y Empleo que lideraba hasta las elecciones Idoia Mendia. Aunque en buena lógica será Noël D'Anjou como titular de Hacienda y Finanzas el responsable directo de pilotar y coordinar desde Lakua esa reforma fiscal que abordan a partir de ahora los tres territorios, se trata de una cuestión tan relevante que sin duda será prioridad para todas las formaciones al máximo nivel, incluida la oposición (EH Bildu fue primera fuerza en Gipuzkoa en las forales de 2023 y estuvo muy cerca de serlo en Álava).
Y el propio Torres ha querido marcar perfil ya de salida apenas horas después de conocerse la propuesta fiscal de Confebask haciendo referencia a los beneficios millonarios que vienen cosechando buena parte de las grandes compañías que tienen su sede en Euskadi y tributan a alguna de las haciendas forales.
Hay que recordar que el debate fiscal vasco gana temperatura en un contexto marcado por las fricciones que han generado los impuestos (entre otros asuntos) entre los grandes empresarios y el Gobierno de Pedro Sánchez. Nuevas figuras como el impuesto a energéticas o bancos no han sentado bien en las direcciones de algunas de las firmas tractoras de la economía vasca. Dentro de la satisfacción con que se acogió desde el estamento empresarial en su día el resultado electoral de las autonómicas y la posibilidad cierta de que PNV y PSE siguieran al frente del Gobierno vasco, es evidente que se ve en el partido jeltzale un agente más proclive a inclinar la balanza de la fiscalidad a su favor.
La 'presión' de Madrid
Incluso esa posibilidad tiende a disiparse si se atiende al contexto en el que se maneja el partido nacionalista. No es ningún secreto que en las patronales territoriales han brotado críticas internas hacia algunos de los movimientos del PNV dentro de esa búsqueda de protagonismo en Madrid como aliado de Sánchez, que le llevaron por ejemplo a no apoyar la última reforma laboral a cuenta del difuso blindaje de los convenios vascos.
Desde el estamento empresarial se vienen demandando cambios en el enfoque económico respecto al anterior Ejecutivo de Urkullu y ahí un punto caliente es la fiscalidad. Al margen de lecturas ideológicas, la realidad es que, si el contexto global ya dificulta que Euskadi pueda retener sus centros directivos, la 'amabilidad' fiscal de Madrid con los grandes patrimonios desde luego no ayuda.
"Los territorios que atraen actividad no son los que tienen una presión alta", señalaba el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, José Ignacio Zudaire, preguntado por las peticiones de la patronal vasca, en las que sobresale la rebaja de dos puntos en el mínimo de Sociedades, al 15%, y eliminar completamente Patrimonio, además de otras ventajas para las empresas.
Frenazo de la recaudación
El propio Zudaire, directivo de Petronor, alababa algunos cambios acometidos por las juntas forales de Bizkaia en la última legislatura enfocados a premiar a las grandes empresas que traccionasen inversiones sostenibles de firmas más pequeñas. Es aquí cuando hay que remarcar esas diferencias en la regulación fiscal que separan a las tres provincias de Euskadi, cada una con su correspondiente mapa político en cada parlamento foral.
Es precisamente Bizkaia, donde tributan Iberdrola o la propia Petronor, el territorio donde la alianza PNV-PSE es más sólida. Gipuzkoa en su caso ha acordado ya un primer informe con conclusiones sobre cómo avanzar en fiscalidad que incluye muchas de las enmiendas de EH Bildu. No hay que olvidar en ese sentido que los sindicatos también centran en torno a la fiscalidad muchas de sus peticiones a Pradales como palanca para obtener más recursos para reforzar servicios públicos que generan gran preocupación social, caso de Osakidetza. Y no entra desde luego en el 'menú' de ninguna organización sindical una rebaja de la recaudación a través del beneficio empresarial.
Parece que algunos elementos comunes a los cambios que impulsarán los tres territorios serán los incentivos a las EPSV, llamadas a jugar un papel relevante como palancas de inversión en Euskadi, o la compra de vivienda, así como ayudas a las inversiones en innovación o descarbonización y la puesta en marcha de nuevas empresas. Todo apunta a que en Gipuzkoa no habrá rebaja de Sociedades ni se suprimirá Patrimonio.
La atracción y retención de talento joven es uno de los grandes objetivos de los cambios fiscales que se avecinan, todo ello en un momento en el que la velocidad de crecimiento de los ingresos de las haciendas empieza a reducirse tras años de alegrías. En Bizkaia la recaudación crece un tímido 1% hasta junio tras un mal inicio de año.