Feijóo y la justicia como contrapoder

Reunión de Feijóo con una asociación conservadora de fiscales. Como dijo posteriormente el propio líder del PP, nada anormal, todo dentro de una relación institucional regular… si no hubiera sido una reunión secreta, claro. Cabe pensar que lo fue por lo que allí se habló, que ya no resulta tan regular ni encaja tan maravillosamente en la normalidad institucional.

No hemos podido saber de lo hablado en esta reunión con más de cincuenta fiscales por una comparecencia de Feijóo, quien, como buen líder de la oposición, tiene un amor por la cámara que, por la experiencia vivida con el actual presidente del ejecutivo, desparece tan pronto como pisas la alfombra de Moncloa. Ha tenido que ser, como parece ya también norma en este país, por una filtración a la prensa, quizá proveniente de algún asistente alarmado por lo allí oído, como buen fiscal.

No sería para menos, a tenor de lo que El País publicó y nadie, de momento, ha desmentido. El partido de Feijóo puso, con toda razón a mi juicio, el grito en el cielo cuando el Gobierno pretendió aprovechar la tramitación de una reforma del Código Penal para reformar no una sino dos leyes orgánicas, la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional. Ameritaba cuando menos una cuestión de constitucionalidad, dada la doctrina ya asentada por el TC que condena ese torticero proceder que gobiernos de diferente signo han utilizado. Ya cantaba un tanto, sin embargo, que el mismo alto tribunal bloqueara el proceder del poder legislativo, a requerimiento de los populares, como medida cautelarísima. Algo realmente excepcional y que, con fecha debajo, no encajaba con un mínimo sentido de la estrategia de oposición por la muy previsible decisión del TC de atender el recurso pero no la excepcional medida de bloqueo de un poder del Estado.

De la reunión de Feijóo con los fiscales trasciende que su pretensión si llega a presidir el Gobierno es ni más ni menos que tramitar una súper ley que derogue todo ello de un tajo. No sería ya aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para meter de matute una reforma improcedente sino innovar de arriba abajo toda la técnica parlamentaria relativa a la producción de leyes

Todo este lío venía de la mano de la reforma del Código Penal, promovida por el Gobierno para eliminar el delito de sedición, reformularlo con rebaja sustancial de pena, lo mismo que se hacía con el delito de malversación. Todo ello a la oposición le parecía un horror y sus razones tenía. Viendo el histórico de votaciones en el Congreso esta legislatura, al PP no le convencía ni esa ni otras leyes relevantes que el gobierno de coalición ha promovido, como la llamada Ley Trans o la más reciente de vivienda.

Hete aquí, sin embargo, que de la reunión de Feijóo con los fiscales trasciende que su
pretensión si llega a presidir el Gobierno es ni más ni menos que tramitar una súper ley que derogue todo ello de un tajo. No sería ya aprovechar que el Pisuerga pasa por
Valladolid para meter de matute una reforma improcedente sino innovar de arriba abajo toda la técnica parlamentaria relativa a la producción de leyes. Y los fiscales, al parecer, ni mú al respecto. Un pelín irregular sí parece que fue aquella reunión.

Más, si nos enteramos que participó, y muy activamente, Antonio Narváez, fiscal del Tribunal Supremo. Mostró sin tapujos su apoyo al invitado y sus deseos de que llegue pronto a la presidencia del Gobierno y se despachó a gusto contra el actual ejecutivo con lindezas como aludir a su pacto con “filoetarras”. Sorprende no poco que todo un fiscal del Supremo tenga el convencimiento suficiente de la comisión de un delito de apoyo a un grupo terrorista y no haya promovido absolutamente nada, ni enviado un simple escrito a la fiscalía de la Audiencia Nacional. Al parecer, este fiscal debe tener también sólidas evidencias de que el actual gobierno y la empresa Indra planean un fraude electoral, pero tampoco consta que haya movido un dedo, como es su deber. Quien así degradaba su oficio se permitió, no obstante, acusar en esa cena íntima de cincuenta fiscales y un líder la oposición al Gobierno de “deteriorar las instituciones”.

Pero lo más alarmante es que este mismo fiscal era en diciembre pasado magistrado constitucional y se empleó a fondo para que saliera adelante la medida cautelarísima que tanto sorprendió por su contundencia y excepcionalidad. Tras lo que hemos tenido que saber por la vía de la filtración periodística la pregunta es quién ideó y promovió en diciembre la solicitud al TC de aquella medida tan extraordinaria. Es dudoso, mucho, que fuera cosa solo del PP porque la lógica constitucional decía que se admitiría el recurso pero no el bloqueo del legislativo. Más aún, cabía suponer que este mismo magistrado y otros tres con el mandato caducado se abstuvieran por afectarles la cuestión personalmente. Qué va. Ahora ya podemos colegir que el PP sabía que había agua en la piscina cuando solicitó dicha medida porque desde dentro del propio tribunal se había llenado.

Todo esto suena a uso de la justicia constitucional como contrapoder, es decir, apesta. Algo en claro hemos sacado al menos de una reunión oscura.