Treinta años del asesinato de Gregorio Ordóñez

Gregorio Ordóñez nació el 21 de julio de 1958 en Caracas (Venezuela), adonde sus padres habían emigrado tras la Guerra Civil. En 1965 la familia Ordóñez regresó a España. Se instalaron en San Sebastián, ciudad en la que abrieron una lavandería industrial. Gregorio estudió en aquella ciudad, aunque luego cursó la carrera de Periodismo en la Universidad de Navarra.

De vuelta a San Sebastián, trabajó en el diario 'Norte Exprés', se afilió a las juventudes de AP (Alianza Popular), y se presentó a las elecciones municipales de 1983 en las listas de ese partido. Su formación quedó en cuarta posición, por detrás del PNV, el PSE y HB, el brazo político de ETA, con un discreto resultado: 9.581 votos (el 12,53 % del total), lo que se tradujo en tres regidores en el consistorio donostiarra. Él fue uno de los concejales de AP. Tenía 24 años.

Gregorio Ordóñez, el asesinato que cambió la estrategia de ETA y la vida política en Euskadi

Ordóñez fue uno de los concejales más dinámicos en la política municipal de San Sebastián, primero en las filas de AP y luego, tras su refundación, en las del Partido Popular, aunque su actividad tenía proyección en toda Euskadi. Además de su dedicación a los asuntos locales, destacó por su apoyo constante a las víctimas del terrorismo (a veces era el único representante público que asistía a sus funerales) y por su denuncia tanto de los atentados de ETA, como de la complicidad de su entorno civil, la llamada izquierda abertzale.

En consecuencia, como se lee en la página web de la fundación que lleva su nombre, “Gregorio empezaba a ser percibido como el azote de los intransigentes, de los terroristas de ETA”. El nacionalismo radical reaccionó con una creciente hostilidad y amenazas directas. Valga como muestra la que en agosto de 1993 quedó grabada en el contestador de su teléfono: “A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. Una declaración más tuya y tu familia corre riesgo de morir, cualquiera de ellos. Estamos hasta los cojones de ti. Fuera de Euskadi, cabrón”.

En las elecciones autonómicas vascas de noviembre de 1990 Ordóñez fue elegido parlamentario. En 1991 sumó a ese cargo el de primer teniente de alcalde de San Sebastián con el socialista Odón Elorza como alcalde. A nivel político fue uno de los artífices de la resurrección en el País Vasco del espacio de centro-derecha, que ETA había cercenado durante la Transición.

Como resultado de su trabajo y el de otros compañeros de su partido, el renovado PP de José María Aznar fue mejorando sustancialmente sus resultados en Guipúzcoa. En los comicios europeos de junio de 1994 la lista popular fue la más votada de San Sebastián: 16.117 papeletas (el 23,18% del total). Eran casi 4.000 más que las que había cosechado HB. En las elecciones autonómicas celebradas en octubre de ese mismo año el PP revalidó su primera posición en la ciudad: 17.407 sufragios (el 21,32 % del total).

Algunas encuestas pronosticaban que tales victorias iban a repetirse en los comicios municipales de mayo de 1995, a los que Ordóñez se presentaba como candidato popular a la alcaldía de San Sebastián. De salir elegido primer edil, podría suponer un punto de inflexión en la historia política de Guipúzcoa y, por ende, en la de Euskadi. Y ETA lo sabía. 

Gregorio Ordóñez junto a José María Aznar y Jaime Mayor Oreja en la presentación de su candidatura a la alcaldía de San Sebastián. Efe

Según recoge la sentencia judicial, en las navidades de 1994 uno de sus cabecillas, Francisco Javier García Gaztelu, ordenó a Valentín Lasarte que recabara información sobre el político del PP. Según establece la sentencia, el etarra dio cuenta de que “el Sr. Ordoñez tenía unos horarios y costumbres diferentes cada día, por lo que de hecho tendrían que ejecutarlo durante el mediodía, cuando salía del ayuntamiento para comer”. 

El 23 de enero de 1995 Lasarte comprobó que Gregorio y varios colaboradores, entre ellos su asesora María San Gil, entraban en el restaurante La Cepa. El etarra se lo comunicó a García Gaztelu y a Juan Ramón Carasatorre Aldaz, que decidieron que era el momento idóneo para actuar. Los tres acudieron al local.

“En torno a las 15:15 horas, Carasatorre Aldaz o García Gaztelu, entró en el restaurante dirigiéndose directamente a la mesa donde estaba sentado don Gregorio Ordoñez y, situándose detrás del mismo, a muy corta distancia, con una pistola que portaba marca Browning HP-35 del calibre 9 mm. Parabellum, le disparó a la cabeza matándole. Mientras, el otro quedaba vigilante para facilitar la comisión del hecho y la huida”.

La chocante redacción de la sentencia indica que todavía no sabemos cuál de los dos etarras apretó el gatillo.

El atentado provocó una enérgica protesta social contra ETA en el País Vasco. Asimismo, tal y como habían vaticinado las encuestas, la candidatura del PP, que tuvo que ser encabezada por Jaime Mayor Oreja, fue la más votada en San Sebastián en mayo de 1995. Los populares obtuvieron 22.611 sufragios (el 24,33% del total) y siete concejales. Por detrás quedaron el PSE-EE, con el 22,85%, y EA, con el 17,15%. 

En cuarta posición, HB se había tenido que conformar con 13.579 votos (el 14,61%). Si únicamente tenemos en cuenta el censo electoral, el porcentaje se reduce mucho más: el 8,98% de los 151.102 ciudadanos había apoyado al brazo político de ETA. Menos de uno de cada diez. El resultado de los comicios reflejaba, por tanto, que solo una exigua minoría de los habitantes de San Sebastián respaldaba la violencia terrorista. La absoluta mayoría de los donostiarras se había decantado en las urnas por formaciones democráticas que rechazaban los atentados de ETA.

Con todo, como venían haciendo desde la Transición, ETA y su entorno hicieron caso omiso de la voluntad democrática que la ciudadanía vasca había expresado en las urnas e hicieron una lectura positiva de los efectos de la violencia.

En julio de 1995 Joxe Mari Olarra, miembro de la Mesa Nacional de HB, declaró que “nos va a tocar sufrir, pero ese sufrimiento lo vamos a compartir con ellos”. Por si había dudas, añadió que “cuando sufran lo que nosotros estamos sufriendo, quizá se replanteen muchas cosas”. Estas declaraciones condensan la siniestra estrategia que inauguraban ETA y HB, la “socialización del sufrimiento”.

En su boletín Zutabe de septiembre de ese mismo año la organización terrorista se congratulaba de que el asesinato de Ordóñez “supuso un verdadero terremoto, en toda la sociedad vasca pero también dentro de la izquierda abertzale”.

Desde su perspectiva, el crimen había servido para dar a conocer “que la lucha no se limitaba a un ‘partido’ entre la Guardia Civil y ETA, que también los políticos que hasta ahora aparecían como ‘limpios’ o ‘fuera del conflicto’ tenían una gran responsabilidad en el mismo y en este sentido que también los afectaba”. Además, “el enemigo quedó totalmente ‘fuera de juego’ frente a esta acción”. El asesinato de Ordóñez “demuestra el alcance político de la vía abierta”.

No iba a ser un hecho aislado. La “socialización del sufrimiento” puso en el punto de mira a cientos de cargos públicos no nacionalistas, del PSE-EE, PP, UPN y Unión Alavesa. Especialmente a sus concejales, pero también a otras muchas personas que disentían públicamente del proyecto totalitario de ETA. 

A consecuencia de la aplicación de esa estrategia, el balance que ETA hizo de 1995 no pudo ser más positivo: “diríamos que ‘estamos despertando’”. En total, a lo largo de aquel año la organización y su entorno habían ocasionado 16 víctimas mortales y 74 heridos. Pudieron ser más. El 19 de abril el automóvil del entonces jefe de la oposición José María Aznar, presidente del PP, sufrió un atentado con bomba.

Aunque la explosión causó heridas mortales a Margarita González Mansilla, un ama de casa de 73 años, casada y con dos hijos, no consiguió acabar con la vida del político. Sin embargo, para ETA aquella operación frustrada fue positiva: “hizo temblar los pilares del Estado (…). La Organización puso en evidencia ante todo el Mundo la capacidad que tenía para dañar al Estado”.

Y, en un plano interno, sirvió para reforzar “la confianza de la izquierda abertzale (…). Gracias a esta acción y a otras muchas se consiguió superar la psicosis que existía desde el 92 (siempre con miedo a que vinieran caídas)”. En ese sentido, la “socialización del sufrimiento” dio un (temporal) balón de oxígeno a la maltrecha ETA y su desmoralizado entorno. 

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No obstante, ese no fue su principal resultado. La violencia de persecución impactó de manera honda en la sociedad vasca. Es cierto que hubo menos asesinatos, comparando con las anteriores etapas, pero esta estrategia fue muy efectiva a la hora de extender la amenaza a un sinnúmero de personas en Euskadi, y a la hora de avanzar en la desmovilización política de aquellos a quienes consideraba que no debían desarrollar la política en Euskadi, es decir, los partidos no nacionalistas.

Las estrategias desplegadas fueron numerosas, pero todas pasaban por enviar mensajes públicos y privados a aquellas personas, y su entorno, que se significaban con algún partido amenazado.  

A pesar de las presiones, las amenazas y los atentados, no se produjeron las dimisiones masivas de cargos públicos que ETA y su entorno esperaban. Hay que recordar que estos cargos eran personas normales, muchas de ellas anónimas, que se dedicaban al ejercicio público de manera no profesional y que se mantuvieron en sus cargos soportando amenazas, insultos, presión y vacío social y, muchas veces, una enorme soledad.

Fue en este contexto donde se forjó una moral de resistencia que configuró la identidad política de estos partidos amenazados durante estos años. En opinión de Florencio Domínguez, que hacemos nuestra, “aquellos militantes de partidos constitucionalistas que dieron el paso para ocupar los puestos dejados por compañeros asesinados, aquellos otros que hicieron frente a las amenazas y peligros para mantener en circunstancias adversas la representación popular que habían obtenido en los ayuntamientos o en otras instituciones, los que sacrificaron su bienestar personal y el de sus familias por defender sus ideas frente a los violentos, dieron un ejemplo político y moral que no debe ser olvidado”.

Además, esta moral de resistencia también caracterizó al movimiento pacifista y el movimiento cívico, los intelectuales críticos y el sector de la ciudadanía vasca y navarra que se movilizaba de una u otra manera contra el terror. Y a sus familias.

Por otra parte, el auge electoral que vivieron los partidos constitucionalistas no siempre vino acompasado de una masiva movilización ciudadana de condena al terrorismo etarra, aunque ello no fue óbice para que ambos partidos pudieran llegar al poder en 2009. Y es que, pese a la “socialización del sufrimiento”, la banda no pudo evitar que por primera vez se constituyera un gobierno autonómico no nacionalista en Euskadi.

En el ya mencionado Zutabe de 1995 ETA anunciaba que la “socialización del sufrimiento” evidenciaba “uno de los frutos de nuestra dinámica: la voluntad de ir adelante, la postura de ir a ganar”. El paso del tiempo, las movilizaciones cívicas y pacifistas, la resistencia de los cargos públicos no nacionalistas, la insubordinación final de la izquierda abertzale y, sobre todo, la acción judicial y policial acabaron con esa voluntad.

El 20 de octubre de 2011 la banda anunció el “cese definitivo de su actividad armada”. El 3 de mayo de 2018 ETA se autodisolvió. “Está claro que a medida que el conflicto armado ha evolucionado, la eficacia de la lucha armada ha cambiado y se ha desgastado”, reconocía en las páginas de su último Zutabe. “Está a la vista que todavía nuestros objetivos no se han cumplido”. En efecto, ETA no solo no había conseguido sus fines fundacionales, sino que había sido derrotada por el Estado de Derecho. 

El fin del terrorismo doméstico ha sido uno de los mayores logros de la democracia española. Ahora bien, el precio pagado fue enorme. Jamás hay que olvidar que el balance de la actividad de ETA arroja un saldo de más de 3.800 atentados, 853 asesinatos, 2.658 heridos, 86 secuestrados y un número desconocido de amenazados, transterrados y damnificados económicamente.

Además, ETA nos ha dejado un legado envenenado: más de 300 casos de asesinato todavía sin resolver, etarras todavía huidos de la justicia y, en el País Vasco y Navarra, problemas como el discurso del odio, la exaltación de los terroristas en actos públicos, la manipulación de la historia, el olvido selectivo, el sectarismo, la intolerancia, el miedo a hablar de política o la presión contra los miembros de las FCSE y sus familias.

Gaizka Fernández Soldevilla 

Responsable de Investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo

Sara Hidalgo García de Orellán

Profesora de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea