La ley de Amnistía es inmoral e injusta

El abogado general encargado de revisar la ley de Amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), un tal Dean Spielmann, se ha pronunciado, en relación a lo que tiene que ver con la malversación y el terrorismo, a favor de su compatibilidad con el derecho comunitario.

Supongo que como a él no le afectaron directamente los sucesos protagonizados por los responsables del procés independentista que después fueron juzgados y condenados, se muestra ahora más proclive a perdonar a los responsable o a comprender a quienes tuvieron voluntad e interés político en perdonarlos.

En general, desde la distancia todo se ve con ojos más benevolentes, y, en muchas ocasiones, lo que a pie de calle parecen hechos gravísimos cuando uno los sufre de cerca, desde la lejanía física, temporal o mental, esos mismos hechos pueden parecer irrelevantes o, al menos, no tan perniciosos como para quien los sufrió en carne propia.

Suele ocurrir cuando no hay empatía. Que se lo digan a los policías que tuvieron que ser hospitalizados o a los ciudadanos que vieron sus derechos gravemente vulnerados.

Cuando se dice que la Justicia debe ser ciega, se entiende que es porque debe ser equitativa, imparcial y ecuánime; lo que no debería ser es inatenta, indolente o displicente con los hechos que realmente sucedieron, ni, desde luego, perjudicar a las víctimas y beneficiar a los verdugos, por mucho que estos sean políticos y gocen de privilegios y prebendas.

Aunque la opinión del letrado no es vinculante para el tribunal de Luxemburgo, suele coincidir con la de los magistrados que emiten la sentencia definitiva. Y es una cuestión que afecta especialmente a Carles Puigdemont, socio de investidura y el líder del partido que decidió con sus siete votos la investidura de Pedro Sánchez, tras prometerles éste, casualidades de la vida, la amnistía total para los delincuentes que trataron de romper España a través de un golpe de Estado.

El PSOE y el Gobierno de España, que hasta ese mismo momento se habían mostrado claramente contrarios a concederles la medida de gracia por ser una medida injusta, improcedente y constitucionalmente imposible, cambiaron de opinión como por arte de magia; y, a continuación, se 2 pusieron manos a la obra y, mano a mano con los delincuentes que serían beneficiados, redactaron una ley a su medida y a medida de los intereses políticos de Sánchez.

A continuación todos los socialistas que estaban en contra cacarearon sin descanso que era impecable y el resto de socios la validaron con su voto. Y gracias a esta decisión política de amnistiar a quienes habían delinquido gravemente contra el conjunto de los españoles y, desde luego, contra la propia Unión Europea, Sánchez fue elegido y sigue siendo a día de hoy Presidente.

Según el abogado del TJUE, la norma no afecta a "los intereses financieros" de la UE, ni se ha demostrado "un vínculo directo" entre el coste que supuso el procés y una posible reducción de los ingresos de Europa. Spielmann tampoco ve problema en la concesión de la amnistía a personas que están acusadas de cometer delitos relacionados con acciones terroristas, ya que la ley española supone sólo una "desactivación" parcial y temporal de la lucha contra el terrorismo.

Además, el abogado general no ve que fuera una "autoamnistía", a pesar de que los que se beneficiaron de ella la redactaron mano a mano con quienes pretendían continuar en el Gobierno con el voto de de los beneficiados, condición indispensable para continuar en la Moncloa, cosa que terminó ocurriendo.

O sea que el "te prometo la amnistía y borro los delitos que cometiste a cambio de que votes mi investidura" no es, según Spielmann, una autoamnistía, por mucho que sea el culmen de la inmoralidad en la que puede convertirse la actividad política. Félix Bolaños acaba de confirmar los hechos, al afirmar que la amnistía cumplió "su propósito político". Ya nos habíamos dado cuenta.

No sólo queda por ver la sentencia definitiva sino cómo afectaría esta a Puigdemont, fugado de la Justicia española desde 2017, cuando huyó del país metido en el maletero de un coche, como hacen los héroes.

Porque el Tribunal Supremo, además, considera que el delito de malversación, es decir, el uso de dinero público para tratar de alcanzar un proyecto ilegalmente, no puede quedar impune, ni para Puigdemont ni para el resto de sus compinches, que decidieron emplear dinero que no era suyo para sus ensoñaciones particulares.

O sea, que aunque la sentencia coincidiese con lo planteado por el abogado general, Puigdemont podría quedar en la misma situación en la que se encuentra ahora, al menos en el corto plazo.

Más allá de algunas objeciones menores (levantamiento de medidas cautelares y tutela judicial efectiva) que el abogado general plantea a la ley de Amnistía que redactaron los que querían permanecer en la Moncloa y los que se beneficiaron de ella, en general considera que es compatible con el derecho comunitario.

Más allá de que pueda sorprendernos que el TJUE terminara avalando que en Europa puede amnistiarse a personas acusadas de terrorismo para comprar una investidura, es algo que no podemos descartar a día de hoy que ocurra. De momento, habrá que esperar a la decisión que tomen los magistrados de Luxemburgo.

En todo caso, aunque el TJUE termine asumiendo los planteamiento del abogado general Dean Spielmann, hay cuestiones que nunca podrán cambiarse: que se termine diciendo que la ley de Amnistía es compatible con el derecho comunitario no nos contradice a quienes seguimos afirmando que ley es inmoral e injusta, por cuanto quienes decidieron impulsarla no tenían otro objetivo que permanecer en la Moncloa.

Y contraproducente, dado que dio la razón a quienes delinquieron y prometieron volver a hacerlo en cuanto fuera posible.

Y fue, desde luego, un insulto en concreto a los ciudadanos que fueron víctimas de aquel atropello democrático y a todos los que respetamos y cumplimos las leyes vigentes y abonamos religiosamente los impuestos, a diferencia de quienes salen impunes de sus fechorías por intereses políticos de unos pocos, lo que confirma que la ley no es igual para todos; lo cual es, de facto, una vulneración del Estado de Derecho, una inmoralidad y una enorme injusticia.