La alcaldesa de Erandio despoja de todas sus funciones al concejal de Urbanismo acusado de prevarica

La alcaldesa de Erandio, Aitziber Oliban (PNV), ha despojado de todas sus funciones al concejal de Urbanismo que fue acusado de un posible delito de prevaricación por negar información urbanística a un vecino. Desde principios de octubre, el edil Egoitz Bilbao (también del PNV) ha dejado de acudir a su puesto en este ayuntamiento vizcaíno tras acogerse a una baja laboral.

Egoitz Bilbao era, tras la alcaldesa, el concejal con más poder en el consistorio, ya que aglutinaba la responsabilidad de las dos principales áreas en cualquier municipio: Urbanismo y Obras y Servicios. También se encargaba de Medio Ambiente y Viviendas Municipales y era el coordinador del área de Territorio.

La alcaldesa firmó un decreto de alcaldía el pasado 13 de octubre (nueve días después de que se conociera, a través de este blog, que un juzgado investigaba a Egoitz Bilbao por prevaricación,) en el que se informa de que pasan a la Alcaldía todas las funciones del edil. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia el pasado 26 de octubre, deja sin ninguna responsabilidad al concejal desde el 7 de octubre, “y continuará en vigor hasta tanto en cuanto se dicte una nueva resolución”.

La baja laboral se ha producido, según las fuentes consultadas, tras varios encontronazos con la alcaldesa, con quien el concejal tenía una mala relación desde hace tiempo. Aunque el edil ha comentado en su entorno que deja sus responsabilidades por “el acoso a su familia” y a su persona, fuentes municipales aseguran que se debe a los enfrentamientos con la alcaldesa.

Egoitz Bilbao, que percibía un sueldo de casi 60.000 euros según aparece en la web del Ayuntamiento de Erandio, es concejal de Urbanismo desde 2013. Ha tenido innumerables problemas con vecinos debido a su carácter “agrio”, según señalan fuentes municipales y residentes, y algunos le han  presentado denuncias. Incluso ha tenido problemas con los trabajadores municipales, que en 2018 enviaron un escrito al anterior alcalde, en el que afirmaban  que “acudían a trabajar con miedo a la actitud del concejal”  Egoitz Bilbao. En el escrito, conminan al alcalde a que “le paraba él o lo hacía” el comité de los trabajadores “por lo civil o lo penal”.

A ello se une la singular situación urbanística de Erandio, que funciona con las normas subsidiarias de hace 27 años. Debería haber renovado su planeamiento en 2001 y tampoco ha aprobado el nuevo Plan General, que tendría haberse puesto en marcha en 2006. Esta situación ha provocado que multitud de negocios y edificios en la localidad no cumplan las obsoletas normas de 1993.

"Pasividad" de los imputados

De hecho, el anterior alcalde de Erandio, Joseba Goikuria (PNV), fue juzgado por permitir el funcionamiento sin licencia de una empresa de recuperación de metales. El juez instructor certificó la «pasividad» de los imputados (también fueron enjuiciados dos ex concejales de Urbanismo de Erandio) en facilitar la actividad industrial, sin licencia durante varias décadas. Finalmente, solo fue condenada una ex concejal por prevaricación a 7 años de inhabilitación y el alcalde y el otro edil imputado quedaron absueltos.

Este juicio llevó al actual concejal de Urbanismo, Egoitz Bilbao, a ordenar el cierre de varios locales y negocios. Entre ellos, el de un vecino, propietario de una local de hostelería (un bar-restaurante).  Pero un juzgado de lo contencioso de Bilbao anuló, en marzo de 2019, la orden de clausura del establecimiento hostelero y ordenó al Ayuntamiento de Erandio dar la opción de legalizarlo.

El concejal imputado no cumplió el mandato judicial (aunque el bar-restaurante sigue ahora abierto en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas) y se ha remitido, para justificar el incumplimiento, al nuevo plan urbanístico que sigue sin tramitarse. Ante esta situación, el afectado solicitó al ayuntamiento las licencias de obras y de primera utilización de seis inmuebles y empresas de la localidad. El objetivo era demostrar que el consistorio actuaba de manera diferente en unos y otros casos de situaciones irregulares.

El vecino pidió esta documentación en julio del pasado año, pero el concejal solo facilitó en el plazo legal de dos meses los datos de uno de los seis expedientes. Adujo que no aportó el resto por “su volumen” y “la necesidad de su previa identificación”.

Recurso al Ararteko

Ante la falta de respuesta, el afectado recurrió en enero pasado al Ararteko, quien emitió un informe en abril, señalando que la información debía haberse tramitado en un mes. Agregaba que el consistorio de Erandio se había comprometido a facilitar los expedientes “en fechas próximas”. Entonces estaba decretado el estado de alarma por el Covid19.

Pero con el levantamiento del estado de alarma, el 1 de junio, siguió sin recibir la información e interpuso en julio pasado una denuncia penal por haber transcurrido un año. La demanda acusaba al concejal de Urbanismo de Erandio de prevaricación por “denegar expresamente una solicitud de información pública de forma arbitraria e injusta”.

El pasado 1 de julio, el juzgado de instrucción número 9 de Bilbao abrió una investigación contra el edil Egoitz Bilbao por “la posible existencia de un delito de prevaricación”. Tras esta actuación judicial, el ayuntamiento envió al vecino, el pasado 17 de septiembre, un escrito  en el que señalaba que en marzo puso a su disposición otros tres expedientes (faltarían entonces dos más) en una notificación que no recibió el afectado y añadía que ha cumplido con la petición “cursada por el particular de acceso a los expedientes”.

En apenas cuatro meses, el juzgado de instrucción número 9 de Bilbao ha resuelto el caso con un archivo. En un auto dictado el 22 de octubre, el juez señala que los 6 expedientes solicitados están disponibles desde el 1 de septiembre (más de un año desde la petición). “Es cierto que hay demora en la entrega de los expedientes, pero esta demora no engloba este tipo penal”, en alusión al delito de prevaricación.

Añade que el vecino ha podido acceder “hasta a cuatro expedientes” en febrero pasado (siete meses después de la petición y tras la queja al Ararteko), lo que unido a los meses de pandemia supone que “no ha habido dejación o inacción por parte del Ayuntamiento durante este tiempo”.