El PNV ficha como asesor al juez que presidió el Tribunal de su mayor caso de corrupción

El Gobierno vasco ha fichado al juez Jaime Tapia, que es presidente de la sección penal de la Audiencia provincial de Álava, para participar en la definición de modelo vasco penitenciario que se aplicará cuando se reciba la transferencia de la gestión de las prisiones. El traspaso de la gestión de las prisiones vascas de Martutene, Zaballa y Basauri, en las que hay 1.300 presos, más de 630 funcionarios y casi un centenar de contratos laborales, está a punto de materializarse. Según el Gobierno Vasco, podría cerrarse este mes.

Jaime Tapia aparcará su carrera judicial y trabajará en el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, donde será nombrado asesor de la consejera Beatriz Artolazabal, con rango de viceconsejero, cargo que asumirá a partir del 31 de marzo. Tapia comenzó su carrera en la judicatura hace 33 años. Profesor de Derecho Penal en la UNED desde 2011, es "uno de los pocos magistrados especializados tanto en menores como en las jurisdicciones civil y penal", ha destacado el Gobierno vasco.

Caso de corrupción del PNV

Lo llamativo de este nombramiento es que Tapia presidió el tribunal que juzgó el denominado 'caso de Miguel', el mayor caso de corrupción del PNV, y condenó a finales de 2019 a penas de entre 6 y 13 años de cárcel a tres exdirigentes del PNV y un exdirector del Gobierno Vasco implicados en el proceso por corrupción más importante juzgado en Euskadi. El principal condenado fue Alfredo de Miguel, el que fuera número dos del PNV de Álava y diputado foral, por delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

El 'caso de Miguel' es el caso de corrpución más grande jamás juzgado en Euskadi. En él se descubrió una trama delicitiva de comisiones ilegales en cuya cúspide estaba el entonces diputado foral de Administración Local de la Diputación de Álava, Alfredo De Miguel. Se destapó tras la denuncia presentada por una empresaria tras negarse a pagar una comisión de 100.000 euros que el propio Alfredo De Miguel y Aitor Tellería, considerado el 'fontanero' del PNV en Álava. El fiscal del caso, Josu Izaguirre, llegó a afirmar que toda la trama "está amparada por el 'establishment' del PNV".