PNV y PSE tumban una iniciativa contra la corrupción en plena 'resaca' del caso De Miguel

El Parlamento vasco ha vuelto a rechazar una propuesta de EH-Bildu para instaurar en Euskadi una Oficina Anticorrupción que controlara las actividades de los cargos públicos y que regulase la protección y “garantizase el anonimato” de quienes denuncien cualquier tipo de actividad ligada a la corrupción. Una iniciativa que solo ha contado con el voto a favor de la coalición soberanista y Elkarrekin Podemos-IU, y no ha salido adelante por el voto en contra de los partidos que sustentan en Ejecutivo (PNV y PSE-EE), además de Vox, y la abstención del grupo Vascos Populares-Cs.

Durante el pleno de este jueves, el parlamentario de la formación abertzale, Josu Estarrona, ha señalado que su formación ha llevado de nuevo esta propuesta al Parlamento a raíz de los últimos acontecimientos que relacionan concretamente al PNV con diversas prácticas fraudulentas o incorrectas. Haciendo referencia a sus habituales denuncias contra la Comisión de Ética Pública del Gobierno vasco, respecto a los últimos casos de puertas giratorias en los que se han visto inmersos numerosos cargos jeltzales; y en especial a las últimas novedades del caso De Miguel con la confirmación de las sentencias que se dieron a conocer la semana pasada. 

Por esta razón, Estarrona ha denunciado que el rechazo a su propuesta es símbolo de "la falta de voluntad” para poner fin “a algunas prácticas instaladas en el clientelismo y el amiguismo", y ha señalado que los recursos y procedimientos disponibles a día de hoy son insuficientes para determinar si los casos de corrupción "son puntuales”, o si suponen “la punta del iceberg".

Una opinión que ha compartido el parlamentario de Podemos-IU, Gustavo Angulo, quien ha reclamado al Ejecutivo la renovación de los instrumentos para combatir la corrupción ante las "formas cada vez más complejas" de este tipo de acciones fraudulentas.

Los parlamentarios Unai Fernández de Betoño y Josu Estarrona, de EH Bildu, e Íñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos IU, durante el pleno que celebra este jueves el Parlamento vasco / EFE

El PNV reconoce la necesidad de mejoras

Pese a su voto en contra, jeltzales y socialistas sí han admitido que tanto los órganos de control de buenas prácticas de la Administración pública en Euskadi como el marco legal en los que se apoyan deben mejorarse. Un reconocimiento que llega con la ratificación de las penas por el caso De Miguel muy recientes, pocos días después de que la Audiencia Judicial de Álava comunicase oficialmente la sentencia del Tribunal Supremo por la que el ex número dos del PNV en Álava y otros 14 acusados fueran condenados por la mayor trama de corrupción vivida en la política vasca.  

No está de más recordar que cuatro de esos 15 condenados se enfrentan a penas de cárcel que superan incluso los 12 años de prisión para el cabecilla de la trama, Alfredo De Miguel.

En este sentido, Jon Andoni Atutxa, del PNV, que ha acusado a la formación soberanista de intentar “desgastar” al Ejecutivo mediante la proposición reiterada de este tipo de propuestas parlamentarias, ha asegurado que la validez de este tipo de instituciones de control y marcos legales se sustentan en "acciones de tipo preventivo y no represivas", al contrario de lo que, según él, plantea Bildu.