El Parlamento vasco, con el rechazo del PNV y el PSE-EE, ha votado en contra de la proposición de EH-Bildu para disolver la Comisión de Ética Pública, en un nuevo intento de la coalición soberanista por sustituir esta institución compuesta mayoritariamente por miembros o antiguos cargos jeltzales y del Ejecutivo vasco. Algo que vienen denunciando desde hace meses y que alcanzó un punto especialmente agrio cuando, en julio de 2022, una persona perteneciente a este organismo violó el derecho al anonimato del parlamentario abertzale, Unai Fernández de Betoño, después de que este pusiera una denuncia contra el “cumplimiento insuficiente del Código Ético” del director del Departamento de Transportes, Iván Pedreira.
Así, este jueves, Bildu llevaba a la Cámara vasca una nueva iniciativa parlamentaria con la que pedían establecer un nuevo “órgano independiente” con el que evitar las llamadas “puertas giratorias”; resolver los “conflictos de intereses” de los cargos públicos en las instituciones vascas; y, sobre todo, con el que “preservar el anonimato” de quienes denuncian cualquier práctica alejada de los códigos y “principios ético”.
Sin embargo, la propuesta no ha salido adelante tras la negativa de los grupos que componen el Gobierno de Urkullu, además del de Vox, y la abstención del grupo PP+Cs. Ante esto, Bildu y Elkarrekin Podemos-IU -otro partido que ha insistido mucho sobre este tema- han pactado una enmienda transaccional que llevarán la próxima semana al Parlamento, con la que atender y combatir los futuros casos de corrupción y el traslado de cargos públicos a instituciones y empresas privadas con las que, durante su actividad pública pudieran desarrollar cierta afinidad.
Los parlamentarios íñgo Martínez y Carmelo Barrio durante el pleno del Parlamento vasco / EFE
Negativa "crónica" de PNV y PSE
Durante el anuncio de esta nueva iniciativa conjunta entre ambas formaciones, el parlamentario de la coalición soberanista, Josu Estarrona, que en su momento ya denunció -y hoy ha recordado-, “la falta de medios” para controlar el trabajo de la Comisión de Ética Pública ante posibles casos de puertas giratorias, conflictos de intereses y, en contextos más extremos, corrupción en Euskadi; ha denunciado que PNV y PSE se hayan negado de manera “cronificada” a afrontar estas malas prácticas a través de iniciativas nuevas más allá de esta comisión.
De hecho, el político soberanista ha destacado que de los 80 expedientes que ha estudiado este organismo -que recordemos depende del Gobierno vasco- sólo se ha posicionado en contra de 2 casos en los que un cargo de este Ejecutivo ha querido trasladar su actividad laboral a la empresa privada. Sobre lo que además, Estarrona ha criticado que esta institución alarga los plazos “hasta un año” en algunos casos, mientras que en otros mira a otro lado, en referencia al caso del exdirector general del SPRI, Alexander Arriola, quien tras no obtener respuesta del Gobierno y saltarse el procedimiento marcado, acabó firmando por la empresa de ciberseguridad para vehículos, Eurocyber.