En abril del pasado año, la Ley Vasca de Educación se vislumbraba como una norma refrescante en la política, de esas que aunque pudiendo aprobarse con “el rodillo” del Gobierno, se planteaban desde una perspectiva poco habitual: desde la búsqueda del consenso y la negociación entre diferentes grupos políticos para llevar a Euskadi una medida que reflejara el querer del 90% del Parlamento vasco.
Sin embargo, el espíritu de aquel pacto educativo, firmado en su momento por PNV, PSE-EE, EH-Bildu y Elkarrekin Podemos ha ido diluyéndose conforme pasaban los meses y el Departamento de Educación, Jokin Bildarratz, atrasaba los plazos para la aprobación del proyecto de ley. De final de 2022 se pasó a principios de 2023, de ahí a marzo y finalmente a abril, provocando la disconformidad del resto de grupos, en especial de la coalición morada.
De hecho, la formación liderada en la Cámara vasca por Miren Gorrotxategi, que el día después de la aprobación de la norma anunció que presentará una enmienda a su totalidad, denunció en reiteradas ocasiones que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu estaba alejándose de lo acordado en el pacto para dar prioridad a temas como la aplicación definitiva del euskera como lengua base en la educación vasca, sobre otros como el desarrollo de los centros públicos sobre los concertados y el fin definitivo de la educación segregada.
El Lehendakari, Iigo Urkullu, saluda al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en el Parlamento vasco / Europa Press
El PSE en contra
El problema está en que esta Ley de Educación, que debía impulsar a ambos socios del Ejecutivo, ha acabado por abrir un nuevo cisma entre jeltzales y socialistas, una brecha que otras formaciones políticas, como en este caso el grupo Vascos Populares-Cs, han tratado de aprovechar a su favor y dinamitar, todavía más si cabe, el consenso general hacia la que debía convertirse en el “buque insignia” de esta legislatura.
Así, este viernes, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte, Iñaki Arriola, aprovechó una pregunta de los populares en el pleno de control del Parlamento vasco para hablar, con muchos menos tapujos de los esperados, sobre la disconformidad de su partido hacia una ley con la que el PNV parece querer contentar más a EH-Bildu que a sus compañeros de Gobierno.
Arriola, en una intervención que poco tenía que ver con el departamento que dirige -la pregunta estaba planteada para que la respondiera la vicelehendakari Idoia Mendia, pero no pudo hacerlo por problemas de agenda-, aseveró que su partido y el PNV no han alcanzado todavía un "acuerdo definitivo" en torno a este proyecto y aseguró que tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como el consejero de Educación, Jokin Bildarratz conocían la posición de los tres consejeros socialistas, que durante el Consejo de Gobierno siempre fueron “de cara en la negociación".
Sin embargo, las críticas que numerosos cargos del PSE-EE han hecho en las últimas semanas, entre ellos el secretario general de la formación, Eneko Andueza, no han sido demasiado duras e incluso desde otros grupos políticos, como EH-Bildu, se les ha acusado de estar aprovechando esta polémica para hacer campaña electoral, a raíz de una ley que debía contentar a prácticamente todo el parlamento. Además, Arriola ha mostrado su confianza en que “las discrepancias se subsanen en el trámite parlamentario”.
El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola (PSE-EE), en el Parlamento Vasco / Legebiltzarra
Temas de campaña
Evidentemente, la disposición que transmite Arriola para negociar es algo bueno y en lo que generalmente debería basarse la política, pero estamos en pleno año electoral, a escasos 20 días para los comicios, y aquí nada se hace por casualidad ni por accidente. Por eso, no es descabellado pensar que la actual oposición a ciertos puntos de esta Ley de Educación desaparecerá en unos pocos meses, una vez se haya votado a Ayuntamientos y Diputaciones, y se hayan reformado ciertos aspectos del anteproyecto para que los socialistas puedan sacar pecho.
Sin embargo, este afán por distinguirse, y con unas elecciones generales asomando, puede retrasar todavía más los procesos para la aprobación final de esta norma en la Cámara vasca. Un objetivo del Ejecutivo, especialmente del PNV, que muchos ven inalcanzable, sobre todo teniendo en cuenta los sucesivos retrasos que sufrió únicamente la presentación y aprobación del texto ante el Consejo de Gobierno.