Tras la aprobación este martes de la nueva Ley Vasca de Educación, finalmente, Elkarrekin Podemos-IU ha dado a conocer su rechazo al texto elaborado por el departamento de Jokin Bildarratz y el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, y ha mostrado su “profunda decepción” ante una norma que muestra un “nulo compromiso con la escuela pública y su negativa a convertirla en el eje vertebrador” del sistema educativo vasco.
Así, en una rueda de prensa en la Cámara vasca, la portavoz de la coalición morada, Miren Gorrotxategi ha señalado que su formación es incapaz de “legitimar un sistema educativo donde la mitad de la educación es privada” y ha anunciado que, una vez el texto alcance el proceso parlamentario correspondiente, presentarán una enmienda a la totalidad para que el Gobierno compuesto por PNV y PSE-EE respondan a su “responsabilidad” de presentar un proyecto de ley “que cumpla con el pacto firmado y permita perfeccionar y pulir cuestiones concretas”.
En esta línea, Gorrotxategi ha aseverado que “sobre un edificio con los cimientos podridos difícilmente puede alzarse una buena casa”, haciendo referencia a las “progresivas rupturas con el pacto de abril”, entre las que ha destacado: la “falta de compromiso” para acabar con la segregación escolar; la equiparación entre centros totalmente públicos y aquellos concertados que reciben financiación del Ejecutivo; y la falta de concreción en el texto al referirse a los centros de interés social y el trato preferente que se había acordado en abril del pasado año.
Miren Gorrotxategi en el pleno del Parlamento vasco / Legebiltzarra
Decepción anunciada
Lejos de la sorpresa, la decisión de Podemos venía anunciándose desde hace meses por las profundas tiranteces de la coalición "progresista" a las medidas que en los sucesivos borradores habían ido originándose. Especialmente aquellas relacionadas con la escuela pública y su "marginación" hacia la concertada.
Sobre esto, Gorrotxategi ha destacado que su grupo parlamentario apoyó en un primero momento el pacto de abril, "porque por primera vez el Gobierno quería asumir un cambio de rumbo en el sistema educativo vasco" y firmar un acuerdo con la gran mayoría del Parlamento vasco -el 90% de sus representantes- "que introducía cuestiones básicas respecto a la escuela pública, exigiendo compromisos claros contra la segregación", en donde como ha recordado Euskadi es una comunidad "lider".
Así, ha denunciado que este anteproyecto está en "clara contradicción" con lo firmado el pasado año y es el "colofón a los sucesivos incumplimientos" del pacto apoyado en su momento por PNV, PSE-EE, EH-Bildu y Elkarrekin Podemos "apuesta por que todo siga igual" al "blindar" la educación concertada y meterla en el mismo saco que la pública. Porque como señala Gorrotxategi, el texto presentado este martes habla de un Servicio Público Vasco de Educación, en el que entran "todos los departamentos financiados por el Ejecutivo".
El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, en un acto del partido en Bilbao / Luis Tejido - EFE
Una aberración para el PP
Podemos no es la única formación política que ha anunciando una enmienda a este proyecto de ley, también lo ha hecho este miércoles el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, que en unas declaraciones a los medios de comunicación en Bilbao se ha referido a esta norma como "una verdadera aberración, un escándalo y un atentado contra la lengua española" en Euskadi, con la que "se crea una emergencia nacional" al "imponer" el euskera y "desaterrar" al castellano de las aulas vascas.
En esta línea, ha aseverado que el texto "va en contra de la libertad de elección" de las familias, puesto que con la desaparición de los modelos vigentes hasta ahora "no podrán optar, si quieren, a que sus hijos estudien en castellano en los colegios de Euskadi". Además, ha denunciado la actitud del PNV y el PSE-EE, quienes, pese a haber aprobado la norma, lo han hecho "bajo el dictado de Bildu".
Por ello, en referencia a la parte socialista del Ejecutivo, ha acusado al PSE de tomar ahora "una pose electoral" con la que "buscar excusas a la ley", pese a que sus tres consejeros la aprobaron y dieron su visto bueno durante el Consejo de Gobierno de este martes.