La Ley de Educación agranda la brecha entre los socios del Gobierno vasco a un mes del 28-M

Cuando el 7 de abril del pasado año PNV, PSE-EE, EH-Bildu y Elkarrekin Podemos-IU firmaron el pacto educativo como apoyo a la que venía a ser una ley de consenso y que integrara al 90% del Parlamento vasco, los miembros del Ejecutivo vasco no contaban con el complicado proceso al que se han tenido que enfrentar hasta que este martes se ha aprobado, finalmente, el proyecto de la nueva Ley Vasca de Educación. Sin embargo, lo que esperaba ser una noticia celebrada por la gran mayoría de la Cámara vasca no ha tardado en tener sus primeros detractores dentro del propio Gobierno.

Por una parte, desde Podemos ya se mostraban escépticos respecto a lo que este proyecto de ley pudiera incluir en sus 101 artículos y, en concreto, sobre las medidas planteadas para impulsar a la escuela pública sobre la concertada; pero la negativa más destacada ha llegado desde la parte socialista del Ejecutivo, que mediante un comunicado de prensa dio a conocer su desacuerdo con algunos de los puntos integrados en la norma, y su esperanzada de que "la tramitación parlamentaria subsane las diferencias" en el Proyecto de Ley de Educación.

Con esto, la formación liderada por Eneko Andueza ha mostrado cierta disconformidad con la norma impulsada por el Ejecutivo del que ellos mismos son parte, destacando que el texto que se llevó este martes al Consejo de Gobierno no responde "a todos los objetivos marcados" el pasado abril, pero que desde su grupo decidieron mantener su voto favorable con la intención de “no obstaculizar” la tramitación de esta norma, “ni la búsqueda de consensos más amplios”. Sin embargo, asociaron su futuro apoyo al texto a la necesidad de que se resuelvan “determinados aspectos” recogidos en la ley.

En concreto aquellos referidos al dictamen preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA), que según el PSE, “plantea varias objeciones jurídicas y posibles consecuencias”, ya comunicadas en su momento a la formación jeltzale, pero que según los socialistas, “no han sido suficientemente atendidas por el Departamento”.

El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, y el portavoz, Bingen Zupiria presentan el anteproyecto de Ley de Educación / David Aguilar - EFE

Distancia cada vez mayor

Aunque desde el PSE han mostrado un desacuerdo discreto hacia determinados puntos de la ley presentada este martes, y han comunicado su intención plena de seguir negociando con sus compañeros en el Ejecutivo vasco, no deja de ser relevante que este caso se suma a una lista cada vez más amplia de disidencias y tensiones con el PNV, que parece incrementarse conforme se acercan las elecciones municipales y forales del próximo 28 de mayo. Unos comicios ante los que jeltzales y socialistas, con una mirada total hacia la campaña, tratan de distanciarse los unos de los otros y de dirigirse a los votantes. 

Así, el partido de Eneko Andueza parece, en algunos casos, un miembro más de la oposición en vez de un socio de gobierno, puesto que en las últimas semanas no ha escondido su rechazo en torno a cuestiones como el euskera, ante el recurso del PNV al dictamen del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (TSJPV) por la OPE del organismo foral Uliazpi; y por el rechazo también de los jeltzales a la nueva Ley Nacional de Vivienda y su supuesta brecha de las competencias vascas. Algo que desde el primer momento ha negado el Partido Socialista. 

Con esto, la incógnita sobre si la ley podrá aprobarse o no antes del final de esta legislatura es cada vez mayor. Básicamente porque si el PNV y el PSE quieren sacar adelante esta norma, que pretende erigirse como su gran logro como Ejecutivo de coalición, deberán hacer frente en el Parlamento vasco a las enmiendas que seguro lanzarán desde PP+Cs, Vox y, bajo sorpresa, también desde Podemos, y ahora también a las propuestas del PSE para cambiar aquellos aspectos del texto que desde la parte socialista ven con desagrado. 

Por eso habrá que esperar a que pasen los comicios del 28-M -con el parón parlamentario que esto supone-, y después las elecciones generales que de nuevo paralizaran la actividad del legislativo vasco. Por ello, si se mira al calendario, este último año de legislatura se presenta complicado y especialmente corto para el equipo del lehendakari Urkullu que quiere evitar a toda costa dejar esta norma en el tintero durante mucho tiempo.