Han pasado más de tres años desde que la tragedia del vertedero de Zaldibar conmocionara a la sociedad vasca. El 6 de febrero de 2020 Euskadi quedó completamente paralizado ante el derrumbe de miles de toneladas de basura que acabó con la vida de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, ambos trabajadores del vertedero y cuyos restos, en el caso de Beltrán, siguen dejaron de buscarse en mayo de 2021.
El suceso debía convertirse en un ejemplo de qué no podía volver a ocurrir, de cómo la mala gestión de la empresa Verter Recycling, encargada de la administración, y la pasividad de las instituciones vascas habían permitido que este recinto alcanzara una situación insostenible. Sin embargo, parece que no fue así, y en los últimos días los fantasmas de aquella injustificable tragedia han vuelto, ante la alerta y el "riesgo inminente" de un nuevo derrumbe.
Así, tras una sucesión de protestas realizadas por Zaldibar Argitu, Ekologistak Martxan y Euskal Herriko Eskubide en los últimos días, el Gobierno vasco finalmente dio un paso adelante y anunció que encargará un estudio para ver cuál es realmente la situación actual del vertedero vizcaíno y conocer si el temor a una nueva catástrofe es fundado.
Esta noticia llegó a través de un comunicado donde la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, explicaba que ante "el incumplimiento reiterado" de sus funciones, el administrador concursal del recinto -es decir, Verter-, quedaba relegado de la gestión del basurero y era el Ejecutivo vasco quien asumía de nuevo y "de forma subsidiaria, la responsabilidad del titular del vertedero", para elaborar un nuevo estudio "con la mayor brevedad".
Sobre explotación y "grandes deficiencias"
Desde su construcción, el vertedero de Zaldibar fue ya un asunto polémico. Las características geográficas de la zona que ocupa el basurero fueron muy comentadas cuando el Gobierno vasco aprobó el proyecto, y desde la tragedia se han considerado como un factor clave para el derrumbamiento.
Esto, sumado al vertido descontrolado de residuos y la sobre explotación consecuente del recinto, además de las "grandes deficiencias" en la gestión por parte de Verter Recycling, desembocó en el desplazamiento de miles de toneladas de basura acumuladas durante años sin ningún tipo de organización aparente. En concreto, para 2020 ya se habían superado las 500.000 toneladas de residuos, una cantidad considerablemente superior a la estipulada.
Un vertedero sin sellar
En febrero del pasado año, el Gobierno vasco demandó a Verter Recycling a que sellara el basurero de Zaldibar y realizara las labores necesarias para que un suceso así no pudiera repetirse -al menos en este mismo recinto-. Sin embargo, la compañía vasca fue posponiendo estas obligaciones, y a día de hoy, con el plazo vencido desde noviembre y la empresa declarada en quiebra, esta no ha tomado ninguna medida al respecto, lo que ha obligado al Ejecutivo autonómico a tomar cartas en el asunto.
Por encargo del Ejecutivo, último informe geológico de la empresa Geología y Geotecnia Larrea S. L., lanzado el pasado mayo, confirmaba que la masa de residuos sigue perdiendo estabilidad y que sin el sellado definitivo que debía acometer Verter Recycling, la situación solo puede ir a peor y los riesgos para un nuevo derrumbamiento son cada vez mayores. Sobre todo si no se toman pronto las medidas necesarias.
En concreto, para conocer las posibilidades de un nuevo suceso de este tipo, el Gobierno mira al Factor de Seguridad (FS), el cual al descender hasta un nivel inferior a 1, marca la existencia real de que el basurero pueda volver a derrumbarse. Así, cuando en agosto de 2021 el Ejecutivo concluyó con sus labores para estabilizar el recinto, el FS marcaba 1,6 en las condiciones secas y 1,4 en las de fallos de drenaje -las dos tipologías en las que se divide el riesgo-, pero ahora, según los datos del mes de abril, el FS ha descendido hasta el 1,15 y las expectativas no son muy optimistas.
Un nuevo lío político
Las denuncias de los colectivos sociales concienciados con la causa de Zaldibar ante la posibilidad de un nuevo suceso similar, de un "Zaldibar 2" como algunos lo han calificado, no han tardado en tener una respuesta desde la política vasca, que en los últimos días ha vuelto a llevar el tema a la cámara autonómica y al debate entre los diferentes grupos políticos en Euskadi.
El Ejecutivo de Urkullu, en concreto su consejera Arantxa Tapia, ya han confirmado que encargarán este nuevo estudio por el hecho de que Verter Recycling se ha desentendido de la causa y las condiciones de la infraestructura hayan empeorado "notablemente". Pero mientras, desde la Cámara autonómica piden responsabilidad al Gobierno y le exigen mano dura a la hora de tratar con esta inminente crisis.
De hecho, EH-Bildu llevó el pasado jueves una iniciativa al Parlamento vasco que, pese a ser rechazado, sí dio pie a que el PNV y el PSE aprobaran una enmienda a la totalidad sobre esta misma propuesta en la que simplemente "instaban" al Gobierno vasco a que siga trabajando en el control del vertedero.
Una iniciativa muy poco concreta y ante la que la izquierda abertzale, descontenta por haber visto rechazada su propuesta, declaró a través de un comunicado que pedirán "dimisiones si Lakua sigue sin actuar en Zaldibar y se acaban materializando los riesgos detectados en el vertedero".
Incendios, medioambiente y la amenaza del amianto
La preocupación de que se repita este episodio en Euskadi, en este mismo vertedero, pasan también por los graves efectos medioambientes que tuvo el derrumbamiento. Aquel suceso provocó numerosos incendios y toda una serie de problemas de contaminación que afectaron especialmente a los habitantes de Zaldibar y las localidades vecinas y produjeron otros problemas en las huertas o las zonas de pasto.
Pero el mayor factor de riesgo está en el tipo de residuos acumulados descontroladamente durante años y mezclados a raíz del derrumbe. Entre estos se destaca el amianto, una sustancia que, al ser expuesta en grandes cantidades o durante periodos muy largos de tiempo puede llegar a provocar enfermedades cancerígenas a quienes trabajan o tienen contacto con ella.
Por eso, los vertidos de este material habitualmente se califican como residuos peligrosos y se deben acumular en unas celdas especiales y estancas, pero el desastre de 2020 rompió completamente estas celdas y mezcló los residuos de amianto con los de los demás.
Conciencia social
Cuando se produjo la tragedia, la sociedad vasca prácticamente en su conjunto se volcó con la localidad de Zaldibar y con las personas afectadas por el derrumbamiento, y todavía a día de hoy cientos de personas siguen manifestándose y pidiendo responsabilidades por lo ocurrido, conscientes de que la posibilidad de un suceso similar es completamente posible.
Por esta razón, con la amenaza cada vez mayor de un "Zaldibar 2", las plataformas Zaldibar Argitu, Ekologistak Martxan y Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta han aumentado su presencia en las calles y en las últimas semanas han vuelto a protestar ante las instituciones vascas como el Parlamento o la sede del Ejecutivo en Bilbao, lo que ha vuelto a poner el tema tanto en la conversación social como política.
De hecho, estas mismas registraron una solicitud ante el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente preocupados de que la ladera del monte esté derrumbándose y ante las evidencias de que el terreno continúa moviéndose y hay grietas cada vez mayores, que pueden desembocar en un nuevo desplome.