A lo largo de los primeros nueve meses del año las huelgas, protestas y manifestaciones han sido numerosas dentro del sector público vasco. Cansados del “notable deterioro” del mismo y del empeoramiento de las condiciones laborales, sindicatos, profesionales y usuarios han salido a la calle para pedir al Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos que garanticen el poder adquisitivo y consoliden el empleo público en la comunidad.
Con el anuncio de una nueva convocatoria de huelgas, esta vez conjunta, los próximos 25 de octubre y 19 de mayo, todo indica a que la crisis en el Ejecutivo vasco es más aguda que nunca; aguda y transversal, ya que aunque afecta "a todos los ámbitos del empleo público, cada vez más privatizado", esta estaría principalmente motivada por las quejas y descontento respecto a las dos grandes joyas de Lakua, la Sanidad y la Educación.
Ante esta escalada de protestas, ya mostró su malestar el lehendakari, Iñigo Urkullu, hace solo una semana, cuando señaló el origen de las mismas en las intenciones electorales de ciertos sectores institucionales -añadiendo además que su “objetivo era el de acosar y desgastar al Gobierno vasco"-, los que además acusó de “avivar y prender la llama ante ciertos conflictos”. Pero lo cierto es que el descontento lleva palpándose meses en la sociedad vasca como se está viendo reflejado ya no solo en partidos o sindicatos, también en profesionales y usuarios de dichos servicios.
Alumnos vascos/EFE
Un inicio del curso escolar agridulce
Si bien, ciertos profesionales dentro de la Educación pública vasca ya han anunciado que no participarán en la huelga -como es el caso del sindicato de trabajadores interinos de la Administración vasca Interinok Taldea, que ha señalado que pese a que “el colectivo al que representa es sin duda el más precarizado de cuantos existen entre los trabajadores públicos”, no va a participar "por la apuesta decidida por el diálogo y la negociación"-, el descontento generalizado hacia el Departamento es evidente, descontento que además debido a los últimos problemas registrados en el inicio del curso escolar ha aumentado.
Primero fue la polémica motivada por la falta de empresas que apotarsen sus servicios para el Departamento de Educación. Dicha polémica, todavía sin solución, ha dejado durante los primeros días del curso a más de 7.000 niños, según los datos del propio departamento, sin transporte escolar. Las idas y venidas esta última semana han sido constantes y han terminado, por el momento, en una nueva advertencia por parte del Ejecutivo hacia dichas compañías de "acatar y cumplir" la orden interpuesta.
Sin duda los más perjudicados por esta situación han sido las familias, que visto el panorama este viernes exigían soluciones. Ha sido en concreto, la Confederación de Padres y Madres de Alumnos Euskal Herria (EHIGE), la que ha solicitado al consejero de Educación, la celebración de una reunión urgente para tratar de solucionar el conflicto, asegurando que no se quedarán "de brazos cruzados ante esta inaceptable situación".
Esta es solo uno de los problemas abiertos para el Departamento de Educación, institución que además se encuentra en vistas de aprobar la nueva Ley de Educación vasca. Esta es uno de los 14 proyectos de ley que están todavía en tramitación parlamentaria, y una de las medidas que más quebraderos de cabeza está produciendo al Ejecutivo, por su contenido y por el descontento de algunos grupos políticos y sindicatos. Entre esos sindicatos está Steilas, sindicato con mayor representación en la educación vasca y uno de los convocantes de la huelga, que ha criticado duramente esta ley por "su carácter privatizador".
Movilizaciones de profesionales de Osakidetza
Continuas quejas a la gestión de Osakidetza
Osakidetza ha pasado en los últimos meses de ser la gran joya de la corona vasca al 'talón de Aquiles de Lakua', y es que las quejas sobre su gestión no paran de hacerse públicas. En numerosas ocasiones han salido el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, a reiterar su apuesta por el sistema público de salud, pero lo cierto es que según profesionales y sindicatos, este está siendo dañado por la falta de personal y recursos presentes.
Así lo denunciaron ya los pasados 18 y 19 de mayo, en sendas huelgas con las que denunciaban el "desmantelamiento de la sanidad pública y la apuesta del Gobierno vasco por la privatización de este servicio". Acusaciones que se han visto reforzadas con ciertos movimientos o decisiones que Osakidetza ha tomado meses después de las protestas como los recortes de horarios o cierres de algunos centros de salud vascos, el aumento del tiempo para ser atendido, problemas en los exámenes de las OPEs o la falta de enfermeras en centros escolares.