Los tres puntos clave que enfrentan a los partidos

Este martes, PNV y PSE alcanzaban un acuerdo de última hora para continuar con la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Educación. Esta nueva ley —que sin duda será la más importante de esta legislatura— lleva, desde hace meses, enfrentando a los socios de gobierno en lo que a los modelos lingüísticos se refiere, además de contar con la negativa de otros partidos como EH Bildu y Podemos. 

Varios han sido los asuntos que han suscitado diferencias entre los distintos grupos políticos, pero en torno a tres de ellos han surgido las mayores discrepancias. 

Euskera. Una de las grandes controversias tiene que ver con el papel del euskera en la educación vasca. Entre las 26 enmiendas que han presentado de forma conjunta PNV y PSE, se introduce "el carácter vehicular de todas las lenguas de aprendizaje", es decir, las dos lenguas oficiales —castellano y euskera— y, al menos, otra lengua extranjera. Asimismo, los dos grupos proponen introducir una disposición adicional en la ley que otorgue al Gobierno vasco dos años para desarrollar las características del "marco común del sistema plurilingüe" y que sirva como referencia para elaborar el proyecto lingüístico de cada centro escolar. 

El proyecto de Ley de Educación no habla expresamente de los modelos lingüísticos en ninguno de los 101 artículos, pero la enmienda ratifica en cierto modo lo que el PSE venía defendiendo desde el principio, que no desaparezcan. En este sentido, Bildu siempre ha sido el único partidario de un modelo de inmersión lingüística total que sustituya la fórmula de los diferentes modelos en función del idioma. Sindicatos como Steilas o ELA también son partidarios de que el euskera adopte el papel de lengua vehicular. 

Escuela pública y privada. En el pacto acordado en el mes de abril, se establecía que los centros concertados y privados no podrían cobrar cuotas, salvo por actividades complementarias que estarían reguladas y tasadas por el Gobierno vasco. Sin embargo, sí se mantienen las ayudas a estos centros. Eso sí, se establecen una serie de requisitos para poder acceder a fondos públicos. Entre ellos, "priorizar" el euskera, tanto dentro como fuera de las aulas, y la laicidad. 

Elkarrekin Podemos-IU, que siempre se ha mostrado contrario a la financiación de centros concertados, ha cargado contra el proyecto de ley que —aseguran— "es privatizador" y "carga contra la escuela pública". La portavoz del partido, Miren Gorrotxategi anunciaba este mismo martes que presentarán una enmienda a la totalidad. Gorrotxategi criticaba que el proyecto de ley "mezcla" la educación pública y la privada y que, por lo tanto, "reciben el mismo tratamiento". "No respeta el pacto educativo de abril de 2022, ni la letra ni el espíritu, sólo hay que comparar el texto del pacto y el proyecto de ley, son contrapuestos", sentenciaba. 

Segregación. Con el fin de evitar la segregación de los alumnos por razones socioeconómicas o de otra naturaleza, el proyecto de ley aboga apuesta por "una distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad entre todos los centros financiados por fondos públicos.

Sin embargo, haciendo alusión al punto anterior sobre la escuela concertada, Elkarrekin Podemos-IU considera que esto "perpetúa la segregación". Por su parte, EH Bildu —que ya ha registrado 146 enmiendas parciales— también hace referencia al asunto de la segregación. Apuestan por una educación "más inclusiva", además de poner el foco en el alumnado migrante y fomentar las medidas a favor de los estudiantes con diferentes capacidades.