El Gobierno vasco cifra en un 9,8% la huelga de funcionarios, con un 33,8% en la enseñanza

El Gobierno vasco ha dado ya los primeros datos generales sobre la huelga de funcionarios de la Administración Pública que los sindicatos ELA, LAB, CCOO, Steilas y ESK habían convocado para este martes y que afectaba a 150.000 trabajadores en Euskadi. Un nuevo paro, el tercero en los últimos cinco meses, y que se suma a los del pasado 25 de octubre y el 19 de diciembre, y que según el Ejecutivo autonómico ha sido secundado únicamente por un 9,8% del sector público vasco.

Aunque los colectivos sindicales responsables de esta jornada de huelga hablaban durante la mañana de un "amplio seguimiento", los datos compartidos por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno dan una versión diferente en la que el sector más movilizado ha sido el de la enseñanza pública. Concretamente, con un seguimiento de hasta el 33,8% por parte de los docentes del 89% de los centros de Euskadi.

Por su parte, los sindicatos convocantes hablan de un seguimiento de la huelga del 65% en la enseñanza no universitaria, de un 75% en las haurreskolas y de un amplio apoyo en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), donde la actividad académica también es "muy escasa".

Unas cifra sumamente superiores a las registradas en Osakidetza y el área de Seguridad. En la primera, donde el sindicato de enfermería Satse no figura como parte de los convocantes a la huelga -algo que sí ocurrió en las dos anteriores-, el parón se ha dejado notar menos. De hecho, durante el turno de la mañana solo se han ausentado un 4,6% de los trabajadores, y en el turno de noche no ha faltado. Aunque según han explicado los sindicatos, la huelga está afectando más a la Atención Primaria que a los hospitales. En el caso del área de seguridad el seguimiento ha sido incluso menor y solo un 2,52% de la plantilla han apoyado esta nueva convocatoria.

Consignas que "no se ajustan a la realidad"

Con esta nueva huelga, los sindicatos convocantes exigen al Gobierno autonómico una mejora en sus condiciones laborales y que afecte al empleo de todo el sector público vasco sin "imposiciones ni vetos" aprobados en Madrid. Consignas muy similares a las que motivaron los parones del pasado 25 de octubre y el 19 de diciembre, que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu no comparte. 

Este martes, el portavoz del Gobierno y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha incidido en que esta convocatoria "evidencia que muchas de las cuestiones planteadas no tienen que ver con el sector público vasco y no tienen en cuenta la realidad" de la Administración Pública del País Vasco, y por tanto el Ejecutivo del que él forma parte "no las puede aceptar".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha mantenido que mantenido que "hay cuestiones que han sido argumentadas como razones para esta convocatoria de huelga" que, a su juicio, "nos ajustan a la realidad. En concreto, se ha referido a las acusaciones que los sindicatos hacen "permanentemente contra el Ejecutivo" en referencia a la privatización de los servicios públicos y "la denuncia de que se esté produciendo un deterioro en las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos".

En este sentido, Zupiria, aunque ha insistido en que la huelga es "un derecho que tienen todos los trabajadores", ha incidido en que el Gobierno vasco "respeta ese derecho y también los servicios mínimos que se han establecido desde la Dirección de Trabajo". Unos servicios que, como ha aseverado, pretenden "garantizar ese derecho de los trabajadores que han decidido hacer la huelga; el derecho a trabajar de quienes han decidido no hacer la huelga; y respetar el derecho constitucional de acceder a todas las prestaciones esenciales que la sociedad tiene reconocidos".