PNV y Bildu respaldan a Sánchez con la Ley de Amnistía a la espera de la negociación de los PGE

Cinco meses después de ser investido presidente del Gobierno y en medio de una nueva trama de corrupción que parece envolver a su partido, Pedro Sánchez ha logrado sacar adelante su esperada Ley de Amnistía. Una norma rechazada al completo por el Partido Popular y Vox, que perdona gran parte de los delitos realizados durante el 'process' catalán y que permite al dirigente socialista mantener viva esta legislatura. 

La Amnistía, impulsada por los independentistas catalanes (ERC y Junts), y apoyada por los nacionalistas y soberanistas vascos (PNV y EH Bildu) era una medida indispensable para que este segundo mandato de Sánchez siguiera adelante. Sin embargo, el "cierre" de este capítulo no parece poner calma en las filas del Ejecutivo de coalición entre el Partido Socialista y Sumar; sino que es solo el inicio a un proceso arduo y mantenido en el tiempo. Primero tendrá que pasar por el Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta-, regresar al Congreso y después, tras ser aprobada definitivamente y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tendrá que superar los filtros del Tribunal Constitucional. Algo que previsiblemente permitirá la vuelta del expresident Carles Puigdemont a España.

Si a finales de enero -cuando Junts tumbó el primer intento de aprobar esta norma-, el Gobierno hubiera logrado aprobar la ley en la Cámara Baja, los socialistas lo hubieran celebrado con especial énfasis. Y lo han hecho, pero el contexto ahora es especialmente diferente, y los de Sánchez están pasando ahora por uno de los puntos más bajos de esta joven legislatura.

El "caso Koldo" apunta en mayor o menor medida a varios ministros: entre ellos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el de Interior, Fernando Grande Marlaska; y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; además de a la presidenta de la Mesa del Congreso, Francina Armengol. Todas ellas personas de confianza del presidente del Gobierno y ahora presuntamente salpicadas por una trama que, sin embargo, parece no afectar al contexto electoral de Euskadi para el 21-A.

Sin presupuestos hasta 2025

Pero cuando un capítulo se cierra, aparece un nuevo problema que, en esta ocasión, sí afecta directamente a PNV y EH Bildu. Este pasado miércoles, ante la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Cataluña para el próximo 12 de mayo, Sánchez dio por descartada la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Junts y ERC, y anunció que su Ejecutivo no iba a tratar de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para este año, sino que iba a prorrogar los de 2023 y centrarse así en los de 2025. Una medida que los partidos vascos han aceptado de buena gana, aunque con cierto resquemor. 

En el caso de los jeltzales, que no habían cerrado definitivamente su apoyo a este proyecto de ley, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, señaló que las cuentas de 2024 estaban "trastabilladas" por la convocatoria electoral en Cataluña y dijo entender esta decisión. Sin embargo, consciente de que sin unos presupuestos actualizados parte de sus aspiraciones para Euskadi pueden quedar en tierra de nadie, aseveró que los del próximo año serán "definitorios" para el transcurso de esta legislatura.

Mientras, en nombre de la formación abertzale, su portavoz, Mertxe Aizpurua, señaló que su partido estaba dispuesto a seguir negociando el apoyo a estas cuentas incluso tras el adelanto electoral en Cataluña. Razón por la que, según explicó este jueves, seguirán tratando de que sus propuestas para Euskadi "se puedan aprobar por otras vías".

En el caso de Bildu, las negociaciones estaban "bien encaminadas", y este periodo de "stand by" no es el que ellos hubieran querido. Pero según Aizpurua, tampoco es un "drama político", sino una muestra de la "inestabilidad estable o de estabilidad inestable" que se vive en la legislatura actual.