Las víctimas buscan el cerco judicial a los jefes de ETA para luchar contra la impunidad

Hace apenas un mes, en los primeros días de julio, trascendía que la Audiencia Nacional había procesado a seis jefes de ETA por el asesinato del empresario Francisco Arratibel en 1997. Un ejemplo más de cómo la perseverancia de las víctimas del terrorismo busca cercar judicialmente a los dirigentes de la organización terrorista y, por ello, acabar con su impunidad en muchos crímenes. 

En ese caso, en concreto, la jueza María Tardón procesó a Francisco Javier García Gaztelu, Txapote; Irantzu Gallastegui, Amaia; Jose Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; y Soledad Iparraguirre, Anboto. Se trata de seis de los dirigentes más destacados de la organización terrorista. 

La jueza explicaba en su resolución que todos ellos formaban parte del Comité Ejecutivo de ETA en el periodo de tiempo en el que se decidió, planificó y materializó el asesinato del empresario, como informó Efe. No es el primer caso similar. Y parece que tampoco será el último.

"Esfuerzo colectivo"

No es un secreto que en estos años posteriores al final del terrorismo las víctimas de ETA se afanan por señalar a los 'autores intelectuales' de tantos y tantos crímenes, muchos de ellos sin resolver. Asociaciones como Dignidad y Justicia o la AVT pelean en los tribunales para conseguir que se celebren juicios como el venidero por este caso contra los jefes de la banda terrorista.

Para ello cuentan, además, con las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el trabajo de jueces y fiscales. Un dato también conocido a este respecto es demoledor y explica lo que está pasando: más de 350 asesinatos de ETA están pendientes de resolver. 

En un reciente informe publicado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria a finales de julio y que puede consultarse en internet se expone esta estrategia compartida por quienes padecieron a la banda. "Los cuerpos policiales, la Fiscalía y los jueces siguen trabajando para esclarecer las implicaciones en algunas causas por asesinatos de ETA que se mantienen abiertas a pesar del tiempo transcurrido", reza el texto.

Y se añade que "las acusaciones particulares, representadas por asociaciones de víctimas, participan también en este esfuerzo colectivo para reducir la impunidad". 

Los casos que avanzan

Además, el citado informe cita "resoluciones significativas en varios de los procedimientos judiciales más simbólicos que permiten mantener la vigencia de las investigaciones y dan esperanza a las víctimas de que todavía puede haber justicia en esos casos".

Menciona, entre otros, el caso por el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo Juan Francisco Querol, el caso del crimen del concejal del PP en Durango José María Pedrosa o el caso del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. En los tres casos, los jefes de ETA en el momento de los atentados aparecen señalados como responsables. 

Desde los citados colectivos pretenden seguir por esta vía judicial. Para que quienes tomaron las decisiones de los casi 900 asesinatos de ETA paguen por ello.